Vender cd’s piratas o cultivar marihuana: los casos que sí podrían haber condenado a Martín Larraín

“La justicia es como las serpientes: sólo muerde a los descalzos”, señaló alguna vez, con conocimiento de causa, el obispo salvadoreño Óscar Romero. Hoy, estas y otras frases de la refranería popular fueron evocadas por los chilenos que, atónitos, desayunaban la noticia del veredicto sobre el caso de Martín Larraín y el atropello a Hernán Canales.

Tras el dictamen, la frustración de muchos se evidenció en redes sociales, con altos cuestionamientos a la parcialidad de la justicia en relación al origen y clase social de cada imputado. “La justicia se transformó en otro bien de consumo en este país”, reflexionaban algunos, aludiendo a la importancia que tiene, por estas tierras, el poder adquisitivo y el apellido a la hora de hacer valer los derechos básicos de un ciudadano.

No es la cárcel precisamente lo que está en cuestión. La mayoría de los recintos penitenciaros están repletos de pobres en condiciones que bastarían para eliminar a Chile de la OCDE, tal como ha denunciado el Instituto de Derechos Humanos. Detrás de la rabia colectiva está más bien el cansancio ante la impunidad de los poderosos y sus familias, las mismas que cenarán con calma durante esta navidad mientras la viuda de Canales, Marisol Venegas, masticará el sabor del desamparo de la justicia: “Fue una gran burla porque yo soy pobre”, resumió ella. ¿Cómo refutarla?

A continuación, algunos ejemplos que grafican la inequidad en la aplicación justicia chilena y la distorsión del principio de igualdad ante la ley. Situaciones sórdidas y vergonzosas que no hacen más que acumularse, una tras otra, para seguir forjando el historial de contradicciones e impunidad de la historia de la justicia chilena.

1. Si fuera pobre: Más allá de las teorías especulativas sobre el eventual uso de su poder político y económico en el caso, ser hijo de ex presidente de Renovación Nacional y tener apellido Larraín parece entregar un buen colchón a la hora de enfrentar a la justicia después de haberle quitado la vida a otra persona. Yendo más allá de la percepción ciudadana, una investigación realizada por Doris Cooper entre 1994 y el 2000 reveló que el 90% de los presos en Chile están sancionados por haber atentado contra la propiedad. Además, el 89% de ellos proviene de la extrema pobreza urbana.

La estadísticas hablan, en todo caso, de una realidad palpable, que durante los últimos meses se ha evidenciado con más fuerza a la hora de examinar las escuálidas multas y sanciones que enfrentan los empresarios acusados de millonarios fraudes y operaciones ilícitas, como en los emblemáticos casos de La Polar, Fasa y la colusión de pollos, por sólo mencionar algunos. Así, este factor parece el más relevante a la hora de observar el comportamiento de la justicia frente a cualquier infracción o delito analizado a continuación.

2. Si lo hubieran sorprendido cultivando marihuana: En Chile, el cultivo de cannabis sin autorización del Servicio Agrícola Ganadero (SAG) constituye un delito, cuya pena puede ser incluso mayor que la sanción obtenida por microtráfico. Personajes conocidos y cientos de anónimos han enfrentado a la justicia, arriesgando penas entre tres años y un día y hasta 10 años de cárcel por el cultivo casero. Mientras, Carabineros y la PDI destapan, cada cierto tiempo, a través de exagerados operativos, la existencia de un par de plantas en las hogares chilenos, como si de una amplia red de corrupción se tratase.

3. Si lo hubieran encontrado vendiendo frutillas, panes, jugos o humitas en la calle: Constantemente, los vendedores del comercio ambulante son detenidos y tratados como delincuentes en las calles del país. Con frecuencia se dan a conocer fotografías de detenciones por parte de Carabineros donde, además, los trabajadores del comercio callejero suelen perder su material de trabajo y ser tratados de manera indigna por los uniformados a vista y paciencia de todos. Lo mismo han enfrentado los músicos callejeros.

4. Si lo hubieran sorprendido vendiendo cd’s piratas: Tristemente conocido es el caso de Bastián Arrigada, el joven de 22 años que falleció en el incendio de la Cárcel San Miguel, ocurrido en diciembre de 2010. El joven cumplía una pena de 61 días de cárcel por vender discos pirata en el centro de San Bernardo y fue destinado al módulo del piso 4, torre 5, donde se encontraban los reos de mayor peligrosidad.

“Bastián vendía discos pirata de amigos para mantener a su familia y poder ahorrar, porque quería retomar sus estudios de educación media, que había dejado hace unos años atrás. Bastián no era un criminal”, declaró posteriormente su tío. Quizás uno de los mayores ejemplos recientes de la desigualdad en la aplicación de la justicia que, en esta ocasión, implicó perder la vida a un joven que trabajaba para mantenerse. Dato aparte: tras la extensa investigación por la muerte de 81 reos en la Cárcel de San Miguel, nadie fue declarado culpable.

5. Si lo hubieran atrapado por robarle la gorra a un Carabinero: Un caso insólito es el de la condena de 8 años de presidio efectivo contra dos jóvenes culpables del robo de una gorra de Carabineros y un cinturón tricolor, sustraídos desde la casa del ex funcionario policial.

Andrés Santander (21) y Andrea Vergara, de 27 años, fueron condenados por robo con fuerza en lugar destinado a la habitación. Andrea pasó 10 meses en prisión preventiva antes de conocer su sentencia, mientras que los jueces del Tribunal Oral en lo Penal de Temuco afirmaron que por la extensión de la pena, ambos jóvenes no tienen derechos a beneficios. La condena de Santander y Vergara fue ampliamente comparada hoy al dictamen ofrecido a Carlos Larraín por la muerte de un hombre.

Como estos, son numerosos e históricos los ejemplos que evidencian hoy las contradicciones de la justicia. No es algo nuevo: en 1970, el abogado Eduardo Novoa Monreal publicó un estudio llamado “Justicia de clase”, en el que desmenuza algunos casos que hasta entonces graficaban las diferencias en la aplicación de la ley, en desmedro de los trabajadores y los más pobres.

Mientras algunos abogados se apresuran a subrayar los elementos técnicos, aludiendo a que no habría pruebas certeras –tal como sostuvieron los jueces- para acreditar que Larraín se fugó y cometió un delito en contra de Canales, el dictamen más bien parece una lección para los futuros infractores de la ley: “Si atropellas a alguien y vas ebrio, mejor arráncate y serás absuelto”, replicaban algunos y no a modo de broma. A su vez, es también una nueva señal del trabajo deficiente de las policías a la hora de tomar y presentar pruebas en este caso. ¿Cuántas pruebas habría presentado la Fiscalía, de haber ocurrido el mismo accidente, pero cambiando respectivamente rol del victimario y de la víctima?

Larraín, este año, no celebrará solo: también tuvo un relajado paso por los tribunales el sacerdote John O’Reilly, condenado a 4 años de presidio remitido por los abusos cometidos contra una menor del Colegio Cumbres. Tiempo atrás, lo mismo vivieron los empresarios  “multados” por la grave colusión de las farmacias. Así, mientras las autoridades reiteran, una y otra vez, el discurso acerca de “dejar que las instituciones funcionen”, la justicia de clase persiste y las cárceles se van llenando y no de internos de apellido Larraín u O’Reilly. Para ellos no hay espacio ahí adentro.