No es mi intención defender la actual y confusa propuesta que plantea la bullada Reforma Educacional del actual gobierno, cuyos fundamentos y principios son siempre susceptibles de cambios y variaciones dependiendo de diversos factores, entre los cuales el menos importante es la opinión de la ciudadanía, concepto que hace ya muchos años reemplazó a la bella palabra “Pueblo”. Mi intención es bastante menos pretenciosa y más sencilla: me interesa poner en tela de juicio y destacar la debilidad de algunos principios (quizá solamente uno, el mayor) que alzan las agrupaciones de padres de alumnos de colegios particulares subvencionados.

Pasando por alto todas las aberraciones que se han escuchado por doquier respecto a lo terrible que puede ser para un padre o una madre de un alumno de promedio 6.5 que su hijo se vea obligado a convivir con “mediocres alumnos de promedio 5.0”, me referiré a un principio fundamental de la argumentación de esa clase de grupos, a saber: la inviolable libertad de las familias de elegir la institución y el proyecto educativo que mejor les parezca para sus pupilos. El argumento en sí, es decir, fuera de todo contexto, no tiene nada de malo, e incluso suena convincente. Los problemas surgen cuando el argumento se contextualiza y descubrimos que aquella libertad de elección no es tal y que, en el contexto chileno, está muy lejos de serlo.

Lo que nadie ha dicho, o que si se dijo yo no tuve oportunidad de oír, es que la supuesta libertad de elegir se funda, en la gran mayoría de los casos, en los ingresos de las familias que están o no en condiciones de gastar determinada cantidad de ellos en uno u otro colegio más o menos costoso, con mejores o peores resultados académicos, con más o menos alumnos con promedio 6.5.

Para ponerlo en fácil, pensemos lo siguiente. El actual sistema económico se vanagloria de poner todo producto en circulación para que los consumidores libremente elijan lo que desean, valga la redundancia, consumir. Y eso ocurre, por ejemplo, con los productos para lavarse el cabello, más conocidos como champús (o shampoos). Hace uno días fui a un supermercado y me sorprendí con la cantidad de tipos y variedades (por lo demás absurdas) que existen de esta clase de productos. Los vi desde los precios más razonables hasta los más exagerados. Uno de estos líquidos de características básicas, cuando no nulas, se puede encontrar a $790 el litro, litro que para una familia de cuatro integrantes puede durar un par de semanas, quizás un mes con régimen limitado y estricto de uso por parte de sus integrantes. Ahora bien, un champú que aumenta el brillo, regenera el pelo, detiene la caída de este, humecta el cuero cabelludo, etcétera, puede encontrarse en un envase de 500 c.c., en el mismo supermercado, al no despreciable precio de $3990. No es difícil suponer que estos dos productos y todos los de valores intermedios están enfocados a distintos tipos de personas; algunos podrán acceder al más barato y, por ende, el de menores atributos; otros accederán a precios intermedios, tratando de conseguir algo mejor; otros podrán optar a las anheladas virtudes capilares de los supuestamente mejores champúes, creyendo que con ellos su cabello será más sedoso y brillante.

Es evidente que las diferentes elecciones respecto a lo que las personas se echan en la cabeza bajo la ducha está mediada por un sinfín de desconocidas intenciones y finalidades, pero lo indesmentible aquí es que un factor determinante en la elección, más allá de las cuestiones estéticas, será el presupuesto disponible de quien toma la decisión, cuestión que permite y a la vez limita esta clase de elecciones. Aquel que disponga de cierto presupuesto podrá acceder a cierto producto de mayor o menor precio. Visto a la rápida, como suele verse casi todo, una diferencia de valor de poco más de $3000 en productos que tienen distintas características, pero iguales usos, resulta irrelevante, sin serlo en absoluto.

Para no aburrir al atento lector y para no repetir el ejercicio, pediré, abusando de su generosidad y tiempo, que intercambie el champú por el colegio al que desea enviar a sus hijos, reales o hipotéticos. Los padres de aquellas extrañas agrupaciones que han salido a la luz durante los últimos meses, sostienen que ellos están en la libertad de elegir el colegio para sus hijos, tal como alguien elige un champú para lavar su cabeza, reconociendo en ello un acto de soberana libertad, un acto de plena y autentica decisión, en una palabra, un acto deliberado que no debe ser restringido. Ahora bien, en todo ello se omite algo muy importante y obvio, se calla (o simplemente no se ve) lo realmente perverso en la educación particular subvencionada (a la educación privada, la de élites, no me referiré aquí por requerir un análisis diferente), y no me refiero necesariamente a que el Estado financie instituciones privadas que eventualmente puedan lucrar con dineros provenientes de las arcas supuestamente públicas. Lo que nadie ha dicho, o que si se dijo yo no tuve oportunidad de oír, es que esa supuesta libertad se funda, en la gran mayoría de los casos, en los ingresos de las familias que están o no en condiciones de gastar determinada cantidad de ellos en uno u otro colegio más o menos costoso, con mejores o peores resultados académicos, con más o menos alumnos con promedio 6.5. Dichos ingresos no están fundados en otra cosa sino en un trabajo asalariado que puede durar toda una vida, algunos años o algunos meses. El que hoy puede gastar $3.990 en un champú con serotonina y colágeno, al día siguiente se puede ver obligado a comprar un litro de champú Acuenta por $790. Pero, claro está, a nadie le cambia mucho la vida por el champú que ocupa o deja de ocupar (al menos, eso creo yo). La pregunta es si pasará lo mismo con la educación, los colegios y esos asuntos. Dudo seriamente que los padres que hoy pagan una no menor parte de su presupuesto familiar en un colegio con buenos resultados Simce y que asegure un buen puntaje en la PSU (con la ayuda de sus amigos los preuniversitarios, parte infaltable del mismo siniestro plan), estén pensando en la posibilidad de perder sus empleos, la posibilidad de ver reducidos sus salarios, o, simplemente, pasar por una mala racha, que siempre, aunque lo olvidemos, está a la vuelta de la esquina, rachas de las que el sistema chileno, a diferencia de otros, los más, no se hace mucho cargo; en definitiva, dudo que aquellos paladines de la libertad estén pensando en la necesidad de recurrir a la educación pública para sus hijos cuando no les alcance el dinero, por el motivo que sea. Dudo, también, que de pensar esas posibilidades sigan realizando sus tiernas marchas domingueras. Pero, ya saben ellos mejor que yo, por algo Dios inventó las instituciones bancarias, los créditos y las deudas: para seguir pagando lo que no se puede pagar.

No me cabe ninguna duda que la mayoría de los apoderados que defienden la educación particular subvencionada, sus supuestos éxitos y sus para nada diversos proyectos (basados generalmente en la nemotecnia y la competición), son movidos por una noble preocupación respecto al futuro de sus hijos (incierto en cualquier caso, como he afirmado, pues acá nada asegura nada en realidad). Pero, como decía André Gide, en una cita tomada por Heidegger en el inicio de su breve y complejo texto ¿Qué es Filosofía?: “con bellos sentimientos se hace mala literatura”. En este caso la frase puede variar un poco: con bellos sentimientos se puede llegar a defender cosas absurdas.