EI periodistaEl Balance 2014 publicado por Reporteros sin Fronteras muestra que, a pesar de que hubo un ligero descenso en el número de periodistas asesinados en el
ejercicio de sus labores, la violencia se ha transformado. Cada vez se instrumentalizan más las agresiones contra los reporteros (decapitación, difusión de videos, amenazas).

Los asesinatos se cometen con mayor barbarie y los secuestros aumentan considerablemente con el objetivo, de quienes los perpetran, de impedir que exista una información independiente y de disuadir las miradas exteriores. Las intimidaciones son tan diversas, que el número de periodistas que debieron optar por el exilio
se duplicó respecto al año pasado.

En el balance, se identifican este 2014:

-66 periodistas asesinados.
– 119 secuestrados.
– 178 encarcelados.
– 139 exiliados.
– 853 detenidos.
– 1.846 amenazados-agredidos.

El documento también expone los sectores más peligrosos para la labor periodística: Regiones de Donetsk y lugansk (Ucrania), Baluchistán (Paquistán), Este de Libia, Territorios bajo el control del grupo Estado Islámico (Irak y Siria) y el Departamento de Antioquia (Colombia).

periodista carcelUno de los casos más emblemáticos es el de Khadija Ismailova, conocida por sus investigaciones a profundidad sobre la corrupción en las más altas esferas del Estado de Azerbaiyán, se encuentra encarcelada desde el 5 de diciembre de 2014. Aunque presentía que la detendrían, nada la hizo desistir de su trabajo periodístico de investigación, símbolo de la libertad de prensa, ni dejar el país por el que lucha desde hace años con un valor y una tenacidad difíciles de encontrar.

Sus investigaciones y su labor de defensa de los derechos humanos la convirtieron en blanco directo de las autoridades. En 2012 y 2013 fue víctima de una campaña de calumnias y de chantajes a través de videos (sextape). Las presiones se intensificaron en 2014: acusaron a Khadija Ismailova de espionaje y de difamación; interpelada, se le impidió salir del país.

Finalmente fue arrestada por la absurda acusación de haber “empujado” al suicidio a un excolaborador. Por este único cargo corre el riesgo de purgar una pena de tres a siete años de prisión.