javieraDurante el pasado fin de semana, la presidenta del Colegio de Periodistas, Javiera Olivares, hizo llegar a la Sociedad Interamericana de Prensa una carta donde se refirió a la situación de los medios y la información en el país.

La misiva fue firmada por diversas organizaciones y miembros del rubro informativo –El Desconcierto, entre ellos– para dar a conocer la preocupación que existe por el estado de la libertad de expresión y el derecho a la información en Chile.

La carta establece que, a partir de las medidas tomadas por la dictadura de Augusto Pinochet, la lógica de privatización de la economía también impactó en el el área de la comunicación, dando paso a la creación de oligopolios presentes en diversas plataformas mediáticas.

La libertad de expresión e información está distorsionada por el mercado, como multiplicidad de otras cosas tanto en Chile y como en el resto del mundo. Y sabemos que no es el mercado el garante de la libertad de expresión, sino la existencia de una diversidad de medios pues nos muestra otra contradicción esencial: la concentración de propiedad es incompatible con la libertad de información”, argumentaron.

Hoy, Chile tiene el primer lugar en los rankings de concentración de propiedad de los medios de comunicación en América Latina, con un 95%. En el país, se evidencia el manejo informativo tras el duopolio de los medios impresos, el oligopolio de las estacios televisivas y un 45 por ciento del mercado radical concentrado en manos de una conglomerado español.

“Recientemente, la privatización de La Nación, único periódico impreso de propiedad pública creado en 1917, contribuyó a agravar la situación de ausencia de pluralismo informativo”, agregaron.

CP3La misiva sostiene que dichas condiciones son contrarias a la democracia, tal como ha sostenido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En tanto, para enfrentar las amenazas a la libertad de expresión, el Colegio de Periodistas aseguró que es necesario que el Estado se involucre en las decisiones al respecto.

“Estamos convencidos de que todo Estado democrático debe promover tanto el derecho a informar y comunicar de los ciudadanos como el de ser informados, no solo por el valor propio de la información sino también por su valía instrumental, es decir, por su capacidad de ser instrumento para el ejercicio de otros derechos y para la fiscalización de los poderes públicos”, recalcaron las organizaciones y periodistas que firmaron la carta.

Al finalizar, hicieron hincapié en que la nueva Constitución, redactada en una Asamblea Constituyete, debe garantizar la libertad de expresión y el pluralismo informativo. A su vez, propusieron que “la ley establezca límites a la concentración mediática y que reconozca la existencia de tres sectores de medios: públicos, privados y comunitarios sin fines de lucro”.

Por su parte, Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP recibió a los miembros del Colegio de Periodistas y manifestó, en nombre de su organización, la preocupación por los monopolios mediáticos en la región.