Según diversas fuentes, desde el año 2008 la gran Araucanía estaría experimentando la escalada de un nuevo ciclo de contienda política, luego de su histórica oleada en el período 1998-2002 (1) (2). Sin noticias recientes sobre desenlaces fatales, pero reconociendo su persistencia y gravedad, en los últimos tres meses ha aumentado en distintos ámbitos la atención sobre el conflicto y los niveles de violencia registrados. Mientras en las salas de cine hoy se exhibe el conflicto como un thriller sobre familias de latifundistas acechadas por las comunidades indígenas (3), al interior del Estado diversos actores coinciden en la urgencia de reparar la deuda histórica con el Pueblo Mapuche con propuestas de restitución territorial y de reconocimiento político, considerando a los miembros de este como sujetos de derechos colectivos.

violencia_exclusion_araucaniaAdemás de la perseverante movilización de las organizaciones mapuche, hace meses los planteamientos del intendente Francisco Huenchumilla han reinstalado el tema en la agenda. Ahora también lo hacen, por un lado, la transversal Comisión Presidencial de Descentralización, y por otro, los senadores de Renovación Nacional, Alberto Espina y José García Ruminot, con su proposición sobre “Paz Social para la Araucanía”. En paralelo, diversas organizaciones de la Iglesia que trabajan con el mundo mapuche han confluido en el diagnóstico: la demanda territorial y política del movimiento mapuche no puede continuar sin una respuesta institucional con sustento histórico, comprometida con la justica y la paz social.

El 29 de agosto en el Aula Magna del Arzobispado de Concepción, la Misión Jesuita Mapuche —junto con al Obispo Fernando Chomalí, la Pastoral Indígena Sur, JUPIC del Verbo Divino, Fundación Instituto Indígena, entre otras organizaciones— convocó a diversos actores a discutir sobre una de las aristas más problemáticas del conflicto: la violencia. Tal seminario, bajo el título “Violencia en la Araucanía: ¿causa o consecuencia?”, dio la oportunidad de poner en diálogo a algunos actores del mundo eclesial, académico y mapuche, destacando las raíces sociales e históricas del conflicto. El discurso de bienvenida del Obispo Chomalí, admitiendo el escaso conocimiento que la Iglesia y la sociedad chilena tienen del mundo mapuche y su cultura, marcó —sin pretenderlo— la pauta del seminario. El panel de discusión estuvo compuesto por el historiador Pablo Marimán, el teólogo Jorge Costadoat, S.J., y el sabio mapuche (Ngenpin Kimnche) Florencio Manquilef Huichal, y en él se reflexionó sobre las raíces históricas y sociales de la violencia en la zona.

De las miradas expuestas entonces se desprenden al menos tres ideas centrales. En primer lugar, la violencia como recurso político de determinadas organizaciones mapuche sería una respuesta directa a la violencia históricamente perpetrada por el Estado, los latifundistas y el gran capital sobre las comunidades. En segunda instancia, la violencia radica en las bases mismas del Estado chileno, erguido sobre instituciones históricas de negación y apropiación/usurpación del mundo mapuche. Y, finalmente, se deriva como conclusión que si en esta relación histórica se localizan las causas, también allí estarían las soluciones: la restitución de los territorios despojados y el reconocimiento constitucional —en base a una reconfiguración político administrativa con márgenes de autodeterminación para el Pueblo Mapuche— podrían, si bien no superar el conflicto, al menos hacer menos radical la interpretación que el movimiento hace del escenario, de modo de incentivar estrategias de protesta con menos daños sociales y humanos.

