Carlos Duran 2El debate en torno al mecanismo por el cual la promesa de un cambio constitucional “democrático, institucional y participativo” contemplado en el Programa de Gobierno de la Nueva Mayoría ha comenzado a posicionarse nuevamente en el debate público. En este marco, la demanda por una Asamblea Constituyente ha vuelto a ser mencionada progresivamente por un variado conjunto de actores, que van desde miembros de la élite política parlamentaria hasta representantes y activistas del variopinto mundo de las organizaciones sociales.

La opción por la Asamblea Constituyente, qué duda cabe, sigue siendo una deriva posible, más aun considerando el modesto caudal de legitimidad con que actualmente cuenta nuestro sistema político como para acometer por si solo la tarea –ampliamente valorada- de modificar las bases de nuestra institucionalidad política. Y sin embargo, por ahora son más las dudas que las certezas no solo respecto a las posibilidades que la opción constituyente tiene respecto a las opciones alternativas de cambio constitucional (“desde arriba”, “institucionales”, “consultivas”, “plebiscitarias”) o a la pura y simple mantención del status quo, sino que también respecto a los mecanismos y dinámicas que han de operativizarla.

A la hora de interrogarse respecto a la operación efectiva de una eventual Asamblea Constituyente, y suponiendo el logro de amplios niveles de apoyo ciudadano a su realización, surgen varias dudas respecto a las cuales las respuestas son, o bien inexistentes, o bien ambiguas y dilatorias. Observemos algunas de éstas interrogantes:

¿Quiénes serán los participantes de la Asamblea Constituyente? Frente a esta interrogante, solo podemos tener claro que 1) no serán de modo exclusivo los actuales representantes del poder legislativo y 2) no es posible pensar como una opción verosímil la “plena presencia” de todos y cada uno de los ciudadanos. En este sentido, se requiere necesariamente la producción de un mecanismo legítimo de “representación” que, en ausencia de la totalidad de los ciudadanos, permita asumir que la AC “representa” de modo razonablemente adecuado a los miembros de la comunidad política. A menos que supongamos que 13 millones de chilenos mayores de edad concurrirán activa y protagónicamente a las diversas actividades propias de la Asamblea.

¿De qué se operativiza la representación?; ¿cuántos representantes le corresponden, por ejemplo, al movimiento indígena (suponiendo por un principio de simplificación que éste es uno y homogéneo), y cuántos a los miembros de organizaciones religiosas?; ¿tendrán acaso las organizaciones de mujeres un 50% de la representación total?; ¿cómo traducimos a criterio numérico el factor de representación, por ejemplo, de una organización feminista respecto a una organización de mujeres “por la vida” y contra el aborto?

Ahora bien, ¿de qué se operativiza la representación?; ¿existirá acaso un criterio numérico de distribución proporcional de la diversidad ciudadana?; ¿se entenderá esta diversidad en términos individuales u organizacionales?: ¿cuántos representantes le corresponden, por ejemplo, al movimiento indígena (suponiendo por un principio de simplificación que éste es uno y homogéneo), y cuántos a los miembros de organizaciones religiosas?; ¿tendrán acaso las organizaciones de mujeres un 50% de la representación total?; ¿cómo traducimos a criterio numérico el factor de representación, por ejemplo, de una organización feminista respecto a una organización de mujeres “por la vida” y contra el aborto?

En caso de optarse por una representación en la que opere un principio mayoritario: ¿cuál será la base electoral que se tome como referencia?; ¿serán acaso elecciones nacionales con listas integradas, abiertas o cerradas, o bien una elección con criterio regional?; ¿pueden agruparse candidatos a miembros de la AC por algún criterio de afinidad que genere, por ejemplo, el “arrastre” de los candidatos menos votados por aquellos más “populares”?; ¿cómo asegurar en este caso la expresión de la diversidad de visiones e intereses de la ciudadanía?

Supongamos ahora que la AC se constituyó por algún mecanismo válido, eficiente y reconocido por la totalidad de los actores: ¿qué normas regirán la dinámica del debate?; ¿bajo qué criterios se considerará aprobado algún principio constitucional?; ¿será necesaria la unanimidad, la mayoría simple o algún otro tipo de quorum?

