Las prioridades de uso del agua en Chile y la lucha por su desmercantilización

Este breve artículo de opinión, en el que se sugieren algunas perspectivas generales, tiene esa motivación.

 Y desde el Gobierno, todo sigue igual…

Durante su campaña electoral y aún en los primeros meses de asumida la presidencia, el actual gobierno de Michelle Bachelet quiso dar la impresión de estar en sintonía con los cambios que se pedían desde “la calle”.

Pero como todo juego de apariencias, esta impresión se desmiente al contrastarse las promesas y ofertas realizadas durante la campaña con los hechos y las prácticas concretas.

Como se ha visto, la Reforma Tributaria, que fue presentada desde la retórica electoral como una reforma diseñada para financiar los “cambios estructurales”, es en realidad el producto de un diseño que busca poner a resguardo las ganancias estratosféricas de los grandes grupos económicos del país. La inversión en Chile debe ser asegurada, pues es esta, según nos dicen, lo que le ha permitido al país ser miembro del “OCDE” o crecer mientras otros países de Latinoamérica no crecen. Digno de mencionar es que las modificaciones esperadas no contemplan ni a la minería ni al sector financiero.

Por otra parte, hace unos meses la Agenda Energética sintetizó los anhelos de los sectores minero y de producción y transmisión energética, entregándoles una política de mediana duración que otorga estabilidad al negocio, en un contexto en que la movilización social se opone fuertemente a aquellos proyectos que se ven como una amenaza social y ambiental, al mismo tiempo que desde diversos círculos se cuestiona la institucionalidad que permite su aprobación.

Asimismo, la Nueva Mayoría pretende diseñar una Política de Aguas que no se diferencia de los resortes básicos de las dos políticas antes mencionadas, es decir, entregar estabilidad al bloque de poder hegemonizado por el sector rentista-financiero, a través de:

a) Fomento de inversiones para aprovechar de manera más eficiente el recurso (embalses, plantas desaladoras)

b) Mejora institucional, centralizando el poder de decisión sobre el recurso y

c) Reformas legales que incluyan elementos a la legalidad vigente, como el caso de glaciares o la fijación de “límites” a la posesión de derechos de agua (se estudia “limitarlos” a 80 años).

Estas medidas no visualizan las raíces del problema y sólo buscan soluciones parche: el derecho de propiedad no se pone en cuestión ni se contempla la voz y los derechos de los no propietarios, principales afectados por el uso y prioridades del agua en Chile

En suma, es posible señalar que si bien es cierto la iniciativa política del país está en manos de la Nueva Mayoría, este bloque está representando fielmente los intereses del capital minero-energético y financiero, estratégicamente disimulados tras un juego de apariencias que, sin embargo, no le permiten tocar el fondo de los problemas que aquejan al país.

De esta manera, quienes nos encontramos en la lucha por la recuperación del agua, debemos asumir el actual escenario político, no por un dogmatismo ciego respecto al gobierno, si no simplemente para posicionarlo en su justa medida, teniendo claridad sobre los intereses que representa y cuáles son las necesidades de los sectores económicos y políticos que operan tras el gobierno.

Se trata de realismo político, pero al mismo tiempo de posibilidades, porque sin una adecuada caracterización del escenario, difícilmente podremos ubicarnos adecuadamente en él.

El uso del agua en Chile beneficia  al sector rentista de la economía y fomenta la desigualdad estructural

             En el marco de la crisis económica mundial, los distintos sectores y operadores del capital internacional y nacional se mueven en un escenario de incertidumbres. Esto porque pese a que la facción financiera mantiene la iniciativa política y el control hegemónico a nivel mundial, las clases dirigentes/dominantes están obligadas a repensar continuamente las tácticas para mantener el orden social y con esto su régimen de dominación y explotación.

En ese contexto, la facción dominante en Chile, el híbrido rentista-financiero, requiere afianzar su posición aumentando su competitividad, lo que se obtiene a través de la disminución de  los costos de producción en general y los precios de la energía en particular, restringiendo de paso la voz de los afectados por las empresas, en lo que ellos llaman “facilitar la aprobación de proyectos e inversiones” explicando así el sentido fundamental de la Agenda Energética.

