El verano entra en su última fase, se han acabado las vacaciones para los que tienen trabajo y los muchachos vuelven a los centros de enseñanza: ha comenzado el nuevo curso.

No va a ser un curso fácil para nadie, y menos en la actual situación política. Negros nubarrones cubren el horizonte, y no solo el electoral. Aunque las municipales y regionales serán en mayo próximo, el otoño se prevé caliente socialmente hablando, y el invierno más que convulso. O sea que antes que la primavera florezca de nuevo vamos a vivir una etapa política y partidaria de alto voltaje, de una intensidad inusual, y eso que de intensidades políticas vamos bien servidos en los últimos años. La confrontación de la primavera será, además, el prólogo de las legislativas de noviembre; así que el año 2015 se nos anuncia recargado de emociones y tensiones que pueden llegar a afectar seriamente la salud del ciudadano.

La política partidaria está retorcida, gripada, obsoleta. Y ello ocurre porque el modelo de la Transición colapsó. Ya no sirve.

La economía no remonta el vuelo por mucho que Mariano Rajoy hable de que ésta tiene ya raíces vigorosas [sic]. Serán vigorosas, portentosas, poderosas o mega galácticas, pero no se ven por ningún sitio. Es cierto que las cifras macro están mejorando, pero no lo es menos que más allá de los Pirineos la recuperación económica está entre tibia y fría (Alemania, Francia e Italia están como están) y el Banco Central Europeo acaba de dejar el interés financiero para la banca en el 0.05. ¿Cómo de espeso está el panorama para que Draghi, desoyendo a Merkel, haya bajado los tipos al mínimo histórico? En las tierras que gobierna [es una forma de decirlo] Rajoy, el desempleo no disminuye. Los pocos puestos de trabajo que se crean son estacionales, precarios y mal pagados. El Partido Popular ha conseguido algo inimaginable hace pocos años: que se pueda ser trabajador a jornada completa, y estar por debajo de la línea de pobreza. Peor es no tener trabajo o tenerlo a tiempo parcial, dicen los de Rajoy [y los grandes empresarios, junto a los banqueros], y tienen razón. Razón cargada, eso sí, de una sobredosis de cinismo superlativo. Esos trabajadores precarios y mal pagados deberían, en esa lógica, agradecer a sus empleadores que no usen el látigo contra ellos. España, la de las raíces vigorosas, va estupendamente. Eso dicen desde el Gobierno y la mayoría de la gente se pregunta de qué país hablan.

La política partidaria está retorcida, gripada, obsoleta. Y ello ocurre porque el modelo de la Transición colapsó. Ya no sirve. Hay que reformarlo a fondo, si no queremos que el sistema se venga abajo; si no queremos que el actual escenario de partidos se abra a los extremismos de derecha y a los populismos de distinto signo, así como a los diversos particularismos que pueden medrar con facilidad en un escenario como el actual.

La Constitución de 1978 se quedó pequeña y la sociedad actual no cabe dentro de ella. Hay que cambiarla, actualizarla, sintonizarla con una realidad glocal que no es ni parecida a la de finales de los años setenta del siglo pasado. Todo el mundo lo sabe, todos sabemos que hay que hacerlo, pero nadie tiene la suficiente claridad de ideas ni el necesario liderazgo como para afrontar ese reto. No hay más que tacticismo, cortoplacismo, cálculos mezquinos y la disposición de todos a saltarse un ojo si en el envite deja ciego al adversario.

La cuestión catalana es la evidencia de la obsolescencia del modelo que surgió en los años del retorno a la democracia. Los nacionalistas moderados de Convergència i Unió están a las puertas del divorcio entre partidos, y además han perdido la dirección de un proceso que auspiciaron porque desde Madrid, prácticamente, se les empujó a hacerlo y porque no tuvieron el suficiente realismo estratégico como para desmarcarse de las opciones netamente soberanistas o independentistas. Estos últimos han emprendido un camino hacia la secesión exprés que no se pregunta por el día después y que atiende más a sentimientos que a cálculos. Y es que España se concibe desde el centro de una forma que ni siquiera es mínimamente amable con las periferias. España es muy plural, y lo es por razones que vienen de siglos atrás. Negarlo, como hace el nacionalismo español, no conduce sino a la confrontación con los nacionalismos periféricos. Y es que los nacionalistas españoles, por negar que no quede: hasta niegan que ellos sean nacionalistas.

Los partidos políticos sistémicos están entre deslegitimados por la corrupción y por su política anti social [el caso del PP] o desaparecidos en combate [poco combate] desangrados en sus luchas internas [el caso del PSOE]. La coalición liderada por el Partido Comunista, Izquierda Unida, sufre en sus carnes la aparición de un nuevo grupo, Podemos, cuya cotización sube y sube en las encuestas, que amenaza con poner patas arriba el sistema. Es la versión hispana de aquel que se vayan todos argentino, aunque como allá no se sepa quiénes ni cómo los van a substituir. Además, para completar el marco, están los nacionalistas periféricos [en País Vasco, Galicia, País Valenciano, Baleares, Canarias, Aragón] y otras nuevas agrupaciones políticas de carácter local o regional de izquierda [Guanyem Barcelona, por ejemplo] o de derecha [UPyD, Ciudadanos]. Se augura un escenario bien complicado a la hora de generar mayorías de gobierno.

¿Y qué se le ha ocurrido proponer al PP en este escenario? Pues cambiar la ley electoral; es decir, cambiar las reglas del partido cuando estamos al final de la segunda parte. Y eso sin contar con nadie, valiéndose de la mayoría absoluta que tienen en el Parlamento de Madrid. Para evitar que coaliciones postelectorales los desalojen de las alcaldías allá donde pierdan la mayoría absoluta que ahora tienen [serían centenares, según las encuestas], quieren que sea alcalde el cabeza de la lista más votada. Una villanía, un auténtico golpe al Estado, una devaluación sin precedentes de la calidad de la democracia española, que no pretende más que evitar el peor efecto del descalabro electoral que las encuestas les anuncian: la pérdida del poder local.

Es difícil saber si se atreverán, aunque como juegan a la desesperada es posible que lo hagan. Más allá de todo lo dicho, la decisión de cambiar las reglas del juego sería un pésimo mensaje a la ciudadanía: los políticos [así, en general, como se habla despectivamente en la calle] no tienen otro objetivo que perpetuarse en sus cargos. Y eso mientras millones de ciudadanos buscan trabajo sin encontrarlo y sienten como el Estado social tiembla bajo sus pies. Un escenario que ni pintado para que arraigue el discurso populista; ese sí, con raíces vigorosas.