 

Raíces sociales e históricas

Los análisis de los exponentes en el seminario desenterraron las raíces sociales e históricas de la violencia en la Araucanía. Mientras Manquilef Huichal sostuvo que el Estado chileno “está cosechando lo que sembró”, Marimán recordó que “en el origen violento y arbitrario de la gran propiedad y del poder del Estado nacional chileno están las bases del conflicto actual”. Por su parte, Costadoat sintetizaba el espíritu del debate afirmando que “si no se hace historia y memoria se naturaliza la violencia”. Tal perspectiva ayuda a reconocer que en el origen y en el contexto de aquella violencia “directa” que los medios de comunicación denuncian, existen también otras variantes de violencia. Se trata de históricos procesos de violencia “estructural” en que el Estado y el modelo de desarrollo impiden el bienestar espiritual y socioeconómico de las comunidades; de violencia “cultural” con la que se naturaliza y legitima los abusos y la represión en la zona (4), y de violencia “simbólica” con que se imponen hegemónicamente la racionalidad y el utilitarismo occidental en el mundo mapuche (5).

Desde las teorías de la contienda política (Contentious Politics Studies (6)), estas conclusiones revisten gran relevancia. Unode los más eximios teóricos del conflicto y la violencia, CharlesTilly (7), ha explicado consistentemente que la violencia colectiva—como repertorio de protesta— responde a la historia de lasrelaciones entre los actores involucrados. La violencia en la Araucaníano tendría su raíz en ideas “fijas” ni “importadas” (idealismo),ni en conductas básicamente instintivas (conductismo), sinoprincipalmente en las interacciones dinámicas entre los actoresconfrontados. La superación de la violencia colectiva, entonces,no resultaría del combate de ideas violentas o del control de losimpulsos, sino de la transformación de las relaciones entre elEstado chileno y el Pueblo Mapuche.

La violencia colectiva ha sido descrita por Tilly (8) como “una interacción social episódica que inflige daños físicos a personas u objetos (‘daños’ incluye la retención por la fuerza de personas u objetos, pasando por encima de cualquier restricción o resistencia); implica, por lo menos, a dos autores en los daños y es consecuencia, al menos en parte, de la coordinación entre las personas que realizan los actos que provocan los daños”. Esta variante de la violencia, eminentemente política, excluye los actos meramente individuales, los daños psicológicos o morales y los accidentes, pero incluye una amplia gama de actos que implican daños materiales o físicos (9). La violencia colectiva —como la desplegada en la Araucanía— es un repertorio (ni “libreto” ni total “improvisación”) de contienda política: de “contienda”, porque se reivindican intereses contrapuestos, y de carácter “político”, porque siempre está en juego la relación entre los actores y el Gobierno. Desde esta perspectiva, no se puede desconocer el carácter político de la violencia en la Araucanía. No resulta razonable entonces definirla como delincuencia, ni mucho menos como terrorismo: por un lado, los objetivos y las “víctimas” son selectivos y, por otro, las reivindicaciones tienen una relación directa con los propósitos políticos que se persiguen, sin buscar, en particular, propagar la ansiedad y el terror en la sociedad.

Los niveles de violencia, según Tilly (10), responden principalmente al tipo de relación entre el Gobierno y los movimientos, es decir, al “régimen político”. El nivel de democratización y consolidación de la capacidad gubernamental de los Estados determina en gran medida las posibilidades de violencia colectiva. En sociedades o regiones donde existe escasa inclusión y apertura democrática y, además, las autoridades locales y agentes del Estado operan con alta discrecionalidad y arbitrariedad —por ejemplo, con injustificada represión—, las probabilidades de violencia colectiva son mayores. En este sentido, reformular el trato del Estado frente al Pueblo Mapuche resulta fundamental para avanzar hacia la paz en la Araucanía.

