Financiamiento de la democracia privatizada

El caso Penta, llamado también Pentagate (porque amerita la caída de altos líderes de las derecha), ha traído a la primera línea de la discusión el denominado “financiamiento de la política”. Por cierto una de las aristas que se debate es la legitimidad o ilegitimidad de los aportes de la empresa privada a las campañas de candidatos a cualquier cargo de elección popular. Cuando la democracia se define a la base como “una persona un voto” cabe la pregunta: ¿qué hacen las empresas en las elecciones? Con el más simple sentido común se puede afirmar que las empresas no pueden tener ningún rol en el proceso que concluye con el voto de cada uno de nosotros dentro de una urna. De hecho cada vez que voy a votar pienso cuantos votos de Luksic, Matte o Paulmann hay en mi mesa. Los aportes de las empresas distorsionan el sentido último de una votación, asignando una cantidad de votos mayor al empresario dueño de la empresa que aporta dinero a la campaña de tal o cual candidato, por la vía de convencer al votante por simple exposición publicitaria desproporcionada.

Si realmente queremos aspirar a cumplir el lema “una persona un voto”, hay que partir por terminar con los aportes empresariales, en cualquiera de sus formas, ya sea encubiertas, anónimas o abiertas. Esta última modalidad es la peor de todas las formas ya que busca legitimar la intervención empresarial, puesto que, por mucho que se conozca al donante no se anula el efecto pernicioso que el dinero produce en las votaciones, solo consolida el hecho cierto de que el voto de un empresario donante vale mil veces más que el de cualquier ciudadano. No se puede tapar el sol con un dedo, los ciudadanos ya se dieron cuenta del truco fraudulento.

Ahora bien, la forma misma en que se presenta la discusión esconde intereses asociados a mantener este estado de las cosas. Decir que hay que debatir sobre el “financiamiento de la política” es una manera de secuestrar el debate ya que todos sabemos que, si le preguntamos a los ciudadanos si están dispuestos a que sus impuestos financien la política, la respuestas sería rotunda y contraria. Nadie quiere financiar la política, menos a los políticos, salvo los empresarios que si están dispuestos a financiar partidos y candidatos. Puesto de este modo, tal como lo vimos en la ultima encuesta CEP, la respuesta es cooptada. Por eso lo que debemos discutir no es sobre el “financiamiento de la política” hay que debatir sobre el financiamiento de la Democracia, pues es ella la que está en juego. Profundizar la democracia en Chile, un proceso con muchos vacíos por cierto, pasa también por hacer realidad el que una persona es = 1 voto. Esto implica un gasto fiscal por cierto, regulado y fiscalizado, transparente. Es el costo, no de la política, sino de la democracia. El financiamiento de la democracia vía presupuesto de la nación debe implicar aportes a los partidos, las candidaturas, la publicidad y las votaciones, y debe erradicarse el financiamiento de las empresas, que son las que financian solo a los políticos que las representan. Es la única manera de garantizar que todos compitan en igualdad de condiciones y que el dinero sirva solo para permitir que las ideas circulen con entera libertad. De paso habría que fijar límites a las donaciones de las personas, para que los empresarios se vean impedidos de burlar el espíritu de una nueva ley, la ley de 1 persona = 1 voto. Eso permitiría rescatar nuestra democracia secuestrada, nuestra democracia privatizada.