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Héctor Llaitul – Fotografía El Clarín

El miércoles 3 de Septiembre como parte de una delegación del Colegio de Antropólogos, compuesta por Daniel Espinoza (director) y Rodrigo Sepúlveda (presidente) asistimos a la Cárcel “El  Manzano” de Concepción a visitar a Héctor Llaitul y Ramón Llanquileo, presos políticos mapuche, pertenecientes a la CAM. Ambos dirigentes llevan años de privación de libertad y sus condenas por ley antiterrorista, impugnadas desde organismos de internacionales son testimonio de una política de criminalización hacia parte del movimiento mapuche durante la posdictadura en Chile.

La humedad y el concreto crean una atmósfera aplastante mientras vamos pasando por los distintos pabellones semioscuros, para llegar al final, donde están los presos políticos. Gendarmería nos trata como “visitas ilustres”, al saber que vamos a visitar a los “comuneros”.  Una larga fila de mujeres que esperaban su turno para poder visitar a sus parientes, los reos comunes, nos vieron entrar en forma anticipada con un trato cordial que percibimos no era igual con quienes son considerados en el último eslabón de la cadena del Chile neoliberal.

Al llegar al sector donde estaban los presos políticos, un gendarme nos dice “¿vienen a ver don Héctor?”,  lo que nos hace caer en cuenta de un al menos simbólico respeto, ganado por la dignidad de una lucha, con largas huelgas de hambre y  la huella  de decenas de defensores de Derechos Humanos que atravesaron esa reja antes que nosotros. Héctor nos recibió de manera amistosa y abierta, buscando hacernos comprender un proyecto político de recuperación territorial y autonomía mapuche por el que ha luchado desde la fundación de la Coordinadora Arauco Malleco. Mientras conversábamos Ramón atendía a las otras visitas que llegaban con entusiasmo a acompañarlos. Desde su posición de dirigentes, Llaitul nos explicó que la lucha de su organización tiene un carácter anticapitalista y que se han opuesto directamente a las grandes empresas forestales que concentran la propiedad de la tierra y afectan el ecosistema donde se encuentran las comunidades mapuche. Su organización no considera a los campesinos o propietarios agrícolas como enemigos. Han sido contrarios a las acciones violentas de algunos grupos contra los habitantes del campo con quienes tienen una larga historia de vecindad.

La situación de los presos mapuches, que cumplen condenas de varios años de cárcel, nos hace pensar en el contexto de la posdictadura y los efectos oscuros de la política de los consensos con la derecha empresarial. Héctor, como miles de chilenos, participó activamente en la lucha contra la dictadura y luego fundó un movimiento por la emancipación de su pueblo cuyo enemigo principal son las grandes empresas forestales depredadoras, que han causado un daño considerable al medio ambiente y puesto a las comunidades mapuche al filo de la sobrevivencia.  La defensa de la propiedad privada por parte del Estado impidió un diálogo con ellos, y la zona se militarizó.  Se echó mano de todos los recursos disponibles para una represión generalizada, entre ellas a las instituciones jurídicas que derivan de la dictadura: la justicia militar con jurisdicción sobre civiles y la ley antiterrorista.

La cárcel se transformó en un lugar de visita habitual para cientos de familias mapuche,  y la represión, lejos de detener el avance del movimiento social, tal como ocurrió en dictadura, ha generado acciones de resistencia y la solidaridad de organizaciones humanitarias internacionales. La Corte Interamericana ya ha fallado en contra de juicios similares a los que condenaron a Llaitul y su causa ha pasado también a ser estudiada por el principal organismo  jurídico panamericano. Se está a la espera del fallo. La derrota ética y jurídica de los gobiernos de la postdictadura en su la alianza con los grandes empresarios es evidente ¿Por qué entonces se sigue cerrando el diálogo político con las organizaciones que enfrentaron a las grandes forestales? Es tiempo de pensar seriamente en sus demandas de restitución de tierras y autonomía territorial.

Conversamos varias horas. Comprender al otro y hacer posible el diálogo respetuoso reconociendo la diversidad cultural ha sido siempre un mandato para los antropólogos. Nuestra disciplina ha sufrido por ello también la represión y la invisibilización por parte de la institucionalidad hegemónica. Después del golpe militar fue una de las disciplinas más golpeadas. Las tres carreras de antropología existentes durante la Unidad Popular fueron intervenidas, dos terminaron rápidamente cerradas. Hubo docentes presos, exiliados y se redujo su cobertura de estudiantes a menos de un tercio de la que había en su período fundacional. Es posible aventurar que durante la dictadura se produjo el reforzamiento de un concepto de Estado Nacional que negaba la diversidad de su sociedad,  con mecanismos a veces violentos y en otras ocasiones sutiles de subordinación que siguen presentes y del que la mayoría de los ciudadanos somos víctimas directas o potenciales, incluida la comunidad antropológica.

Consideramos que Héctor, lejos de ser un terrorista, es un dirigente mapuche que sintió el llamado de su pueblo y se dispuso a la autodefensa por lo que considera una causa justa de acuerdo a valores ancestrales culturalmente vigentes. Tiene el respaldo de su comunidad, aunque reconoce que existen formas diversas y legítimas en que su nación se enfrenta a la situación neocolonial actual. Encontramos en él una disposición al diálogo verdadero, ese que genera compromisos que se traducen en acciones efectivas que benefician a ambas partes en igualdad de condiciones. Su interés en el conocimiento, la historia, la filosofía profunda del ser mapuche, llevó nuestra conversación por innumerables tópicos donde la espiritualidad también estuvo presente.

Desde hace tres semanas, a Héctor  y Ramón se les ha concedido el beneficio de la salida de fin de semana. Esto ha permitido a Héctor reencontrarse con muchos amigos, su familia, la naturaleza, pero no en forma plena. La restricción de la libertad le impide asumir un rol de acompañamiento cotidiano con su familia, y su lugar en la vida comunitaria.  Él asume que ha pagado un duro precio, que suma diez años de estadía en cárceles,  los espacios carcelarios son doblemente dolorosos para quien tiene un contacto profundo con la naturaleza y la libertad. Sin embargo, las salidas parciales permiten que el dirigente pueda participar en espacios de encuentro más amplios y está dispuesto a juntarse a dialogar con  otros dirigentes y organizaciones, como parte de su rol de dirigente social.

Desde nuestra comisión colegiada, consideramos que  es necesario retomar un diálogo pendiente, que implique unir las diversas demandas sociales que hoy reclaman una nueva constitución, que en el caso de los pueblo originarios, con sus diversas organizaciones políticas,  nos llevan a la necesidad de debatir las condiciones de un estado plurinacional y la recuperación de las tierras que hoy están en manos de empresas depredadoras del ecosistema.