COMUNICADO

Santiago, 19 de diciembre de 2014

La Unidad Especial de Identificación Forense, parte del Servicio Médico Legal (SML) de Chile y heredera del Programa de Derechos Humanos de esta institución, es la única entidad forense en todo el país responsable de ejecutar las pericias relativas a la identificación y establecimiento de la causa y modo de muerte de las personas que fueron asesinadas durante la dictadura cívico militar que vivió nuestro país.

La labor desarrollada en esta unidad requiere de una formación altamente especializada, además de una dedicación exclusiva e intensiva en virtud de la enorme cantidad de requerimientos emanados por parte de tribunales y, por supuesto, de la urgencia que como país tenemos de avanzar en materia de Verdad y Justicia. Es más, el fortalecimiento del departamento de Derechos Humanos del SML es uno de los compromisos presidenciales del gobierno de Michelle Bachelet (Nº 41), en tanto nuestro país intenta desarrollar políticas públicas acorde a los convenios y protocolos suscritos y ratificados por el Estado de Chile frente al Sistema de Naciones Unidas y al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

En pos de cumplir con su misión, las actividades de esta Unidad incluyen extensas jornadas de trabajo en terreno a lo largo y ancho de todo el país, en las más diversas condiciones, para la búsqueda de sitios de inhumación ilegal, además de exhumaciones en cementerios, pericias de laboratorio, redacción y presentación de informes ante tribunales, selección y toma de muestras de restos óseo/dentales y de familiares de víctimas, entrevistas a familiares, entre otras. Es menester agregar que, ya que somos la única entidad forense especializada en el análisis de restos óseos, se nos han asignado otras tareas como la recuperación y análisis de aquellos restos encontrados de manera fortuita y también en crímenes de alta complejidad que hacen parte del nuevo sistema de justicia, junto con la toma de muestra para filiaciones póstumas y la colaboración con otras instituciones en casos de desastres masivos a nivel nacional e internacional, tareas que son abordadas con igual dedicación y profesionalismo.

Sin embargo, y a pesar del profundo compromiso profesional y principalmente ético que tenemos con nuestro trabajo en tanto entendemos que nuestra labor como órgano técnico auxiliar de la justicia tiene una importancia fundamental en la tarea de reparación y reconstrucción de confianzas entre el Estado de Chile y sus ciudadanos, hoy nos vemos sobrepasados e imposibilitados de cumplir con nuestro deber no sólo en el ámbito relativo a graves violaciones a derechos humanos, sino que en la obligación de garantizar un derecho humano básico como es el acceso oportuno y equitativo a la justicia para todos los ciudadanos de este país.

Es más, actualmente y para cubrir con todos los requerimientos judiciales a nivel nacional, esta Unidad cuenta sólo con 8 antropólogos/as y 2 arqueólogas/as. Además, forman parte de esta Unidad 3 odontólogos/as y 3 médicos/as con jornadas parciales, quienes colaboran en la labor pericial pero no participan en las actividades de terreno. Esta escasez de personal no sólo ha generado un agotamiento acumulativo en el equipo de peritos y en todo el personal administrativo y técnico de nuestra Unidad, sino que también en muchos casos no permite proceder con la diligencia que corresponde, enlenteciendo los procesos judiciales y constituyéndose en un obstáculo para la labor de Ministros, Fiscales y Jueces.

En virtud, de lo previamente expuesto, esta Unidad, sobrepasada por la enorme cantidad de trabajo, decidió iniciar conversaciones con el Director Nacional de este servicio para elaborar una propuesta que permitiese, por un lado, mejorar las condiciones laborales de quienes ya trabajan en esta Unidad, así como proponer un aumento de recursos desde el Ministerio con el fin de ampliar la dotación de personal en pos de fortalecer y cumplir con la misión encomendada por el Estado, el Gobierno, la sociedad, y especialmente los familiares de las víctimas.

Esta propuesta no solamente no ha sido acogida por la Dirección institucional, sino que además ha sido derivada a asesores políticos que no cuentan con la experticia acorde a la complejidad de esta tarea.

Como resultado de lo anterior, y, muy a pesar de nuestro compromiso, desde el 05 de diciembre de 2014, la Unidad Especial de Identificación Forense se encuentra en una movilización que involucra el cese indefinido de sus funciones, contando con el apoyo irrestricto de la Asociación Nacional de Funcionarios del SML.

La UEIF hace un llamado a autoridades políticas, sociales, y especialmente del mundo de derechos humanos, para apoyar esta causa que demanda se reconozca el valor del trabajo pericial en materia de ciencias forenses y derechos humanos por medio de cartas dirigidas a la Dirección Nacional de este servicio, Sr. Patricio Bustos Streeter y al Ministro de Justicia, Sr. José Antonio Gómez Urrutia, a través de su asesor.