Rabindranath_QuinterosEn un momento específico de nuestra historia reciente -sin debate y bajo amenaza de represión- la educación pública dejó de ser lo que era. El Estado ya no construyó nuevos colegios y entregó su administración a municipios desfinanciados, los profesores perdieron su condición de funcionarios públicos y las escuelas –que eran cantera de intelectuales, profesionales, investigadores, artistas y políticos- pasaron de formar ciudadanos a producir mano de obra barata.

Los chilenos atestiguamos –sin derecho a reclamo- el desmantelamiento de la educación pública durante la dictadura militar. Había tras ese conjunto de acciones un objetivo ideológico que pretendía destruir las estructuras basales del avance social que siguió el país en buena parte del siglo 20, dejando en manos del mercado la búsqueda de las soluciones a los problemas sociales, incluida la educación.

Así, por décadas, el modelo educacional imperante no ha hecho más que profundizar la brecha que divide a la sociedad chilena.

Esa realidad no se soluciona sólo aumentando subvenciones o exigiendo copagos, abriendo más colegios y maquillando la real calidad de la enseñanza con mediciones tan discutibles como el SIMCE. Y menos aún se resuelve permitiendo que el sistema perpetúe la discriminación –oculta bajo la forma de la selección- cofinanciada por el Estado y por las propias familias, con saldo final a beneficio de los  empresarios de la educación.

“Los parlamentarios no (estamos) para administrar el modelo vigente, ni para proteger intereses particulares, ni para patrocinar la inequidad.”

El debate sobre el tema ha avanzado esta semana en el Senado hacia la discusión en particular del proyecto que regula la admisión de estudiantes, elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en establecimientos educacionales que reciben aportes del Estado, y que fue aprobado en general en miércoles último.

Este proyecto es parte –y no la totalidad- de un conjunto de iniciativas tendientes a mejorar la calidad y la equidad de la enseñanza en el país y que se conoce como Reforma Educacional.

Es una reforma que se hace cargo de la compleja tarea de restituir la educación como un derecho cuyo principal responsable es el Estado y no un servicio de costo variable que  se ha convertido en una actividad lucrativa donde importa más el balance financiero que la evaluación académica, al amparo de una malentendida libertad de enseñanza que da opciones sólo en la medida en se pueda pagar por ellas.

Hace ya casi un siglo, y tras un debate que duró años, el Congreso Nacional aprobó la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria, que garantizó la igualdad de acceso a la educación pública sin importar clase social, condición económica o credo religioso. Parte del argumento de los opositores se fundaba –antes igual que ahora– en la defensa de la libertad de enseñanza.

Pero hoy -y sin enturbiar la discusión con los mismos argumentos de  hace 100 años para poner trabas al cambio- podemos contribuir a crear mejores opciones de futuro para la educación chilena, ofreciendo una enseñanza de calidad sin brechas ni exclusiones. Para eso estamos los parlamentarios, no para administrar el modelo vigente, ni para proteger intereses particulares, ni para patrocinar la inequidad.