Fachadas de la universidad de ChileDramática es la situación que viven en Chile las universidades. Más allá de quién las creó y con qué misión fueron creadas, hoy todas por igual, sean públicas y privadas, deben competir en el mercado de la educación superior, enfrentándose en una guerra fratricida por los recursos que el Estado provee, y autofinanciándose a costa de elevados aranceles que recaen en los hombros de las familias.
La Universidad de Chile no es una excepción a esta regla. Hace algunos días acaba de celebrar su aniversario 172°, pero lo ha hecho en gran medida a pesar del Estado, más que gracias a este. Hoy el Estado aporta menos del 10% del presupuesto de la Universidad, y de manera principal lo hace a través de mecanismos competitivos: financiamiento a la demanda (vouchers a las y los estudiantes) y convenios de desempeño, mecanismos lejanos a un financiamiento estable al quehacer de la institución que le permitan desempeñar una misión pública sin depender de los vaivenes del mercado. Avanzar en un esquema de financiamiento cuantitativamente suficiente y constante, a través de aportes basales, es un paso indispensable para construir universidad pública, y es lo mínimo que esta puede exigir al Estado: garantizar su existencia.

Sin embargo, también es necesario plantearnos como sociedad el debate acerca del “para qué” una universidad pública, cuál es el rol que deben jugar en la sociedad, y en función de aquello cuales son las características esenciales que debe cumplir una universidad para entenderse pública.

Lo cierto es que al respecto hoy la Universidad de Chile tiene una deuda con la sociedad. Hoy la Chile no es una universidad coherente con lo que demanda una idea de educación entendida como un derecho social, pública, gratuita y de calidad, que realice aquellos anhelos por los que miles de chilenos han llenado las calles en estos años. Y está en las manos de su comunidad hacer que sí lo sea. Pero para ello, la democratización de las decisiones en su interior juega un papel central.

La idea de triestamentalidad no responde a un mero capricho. Es la realización misma del principio democrático de entender la universidad como un espacio abierto y plural, donde convergen ideas, conocimientos y saberes, en una diversidad creativa y constructiva. Es la definición colectiva de la misión, los fines y las tareas de una institución educativa, junto con la más efectiva fiscalización que pueda hacerse para que su quehacer no se aparte de esta misión que se ha trazado: aquel control democrático que emerge precisamente de todos sus actores. Lo anterior necesariamente encuentra expresión en un gobierno democrático y basado en la participación organizada de todos quienes forman parte de la comunidad universitaria.

Esto no es algo nuevo en la educación chilena. A partir del movimiento de Reforma Universitaria de mediados de los años ‘60, las universidades en Chile fueron organizándose en torno a lógicas democráticas de gobierno, con elección triestamental de rectores y decanos y constitución de órganos colegiados con participación proporcional de académicos, estudiantes y trabajadores. La dictadura optó por barrer con aquello, instaurando la lógica de los gobiernos unipersonales y las autoridades omnipotentes, excluyendo a todo actor no-académico (e incluso en la práctica también a muchos académicos) de la toma de decisiones.

El movimiento social por la educación ha abierto una oportunidad dorada, al propiciar la derogación de los aspectos del DFL-2 que limitan la organización y prohíben la participación de estudiantes y trabajadores en los gobiernos de las instituciones educativas. La Universidad de Chile no puede darse el lujo de desperdiciar dicha oportunidad y debe replantearse su rol, de este modo puede comenzar a realizar la misión de ser la universidad pública que la sociedad exige, para ello reorientar el conocimiento que genera y reproduce e incluir nuevas políticas sobre bienestar, género y sexualidad y medio ambiente es fundamental. Solo así, otorgando sentido y pertinencia a nuestro rol es que potenciamos la excelencia y la alta exigencia que caracteriza a la Casa de Bello.

Pero esta apuesta no se agota en la Universidad de Chile y su larga tradición, como si no tuviera un contexto y un país al que responder. La sociedad y el resto del sistema educativo nos exige transformar nuestra casa de estudios en un referente de democracia interna, en una experiencia real y demostrable de los enormes frutos que puede traer la colaboración y la participación de todos los actores de la comunidad, muchos más que los que ya durante largas décadas ha demostrado que entrega la competencia y la exclusión. Democratizar la Chile es también contribuir enormemente a la democratización de todo el resto de instituciones de educación superior, sean universidades, institutos profesionales o centros de formación técnica.

Nuestra principal lucha debe traducirse en la construcción de universidad pública y en ese escenario la democracia no puede reducirse al modo en cómo se administran nuestras instituciones, debemos ser capaces de determinar conjuntamente cómo responder a las necesidades de Chile y su pueblo. De este modo estaremos aprovechando la oportunidad de levantar las banderas de un nuevo sistema de educación pública que sin duda amerita que éste sea construido entre todos los actores de las comunidades educativas.