 

Consecuencias de la exclusión

Investigaciones aplicadas sobre movimientos sociales (11) (12) (13), reconocen que cuando determinados colectivos no cuentan con vías políticas de inclusión y de participación en la toma de decisiones y en la distribución de los recursos, la represión sobre ellos no tiene un efecto disuasivo, sino radicalizador. Por ejemplo, el fortalecimiento de la opción armada entre comunidades indígenas mesoamericanas en décadas pasadas, en lugares como Guatemala o Chiapas (14), no respondió sino a las políticas represivas del Estado en contextos de exclusión política y social. Cuando existen opciones político institucionales de reivindicación, la represión podría efectivamente “incentivar” la moderación y tener un efecto disuasivo, pero cuando los colectivos —como se ha hecho hasta ahora con los mapuche en la Araucanía— son reprimidos y abusados (15), sin tener tampoco posibilidades de acceso a la política institucional, son prácticamente compelidos a la acción violenta y a la radicalización. No resulta extraño, entonces, que el peak de la contienda en la Araucanía, el año 2012 (16), se alcance durante un Gobierno que por abierta convicción optó por la “mano dura” y la criminalización de los movimientos sociales. Ciertamente, la negación del Pueblo Mapuche desde perspectivas asimilacionistas no ha sido la solución al conflicto, sino más bien representa su principal causa. Efectivamente, reconocer políticamente a los mapuche en su singularidad como pueblo y sujeto colectivo es una básica condición de posibilidad para la ansiada paz en la Araucanía. Si bien no bastará para saldar la inabarcable deuda histórica, al menos ayudará a transitar hacia una contienda política bajo principios democráticos y con el menor daño social y humano posible.

El actual Gobierno tiene una oportunidad única de dar un gran paso hacia el reconocimiento del Pueblo Mapuche. Las oportunidades políticas parecen propicias para reformular profundamente el trato histórico dado a este colectivo de nada menos que 1.442.214 personas (INE, 2012). La propuesta de la Comisión Presidencial de Descentralización —presidida por Esteban Valenzuela (académico de la U. Alberto Hurtado) y compuesta por miembros de un espectro ideológico trasversal— ha reparado en la necesidad de reconocer a la Araucanía (incluyendo, posiblemente, a las zonas colindantes con alta presencia mapuche, como Arauco, por ejemplo) como una región plurinacional y pluricultural (17). Con esto se avanzaría hacia una democracia del siglo XXI, siguiendo ejemplos de diversos países que han reconocido políticamente la diversidad de su población, como Canadá, Bélgica o Suiza en el hemisferio norte, pero también Bolivia, Ecuador, Tanzania o Nueva Zelanda en el hemisferio sur. Esta propuesta, si bien no resuelve de una vez el conflicto, profundiza la democracia y brinda espacios concretos al Pueblo Mapuche en la toma de decisiones en aquel territorio que habita históricamente. En última instancia, se les reconocería legítimamente como sujetos de su propia historia, brindándoles márgenes de autonomía territorial dentro del Estado chileno. Ciertamente, resulta una propuesta con profundo realismo, que más que atentar contra la unidad y la convivencia (como lo indicó la editorial de El Mercurio del jueves 11 de septiembre reciente), la resguarda.

 

Reconocimiento y restitución territorial

Sin embargo, el reconocimiento político del Pueblo Mapuche requiere complementarse con una real restitución territorial. Mantener a las comunidades produciendo en escasas hectáreas, bajo la presión del mercado y alejados de su cultura, será —por más apoyo productivo que reciban— fuente de interminables conflictos. La gran propiedad y el gran capital (principalmente, las empresas forestales) implantados en la zona son percibidos por el movimiento mapuche como el más visible agravio, de modo que si no son regulados políticamente —más allá de sus cuestionables beneficios económicos para las localidades (18)— la confrontación seguirá un curso indefinido. No se trata de acabar o de limitar selectivamente (como proponen los senadores Alberto Espina y José García Ruminot) la compra de tierras, sino de hacer más efectivo y profundo el mecanismo. No es la compra de tierras el incentivo perverso que premia la violencia (hasta ahora, la única vía política de reconocimiento y canalización de las demandas mapuche), sino la represión y la ineficacia burocrática y presupuestaria del mecanismo desarrollado hasta ahora, lo que desincentiva la vía política y radicaliza a las organizaciones mapuche.