No obstante, el rentismo se caracteriza por las continuas ventajas que les aporta tener el control monopólico de los recursos naturales y beneficiarse de esa situación en el marco del mercado mundial. De esta manera, la importancia del cobre, el clima para el sector forestal o la abundancia de agua y sus pendientes para el capital productor de energía, son beneficios que el Estado le entrega de forma gratuita a las grandes empresas y que permite al capital nacional proyectarse de forma ventajosa a nivel mundial.

Con todo, no podemos esperar que esa proyección ventajosa, obtenida de forma gratuita por el sector rentista, implique una mejoría de las condiciones generales de la población nacional, pues es una apropiación privada que ni siquiera se piensa redistribuir, pues, como quedó dicho anteriormente, la Reforma Tributaria no toca al sector minero, por ejemplo.

Es en ese panorama general debemos ubicar el agua entendida como recurso, al ser puesta como otra “ventaja comparativa”, y gratuita, del suelo nacional.

Regulada por un Código de Aguas que crea un mundo a imagen y semejanza del gran capital: la figura de los derechos de agua consuntivos y no consuntivos expresa la necesidad de repartir su uso entre los que la “consumen” (consuntivos: agroindustria, forestales, minería, construcción, etc.) y quienes la deben “dejar pasar” (no consuntivos: producción hidroeléctrica), satisfaciendo y consensuando los intereses del capital minero, energético, forestal, agroexportador y ganadero, industrial, entre otros.

Llama la atención que la distribución y el uso del agua en Chile se priorice para las grandes fortunas, para el “crecimiento económico” y así lo consagre el aparato jurídico-institucional. Situación todavía más grave en tanto que se conocen centenas de casos en que la necesidad de AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO es puesta en segundo, tercer o último plano.

Además, el hecho de que esté consagrada como un bien mercantil más a favor de la acumulación de capital de los mismos empresarios que sostienen la desigual distribución del ingreso nacional, es porque el régimen de propiedad del agua es parte de la desigualdad estructural que el sistema económico chileno promueve desde sus clases dirigentes/dominantes.

La desigualdad estructural es, como se dijo, consecuencia del sistema económico y de la conducción política del mismo.

Además, es factible sostener que en un cuadro de crisis económica mundial y combatiendo contra una tendencia histórica de disminución de la tasa de ganancia, el capital nacional y transnacional no tenga el pleno control de la situación, en tanto que las tres medidas para contener la crisis y la disminución de la ganancia (super-explotación de la fuerza de trabajo, rentar de la tierra -y agua- a costa de destruirla irreversiblemente y la complicidad de un Estado funcional a sus intereses) no pueden sostenerse indefinidamente en el tiempo. No pueden sortearse tendencias estructurales con medidas que son únicamente coyunturales.

La lucha por la desmercantilización del agua es una disputa por las prioridades de su uso

El mercado no puede continuar siendo el criterio ordenador para la distribución y uso del agua en Chile, ya que con ello sólo ha empeorado y seguirá empeorando la situación actual, caracterizada por la privación, destrucción y ausencia de una mirada sustentable y al servicio de la clase trabajadora y el pueblo.

La tarea histórica de recuperación del agua exige que en el presente escenario se fijen objetivos pertinentes claros y consensuados entre los actores que luchamos por la recuperación del agua. Entre estos objetivos, podemos señalar:

• Denunciar el carácter mercantil del agua, la “financierización” como bien especulativo en el mercado cuya prioridad está establecida para el beneficio del gran capital nacional y transnacional, es el primer paso para avanzar en su desmercantilización.
• Evidenciar el carácter de clase del gobierno de la Nueva Mayoría: No son aliados tácticos ni “males menores”. Por el contrario, los hechos demuestran claramente el proyecto que impulsan y a quienes benefician realmente, en el corto, mediano y largo plazo. El Partido Socialista, el PPD, o la Democracia Cristiana, no tienen “dos almas”, sino un oportunismo político que engaña y confunde a nuestra clase con promesas, pero que con hechos construyen los escenarios propicios para la acumulación y consolidación del bloque de poder, el que, con el apoyo e inclusión subordinada del PC, rige el destino estratégico de Chile, más allá de qué referente político (Nueva Mayoría, Alianza) esté circunstancialmente en La Moneda.
• Disputa conceptual: El gran empresariado nacional ya ha instalado el tema del agua como de interés nacional, por lo que quienes estamos en esta lucha no podemos quedarnos en la zaga, sino que debemos ir resueltamente a la disputa de los conceptos y ganar adhesión para construir fuerza social que apueste por transformaciones efectivas de un sistema por todos lados injusto.
• Consagrar el agua como un bien común: Debemos apostar a consagrar el agua como un bien común, lo que implica su desmercantilización y apostar por el diseño de una institucionalidad centrada en los derechos de los no propietarios, en su participación en la planificación democrática de un  sistema de distribución y uso del agua afincado en los criterios del bien común, la necesidad y el futuro, ya que el actual criterio, que sólo beneficia a los propietarios, ha demostrado su caducidad y contribución a la desigualdad estructural del país, la cual sólo perjudica al grueso de la clase trabajadora y el pueblo.
• Disputa ideológica: El capitalismo no puede compatibilizar su crecimiento con el futuro de las generaciones. Necesitamos un cambio de paradigma: el control del agua debe poseer un diseño de largo plazo y no para favorecer la ganancia inmediata del capital monopólico y rentista que saquea Chile. El desarrollo empresarial ha demostrado ser incompatible con el desarrollo humano. Ecología y capitalismo se encuentran en abierta contradicción.

Conclusiones

1)      El movimiento social/popular requiere avanzar paulatina y constantemente en la politización de lo social, entendiendo ese proceso como la afirmación que las diferentes  problemáticas y conflictos tienen un punto de origen común factible de encontrarse en el sistema económico-estatal. La soberanía tiene por condición previa la politización. Así, la lucha por el agua debe ser concebida y trabajada a nivel social desde una perspectiva de totalidad que la vincule al entramado social más general.

2)      Asimismo, pensar el agua desde la desigualdad estructural y de clase del país ofrece la posibilidad de unidad de propósitos tácticos y estratégicos con otros sectores en lucha. Además, poner el acento en que la super-explotación de la fuerza de trabajo, la destrucción de la naturaleza para rentar con ella y el carácter de clase del Estado actual, lejos de entregar una perspectiva fatalista, representan más bien la posibilidad de ver que la disputa por mejores salarios y derechos laborales son junto a la lucha socioambiental dos facetas de un mismo problema general. Con todo, no se trata de una posibilidad inevitable o históricamente necesaria, por lo que hay trabajar con voluntad para que ella se realice.

3)      Es imprescindible el establecimiento de objetivos tácticos para la recuperación futura del agua. Debemos tener la habilidad política suficiente como para distinguir aquello que es una meta versus lo que es un paso para llegar a ella.

4)      Por último, discutir a nivel de movimiento social/popular acerca de la factibilidad de instalar en este escenario político objetivos como la “gestión comunitaria” si antes no se apunta a la discusión por los usos del agua y un debate más profundo sobre aquello que esperamos para el desarrollo nacional. No podemos idealizar la figura del activista que se opone a la destrucción de la naturaleza por sobre todas las cosas, porque ello es eminentemente ensalzar una actitud reactiva que, aunque circunstancialmente necesaria, evade la responsabilidad de discutir acerca de los asuntos públicos y de interés nacional. Lo que necesitamos es una actitud propositiva, entender que desde la lucha por el agua podemos ir construyendo alternativa y elementos programáticos para la sociedad que debemos construir si no queremos seguir sometidos a la barbarie destructiva del capital que nos aísla y pauperiza como clase.