dictaduraEn una conferencia de prensa, Cintras (Centro de Salud Mental y Derechos Humanos) informó sobre los factores que continúan afectando directamente al bienestar psicológico de las víctimas de la dictadura militar. En este sentido, José Miguel Guzmán, director de Cintras, recalcó que la impunidad y las políticas de reparación limitadas favorecen la recurrencia del daño provocado y posibilitan la aparición de nuevos dolores y frustraciones, con consecuencias “retraumatizantes graves para la psiquis de las personas torturadas y sus familias”.

El organismo lleva 29 años de trayectoria en la asistencia médico-psicológica de más de 4 mil personas y sus familias. “Hemos aprendido que no hay proceso de elaboración posible del trauma psicológico y social sin que medien los actos de justicia que impidan la impunidad para los graves crímenes que se cometieron en nuestro país durante la dictadura cívico militar”, recalcó el especialista.

Por otra parte, el director clínico de la institución agregó que las medidas de reparación, hoy responsabilidad del Estado, deben ser capaces de resolver las necesidades que durante tantos años no han sido escuchadas.

“Una solución a medias sólo va a aumentar los sentimientos de frustración, impotencia o decepción de los afectados y arriesga a consolidar la imagen de abandono y estigmatización a la que han estado expuestos por parte del Estado chileno durante tantos años”.

“Una solución a medias sólo va a aumentar los sentimientos de frustración, impotencia o decepción de los afectados y arriesga a consolidar la imagen de abandono y estigmatización a la que han estado expuestos por parte del Estado chileno durante tantos años”, recalcó el psiquiatra José Luis Tejada.

En este sentido, sus exigencias plantean la necesidad de que el Estado elabore políticas idóneas y efectivas de reparación, incluyendo la rehabilitación integral. Además de otras políticas sociales que garanticen sus derechos y la investigación de todos los casos de víctimas, con el objetivo de obtener justicia y sancionar a los responsables. Por otra parte, se busca modificar el Código Penal -que data de 1874- y que no incluye el concepto de tortura, sino de “apremios ilegítimos”.

Entre las otras exigencias, se considera urgente que los delitos de tortura de connotación sexual sean sancionados e investigados, desclasificando también los archivos secretos que aún mantienen los servicios de seguridad y de inteligencia de las Fuerzas Armadas.