Resulta peligroso concluir, a partir de simples correlaciones entre la compra de tierras y violencia, un efecto contraproducente y “agitador” del Fondo de Tierras (19), pues, como el propio Tilly (20) lo indicó, estas rudimentarias técnicas estadísticas no indican direccionalidad del efecto causal. Por cierto, el reconocimiento político debe ir de la mano de la restitución territorial, pues de lo contrario seguirán reproduciéndose las diversas violencias que se ciernen históricamente sobre el Pueblo Mapuche (estructural, cultural y simbólica); y consecuentemente —en una dinámica interactiva— polarizando al movimiento hacia a la violencia colectiva como repertorio de protesta.

Con el reconocimiento político y la restitución territorial se trata, por un lado, de profundizar nuestra democracia y de construir una sociedad más inclusiva (sustentada en la diversidad), pero, por otro, de atender de manera urgente un conflicto que atenta contra los estándares mínimos de la convivencia. La espiral de violencia se ha exacerbado en la última década, por un lado, por reprimir y negar políticamente al Pueblo Mapuche, y por otro, por restituir parcial e ineficientemente el territorio demandado. Hoy no se puede, ciertamente, escatimar recursos y esfuerzos a la hora de mejorar y profundizar el mecanismo de compra de tierras. La evidencia política demuestra que la desmovilización de la violencia y el fin de los conflictos responden más a iniciativas de reconfiguración del régimen político (relaciones entre Gobierno y los movimientos) que a medidas policiales. En tal sentido, y respondiendo a la gravedad del conflicto, vale preguntarse si —así como se ha optado ineficazmente durante años por la Ley Antiterrorista apelando al bien superior de la sociedad (contraviniendo a los organismos internacionales y vulnerando el debido proceso)— acaso hoy el Estado puede prescindir de medidas políticas de profundo impacto en pos de la paz en la Araucanía: aumento exponencial del presupuesto del Fondo de Tierras (21) y/o expropiaciones específicas (22).

Ciertamente, ya hay medidas con relativo consenso (reconocimiento constitucional, región plurinacional y pluricultural de la Araucanía, Ministerio de Asuntos indígenas, Consejo Indígena, etc.); sin embargo, estas pasan en última instancia por la voluntad de nuestras autoridades para modificar las asimétricas relaciones de poder que niegan y excluyen al Pueblo Mapuche. Se requiere una real voluntad política y una reconfiguración de las relaciones de poder de nuestra sociedad para abrir caminos de paz en la Araucanía. No es antojadizo que muchos —desde el intendente Huenchumilla, hasta el seleccionado nacional de fútbol Jean Beausejour Coliqueo, pasando por Manquilef Huichal y la Misión Jesuita Mapuche, entre otros— insistan acertadamente en que se trata de un tema político y que la solución es política.

Chile necesita darle reconocimiento a su diversidad y, urge — en pos de la convivencia y de la calidad y legitimidad de nuestra democracia— el desarrollo de medidas y de una nueva institucionalidad que reconozcan los derechos de los pueblos indígenas (ONU, 2008 (23)) y sus derechos colectivos al territorio. En definitiva, retomando la perspectiva relacional de Tilly (24), el problema de la violencia solo lo resolveremos si transformamos la manera en que nos relacionamos y si, finalmente, nos reconocemos en la diversidad.

 

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Artículo publicado por la Revista Mensaje en su número 633, volumen LXIII, de octubre de 2014.

Carlos Bresciani, S.J. es Superior de la Misión Jesuita Mapuche y Nicolás Rojas Pedemonte es Coordinador de Investigación del Área Social Jesuita, CREAS – U. Alberto Hurtado.

NOTAS

(1) Hernández, C. (2014), “A Veinte Años de la Ley Indígena: Tiempo de Diagnóstico”. Serie Informe Sociedad y Política, N° 140. Santiago: Libertad y Desarrollo.

