contaminaciónLlegó la hora del balance anual. En materia ambiental, este ha sido un año especial, de aparentes buenas noticias a nivel nacional, y no tan buenas en el contexto internacional. En Chile el nuevo gobierno ha traído consigo acciones concretas y varios anuncios para el corto plazo aún sin concretarse. En el resto del mundo, a la luz de los escasos avances de la COP20 en Lima, ha primado el inmovilismo.

Pero ciñámonos a nuestro terruño. Las cuentas alegres del 2014 vienen de la mano del que pareciera ser el portazo final a Hidroaysén y la pronta transformación en Ley de las ideas que originaron el movimiento República Glaciar. Ambas acciones tienen en común la protección del agua como patrimonio natural. Pero no sólo eso. Tanto el rechazo del Comité de Ministros a las represas de Endesa y Colbún, como la iniciativa parlamentaria de la Ley de Protección de Glaciares nacen del corazón de los movimientos sociales. Aquello exige destacar el compromiso de ciudadanos, ciudadanas y organizaciones no gubernamentales, pero asimismo pone una alerta en la gestión ambiental del ejecutivo, el que pareciera carecer de estrategias decididas en la materia. ¿Qué hubiese sucedido sin la perseverancia del Consejo de Defensa de la Patagonia y el movimiento ciudadano de la Región de Aysén? ¿Estaría en discusión hoy una Ley que busca proteger y preservar los glaciares sin la genial campaña de Greenpeace?

El Ministerio de Medio Ambiente, a diferencia de la administración Piñera, ha sido bastante más proactivo y ha acelerado el tranco para la pronta generación de Planes de Descontaminación en la mayoría de las ciudades cuya calidad de aire producto de la combustión de leña ha superado los límites tolerables. Pero estos Planes no son suficientes.

Donde sí pareciera que existiese una estrategia clara es respecto a contaminación atmosférica. En efecto, el Ministerio de Medio Ambiente, a diferencia de la administración Piñera, ha sido bastante más proactivo y ha acelerado el tranco para la pronta generación de Planes de Descontaminación en la mayoría de las ciudades cuya calidad de aire producto de la combustión de leña ha superado los límites tolerables. Pero estos Planes no son suficientes. Ni la eventual prohibición del uso de leña, ni el recambio de calefactores, ni las experiencias piloto en calefacción distrital, vendrán a resolver un problema que es evidentemente socio ecológico. No es posible que se siga transfiriendo al ciudadano la responsabilidad de la calidad del aire que respira. La responsabilidad es del Estado que durante décadas ha permitido un desarrollo urbano con ausencia total de planificación. Los Planes de Descontaminación son medianamente eficientes frente a la urgencia, pero de nulo impacto en la resolución definitiva del problema. Un instrumento de gestión transformado en símbolo de buenas intenciones.

Pero si de acciones simbólicas se trata el Proyecto de Ley Marco para la Gestión de Residuos y Responsabilidad Extendida del Productor es el mejor ejemplo. El objetivo de este proyecto, heredado del gobierno anterior y al que se le han hecho ínfimas modificaciones, mantiene la dispersión normativa y conserva en los municipios la función privativa de la gestión de residuos. Este proyecto tiene la intención que productores de lubricantes, aparatos eléctricos, diarios, envases, neumáticos, pilas y vehículos, se hagan cargo de los residuos que sus productos generen. ¿Cómo lo harían? Se les invita a celebrar convenios con municipios, idénticos municipios que hoy están totalmente sobrepasados con la administración de sus servicios de aseo. No puede ser una “Ley Marco” un cuerpo jurídico que no diferencia los tipos u origen de los residuos sólidos, que no define competencias institucionales, y que no se hace cargo de más del 60% de los residuos que los municipios deben gestionar: los residuos orgánicos. Los mismos que son los principales responsables de las más costosas externalidades de los cientos de vertederos a lo largo del país.

Pero hay más iniciativas a destacar este 2014. El Proyecto de Ley de Biodiversidad y Áreas Protegidas es uno de los baluartes del Ministerio de Medio Ambiente; sin embargo ¿qué valor tiene un proyecto de Ley frente a la aprobación de la reinstauración del incentivo a la forestación establecido en el DL 701, instrumento legal que ha permitido el crecimiento indiscriminado de las empresas forestales, principal fuerza motriz de la pérdida de bosque nativo al sur del país? O el rimbombante Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, instrumento que carece de indicadores que permitan medir la capacidad de adaptación del país a la variabilidad climática global.

Pese a todo lo anterior hay que agradecer a los actuales gestores ambientales gubernamentales por las buenas intenciones del 2014. No es de su completa responsabilidad que las políticas ambientales sólo puedan avanzar en la medida de lo posible: atendiendo lo que les parece urgente y abandonando lo importante. Sería más sensato que aquello se reconociera y no se anunciara cada iniciativa como un cambio de paradigma, cuando a la luz de los antecedentes, de ello sólo hay símbolos.

Aunque pudiera ser que las autoridades creyeran que con títulos y discursos tendremos un Chile preparado para los desafíos que exige la sustentabilidad global y el desarrollo nacional. Si así fuese tendríamos otro problema y nuevamente serían los ciudadanos, científicos y organizaciones no gubernamentales los llamados a crear la agenda en materia ambiental. Sin duda el 2015 habrá mucho de ello y hay que estar preparados. Que no pase un año más, que la calidad ambiental y el patrimonio natural, de y para las próximas generaciones, no se asegura únicamente con intenciones y buenas noticias.