valentina-duranEl ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier, salió a defender la decisión adoptada por el comité, que revocó los permisos otorgados a HidroAysén para construir cinco centrales hidroeléctricas. “Nos asiste la convicción de que el camino elegido fue el correcto en la forma y en el fondo”, aseguró Badenier.

Sin embargo, Valentina Durán, académica en derecho medio ambiental de la Universidad de Chile, aclaró que la acción judicial presentada por HidroAysén no califica como apelación, sino que busca invalidar el procedimiento administrativo cursado por el Comité de Ministros que revocó los permisos ambientales otorgados con anterioridad.

“Existen procedimientos administrativos dispuestos por la ley, y en materia ambiental existe un contencioso administrativo especial. El titular de un proyecto tiene la posibilidad de reclamar la decisión sobre una Resolución de Calificación Ambiental que recae en un Estudio de Impacto Ambiental ante un Comité de Ministros, que fue lo que hizo HidroAysén. En este caso, el Comité de Ministros se demoró mucho en resolver y finalmente lo hizo en contra del titular. Ahí la ley prevé que se puede reclamar en contra de esa decisión ante el Tribunal Ambiental”, explicó la abogada.

Dado que el Comité de Ministros convocado en la actual administración revocó la decisión adoptada en el gobierno de Sebastián Piñera, que dilató la decisión final exigiendo la realización de nuevos estudios en torno al impacto ambiental, HidroAysén ahora está  buscando que se invalide el último procedimiento administrativo para volver al punto anteriormente fijado por el Comité de Ministros de Piñera.

“Esta decisión no resulta sorpresiva porque es parte de lo que está previsto por la ley, el Ejecutivo llega hasta acá, y como toda decisión administrativa puede ser revisada por un tribunal. En este caso se establece la competencia especial de los tribunales ambientales, que se crearon justamente para conocer estos asuntos porque tienen una alta complejidad técnica”, explica Durán.

Para la abogada, es perfectamente posible que el tribunal invalide la decisión del Comité de Ministros, ya que “es habitual que la Corte de Apelaciones o la Suprema en causas ambientales, conociendo el recurso de protección, han determinado que la decisión de la autoridad es incorrecta. Es habitual justamente porque los poderes del Estado se tienen que ir equilibrando y los jueces tienen que poder decidir respecto de las decisiones de la autridad”.