(2) INDH (2014), “Estudio exploratorio Estado de Chile y Pueblo mapuche; análisis de tendencias en materia de violencia estatal en La Araucanía”. Santiago, Instituto Nacional de Derechos Humanos.

(3) El verano de los peces voladores, Marcela Said, 2013.

(4) Galtung, J. (1996), Peace by peaceful means. Peace and Conflict, Development and Civilization. Londres, Sage.

(5) Bourdieu, P. (2000), Intelectuales, política y poder. Buenos Aires, Eudeba.

(6) Nombre que se le da a la agenda de investigación inaugurada en la última década por tres de los más eminentes académicos estadounidenses de los movimientos y el proceso político, McAdam, Tarrow y Tilly (2001).

(7) Tilly, C., (2007), Violencia colectiva, Barcelona, Hacer.

(8) Ibíd., p. 25.

(9) Ibíd., pp. 3-4.

(10) Tilly, 2007, op. cit.

(11) Brockett, C. (1991), “The Structure of Political Opportunities and Peasant Mobilization in Central America”, Comparative Politics 23 (3), pp. 253-274.

(12) Della Porta, D. (1999). “Movimientos sociales y Estado: algunas ideas en torno a la represión policial de la protesta”. En McAdam, D.; McCarthy, J. y Zald, M. Movimientos sociales: perspectivas comparadas. Madrid, Istmo.

(13) McAdam, D., Tarrow, S. y Tilly, C. (2001), Dynamics of Contention. Cambridge, Cambridge University Press.

(14) Brocket, op. cit.; Legorreta, María del Carmen (1998): Religión, política y guerrilla en Las Cañadas de la Selva Lacandona. México, Cal y Arena.

(15) INDH, cit.

(16) Hernández, op. cit.

(17) Marimán, J. (2014), “Araucanía, región plurinacional”. Columna en El Desconcierto. Viernes 12 de septiembre de 2014. Documento digital: http://eldesconcierto.cl/araucaniaregionplurinacional/ Web visitada en 15-09-2014.

(18) Aylwin, J.; Sánchez, R. y Yáñez, N. (2014): “Pueblo mapuche y recursos forestales en Chile: devastación y conservación en un contexto de globalización económica”. Santiago de Chile, Observatorio Ciudadano y Grupo Internacional de Trabajo sobre Pueblos Indígenas (IWGIA).

(19) LyD (2014). “El complejo tema indígena: urge revisar política de tierras”. Temas Públicos N° 1164. 27 de junio 2014. Santiago: Libertad y Desarrollo.

(20) Tilly, C. (1991), Grandes estructuras, procesos amplios, comparaciones enormes. Madrid, Alianza.

(21) La magnitud de un nuevo plan de compra de tierras no podrá ser ilimitado, por cierto, ni menos se contemplaría expulsar a los no mapuches de la zona, pero seguramente la cuantía de los recursos deberá ser exponencialmente superior al presupuesto actual, pues la deuda histórica es de gran envergadura. Se requiere de estudios rigurosos y de una consulta con los actores involucrados, aunque desde ya el Intendente Huenchumilla ha estimado –en un reciente programa de Televisión Nacional de Chile (El Informante, 25-08-2014)– en mil millones de dólares el presupuesto necesario.

(22) Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato con los Pueblos Indígenas (2008), “Informe de la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato con los Pueblos Indígenas”. Primera edición. Versión fidedigna del informe entregado por la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato al entonces Presidente de la República Ricardo Lagos Escobar, el 28 de octubre de 2003. Santiago: Gobierno de Chile. También: Mesas Hurtadianas 2013. www.padrealbertohurtado.cl/wp-content/uploads/descargas/mesas_hurtadianas_2013.pdf Web visitada en 15-09-2014. Mesas Hurtadianas, 2013.

(23) ONU (2008), “Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas”. Nueva York, Naciones Unidas.

(24) Tilly, 2007, op. cit.