Por otro lado, ¿cuál será el mecanismo para la toma de decisiones?; ¿se utilizará la dinámica asamblearia o el voto secreto, libre e informado? En el primer caso, ¿cómo serán representados los ciudadanos que no participen de las instancias decisorias?; en el segundo, ¿qué diferencia habrá entre el proceso electoral para la AC y los procesos electorales convencionales?; ¿Qué ocurriría si la abstención fuera superior al 50%?
En los más recientes procesos constituyentes llevados a cabo en América Latina –Bolivia, Ecuador y Venezuela-, estas interrogantes fueron resueltas eficientemente. De hecho, todos esos países se rigen hoy por cuerpos constitucionales emanados de una Asamblea Constituyente. Cada uno de ellos construyó procedimientos que lograron operativizar la compleja trama de producción participativa de sus respectivas cartas fundamentales. Mirar lo que allí ocurrió, en este sentido, constituye un ejercicio necesario a la hora de determinar las posibilidades, estrategias y tácticas del deseo constituyente.

Asamblea-COnstituyente-Cuarta-UrnaSin ánimo de abundamiento, me interesa en este sentido destacar la presencia, en los tres procesos constituyentes nombrados, de a lo menos tres factores sin los cuales su objetivo común (léase, la creación de una Asamblea Constituyente capaz de promulgar un nuevo orden constitucional) difícilmente hubieran llegado a puerto.

En primer lugar, la existencia de un liderazgo político capaz de articular tras sí a las mayorías ciudadanas. En los casos de Chávez en Venezuela, Correa en Ecuador y Morales en Bolivia, tanto la demanda como la convocatoria y realización efectiva de la Asamblea Constituyente en sus respectivos países fue posible gracias a los amplios niveles de confianza materializados en estos liderazgos que, crisis política mediante, cumplían la función estabilizadora que las desacreditadas instituciones políticas tradicionales ya no podían cumplir.

En segundo lugar, la potencia de los liderazgos políticos fue acompañada de una significativa presencia de organizaciones y movimientos sociales que, desde sus diversos lugares, intereses e identidades, se incorporaron de modo entusiasta a sus respectivos procesos constituyentes. Indudablemente, la densidad de los debates y la profundidad de las transformaciones consolidadas en los nuevos textos constitucionales no hubiera sido siquiera pensable sin la potencia que emergió desde las organizaciones sociales de Ecuador, Venezuela y Bolivia.

En tercer lugar, estas experiencias presentan como común denominador el establecimiento de grados significativos de articulación y convergencia entre los movimientos sociales y el poder político. Con formas, ritmos y dinámicas distintas, y sin perjuicio de la existencia de marcadas disputas, exclusiones y silencios, la dinámica asamblearia fue el resultado de una conjunción entre la voluntad social por participar de modo activo, por un lado, y las condiciones que el poder político generó para ello, por el otro. Como efecto de esta articulación, la evidente heterogeneidad de las demandas sociales logró unificarse, simplificarse y articularse en torno a un liderazgo político que, en todos estos casos, ofició como conductor del proceso constituyente.

No es necesario agobiar al lector con argumentos que busquen constatar la inexistencia de las tres condiciones arriba indicadas: hoy por hoy, en Chile no hay un liderazgo político activamente jugado por la idea constituyente, ni menos que genere confianzas por parte de la diversidad de organizaciones sociales impulsoras de esta demanda; por otro lado, esta diversidad de organizaciones sociales sigue representando a un sector sensiblemente minoritario del país, careciendo por ahora de la capacidad para sumar a las mayorías populares a una “marea constituyente” que, por ahora, sigue siendo solo una ola en un mar calmo; y por último, no existe ni la más mínima señal de articulación posible entre el liderazgo político y las demandas sociales constituyentes.

¿Cómo será posible, entonces, producir nuestra propia experiencia constituyente? A falta de las condiciones antes dichas, lo cierto es que las posibilidades de gestación en Chile de un proceso constituyente no se ven muy auspiciosas, y ello no solo –aunque también- por la ambigüedad presidencial. Y es que, al parecer, muchas veces el entusiasmo y voluntarismo nos hacen creer que la carreta puede empujar a los bueyes.