El estanco en el que se encuentra la Reforma Educacional se debe a que mientras una contundente mayoría de chilenas y chilenos pide una reforma que deje de comprender la educación como bien de consumo, el gobierno de la Presidenta Bachelet propone una reforma completamente pensada desde la racionalidad económica. La triada “fin al lucro, al copago y a la selección” presentada por el gobierno es insuficiente para enfrentar la transformación profunda que nuestro sistema educacional requiere y expresa más esfuerzo en regular el mercado que en proponer nuevos términos.

La demanda del movimiento social por la educación ha sido elocuente: dejar de entender la educación como una mercancía, como un bien de consumo, exige un giro en la forma en que se conciben sus problemas y en los modos en que se organiza el sistema completo. Sin embargo hoy nos preguntamos ¿qué hacemos con el copago? ¿cuántos años debiera ser gratuita la educación? ¿quién va a financiar la educación? La trampa que nos impone esta racionalidad económica es que borronea eso que es verdaderamente importante de una Reforma Educacional que pretende cambiar los términos mismos en que se aborda el problema.

El horizonte de la nueva educación debe ser capaz de mirar la educación con los ojos de una sociedad que se hace cada vez más cognitiva, más creativa y más democrática. Cada vez más necesitada de un horizonte común y diverso que sólo una educación moderna puede entregar.

Hoy día es urgente acusar un problema contingente de la reforma educacional: ¿por qué cuando hablamos de selección de los estudiantes, no discutimos si acaso corresponde usar el sexo como categoría de exclusión? Este es un asunto muy de fondo cuando toca el principio de igualdad ante la ley consagrado en la Constitución Política y en los Tratados Internacionales ratificados por Chile. Abordarlo es necesario para nuestra democracia.

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Foto: Kena Lorenzini (http://lorenzinilorenzinikena.blogspot.com)

Igualdad estructural

Cuando hacemos referencia al principio de igualdad ante la ley lo hacemos desde la idea de igualdad estructural (igualdad como no sometimiento), superando así la concepción liberal de corte individualista. Esta forma de conceptualizar el principio de igualdad ante la ley nos permite señalar que el Derecho no puede permanecer neutro ante la situación de exclusión social o de sometimiento, en forma sistemática y debido a complejas prácticas sociales, prejuicios y sistemas de creencias, que viven las mujeres.

No es posible aceptar la tradición como justificación para discriminar cuando el fundamento es la igualdad. Ejemplo de esos argumentos son los que se han dado para defender la educación segregada de los liceos emblemáticos. Una tradición anquilosada no puede ser fundamento racional cuando el criterio no guarda ninguna relación con las habilidades y capacidades, sino que se relaciona directamente con estereotipos y patrones socio-culturales arraigados en nuestra sociedad y basados en un sometimiento “tradicionalmente” justificado.

El sexismo presente en la educación chilena se manifiesta en todas las relaciones del proceso educativo y en todas produce violencia. Una educación que no se preocupa de erradicar esas opresiones que sólo la tradición justifica, como la opresión sexual, genera y reproduce sociedades desiguales y excluyentes en la que estereotipos sobre lo masculino y femenino limitan las posibilidades de desarrollo de hombres, mujeres, e identidades diversas.

Las mujeres en Chile –dicen las cifras– se han integrado al mercado laboral en tasas sostenidas. Pero nadie constata que esos trabajos se caracterizan por la precariedad y por estar acotados a extensiones de las labores entendidas como “femeninas” principalmente en el área de salud y educación. Ya que la división sexual del trabajo se reproduce desde la escuela, se enquilosa la idea de que las mujeres sirven para tareas asociadas a los cuidados de otros y a la reproducción social y no para otros desafíos mayores, exclusivos para los hombres, como la vida pública, la política, los negocios.

Hoy la Reforma Educacional no se pregunta si es pertinente que la educación reproduzca unas determinadas formas socialmente aceptadas de ser mujer o de ser hombre. Sus posibilidades, deseos e incluso vocaciones. Ante esto es preciso comprender: no es que existan habilidades innatas de cada sexo, lo que existe son construcciones sociales.

 

Igualdad y diferencia: democracia

Cremos que la prohibición a la selección sexista debe consolidarse, fiscalizarse y extenderse a todos los tipos de discriminación arbitraria en la totalidad de las instituciones y niveles educativos. Además es precisa la inclusión de la perspectiva de género tanto en los contenidos curriculares como de las prácticas educativas.

Para una sociedad igualitaria, inclusiva y democrática, donde la igualdad social no constituya homogeneización de las identidades sociales, sino que la valoración de la diferencia en la igualdad de derechos, la educación es pilar fundante de esa construcción.

El cambio de eje necesario para la Reforma Educacional debe abrirse a estos problemas. A través de la educación se construyen valores, principios, ideas, usos sociales, es decir ciudadanía. Es necesario que reconstruyamos lo público desde una democracia profunda en base a una matriz cultural diversa, donde la calidad es construcción de esa ciudadanía. Porque lo público no puede ser sexista, porque sólo siendo democrático, diverso e inclusivo se podrá preciar de tal. No sólo se trata de hacer una reforma educacional para erradicar el mercado, sino de disponer la educación al ensanchamiento de nuestra democracia.

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Daniela López y Cari Alvarez son militantes del Núcleo Feminista de Izquierda Autónoma.