El nuevo Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) en la voz de expertos

Este miércoles, la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado aprobó, por cuatro votos a favor y una abstención, el proyecto de Ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP).

La instancia se materializó luego de diversas discusiones, una vez que el proyecto presentado en los 100 primeros días de gobierno no fue acogido de la mejor manera por la Comisión de Medio Ambiente del Senado. A raíz de esto, se conformó una comisión técnica política para revisar el proyecto de ley, en donde participaron académicos, centros de estudios, ONG´s y gobierno. Finalmente, tras varias sesiones y una especie de “protocolo de acuerdo” para generar indicaciones, la idea de legislar fue acogida por la Comisión y aprobada durante el martes.

Ya en sus inicios, el proyecto contaba con serios detractores, quienes lo consideraban insuficiente en muchos aspectos, aunque los expertos concuerdan en que es un avance con respecto a lo que hay hoy en día.

Cristián Estades

“Yo creo que sí es un avance, porque al menos intenta resolver algunos problemas que hasta ahora no estaban resueltos, como por ejemplo darle una cierta formalidad a la gestión de la biodiversidad como un todo, más allá de las áreas protegidas», afirma Cristián Estades, doctor en ecología y académico del Departamento Gestión Forestal y Medio Ambiente de la Universidad de Chile.

Sin embargo, Estades tiene también una visión crítica con respecto al alcance real de esta afirmación, pues a pesar de que el proyecto de ley pretende influir no sólo en la conservación de los parques y reservas, carece de instrumentos que permitan delimitar las actividades en áreas privadas. “Todavía tenemos pocas herramientas para intervenir fuera de los parques nacionales y las reservas”, asegura.

Desde el Instituto de Ecología y Biodiversidad (IEB), institución que participó en la comisión técnica política, defienden ciertos aspectos el proyecto de ley recientemente aprobado, especialmente en el ámbito de los “servicios ecosistémicos”. El término, que se incorporó en la legislación reconoce la importancia de la biodiversidad para el desarrollo económico, social y cultural del país.

«Este concepto agrupa a los beneficios obtenidos gracias a la biodiversidad, como la producción de alimentos, la regulación de los ciclos de inundaciones, la prevención de enfermedades, o el proceso de polinización, entre muchos otros», explica Pablo Marquet, investigador del IEB.

Lo que falta por resolver

Flavia Liberona

Por otra parte, Flavia Liberona, bióloga y directora ejecutiva de la Fundación Terram, señala sus reparos contra la iniciativa, específicamente en áreas que escapan a la ecología, que era la competencia central de la comisión formada por expertos.

En este sentido, cabe mencionar dos temas que a juicio de Liberona no han sido resueltos aún: el traspaso de trabajadores de Conaf –actual administrador del Servicio Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado, SNASPE- hacia el nuevo Servicio de Biodiversidad y el proceso de consulta indígena.

“Nuestra posición, junto a otras organizaciones, es que el proyecto sí debe ir a un proceso de consulta indígena. Sin embargo, el ministerio de Medio Ambiente dice que no, por lo que nosotros vemos ahí un punto complejo en la tramitación de esta ley”, asegura la directora ejecutiva de Terram.

Es por esto que a juicio de la bióloga, “el proyecto es absolutamente deficiente”, y no lo considera necesariamente como un avance en materia legislativa. Pero, también señala que hay una voluntad, tanto del ministerio de Medio y Ambiente como del Senado, para mejorar los estándares del proyecto de ley.

Un punto central que ha sido destacado por Cristián Estades es el del rol del Estado. De acuerdo al académico, este proyecto de ley por primera vez oficializa una misión de conservación en una institución pública.

“Ahora al menos la institucionalidad reconoce que uno de sus roles es el de diseñar y ejecutar planes para recuperar especies amenazadas, cosa que hasta ahora no existía en Chile. En nuestro país no hay ninguna institución cuyo mandato sea ese, y eso ya es un avance”, sostiene. Aunque también señala que el problema central sigue estando en los recursos, y no cree que estos cambios necesariamente traigan consigo fondos adicionales.

Un INE biológico

Un elemento que ha sido detectado como carente en nuestra institucionalidad es el de la información. A pesar de que existen estudios de diversas especies realizados por universidades, ONGs y otros, no hay un organismo central que realice estudios y procese datos demográficos de la flora y fauna en nuestro país.

“Una cosa es la información científica sobre la biología de las especies, sobre su comportamiento, la respuesta a las acciones de perturbación, o a las medidas de manejo, y otras son los datos demográficos. Como por ejemplo existe en Chile el INE, que recolecta información socioeconómica, nosotros deberíamos tener un INE biológico, que recolecte información sobre las especies, los ecosistemas, y que en el tiempo se haga de manera consistente de forma que podamos saber qué es lo que está pasando”, afirma Estades.

Esta opinión es compartida por Mary Kalin, directora del IEB y Premio Nacional de Ciencias el 2010, quien ve como fundamental la generación de bases de datos de especies nativas. “La calidad de esta información depende de la realización permanente de estudios de monitoreo a largo plazo que, lamentablemente, tienen escaso financiamiento y apoyo del Estado», dice.

A fin de cuentas, habrá que esperar al trámite legislativo para conocer más detalles sobre los aspectos que no fueron considerados en la nueva ley. Todo parece indicar que Chile avanzará en materia de conservación, aunque queda mucho camino por recorrer y el 2015 será clave para definir una política de Estado en esta materia. Toda vez que la discusión del proyecto de ley del SBAP se llevará a cabo en los próximos meses.