violencia machistaUn estudio recientemente publicado por el Instituto Europeo para la Igualdad de Género (EIGE) dio a conocer el gasto que provoca a los países de la comunidad europea  los distintos actos de violencia machista, el que alcanza los 190.000 millones de euros al año, principalmente concentrados en atenciones de salud, servicios sociales, procesos judiciales y pérdidas económicas derivadas de la violencia de género.

Según consigna ElPaís.comel monto destinado por los 28 estados miembros de la UE significa un 0,8% del PIB de todos los países del pacto juntos.

Sin embargo, el estudio alerta que los países de la comunidad europea sólo invierten en prmedio un 3% de dicha cifra en programas de prevención.

El estudio es el primer análisis de cuánto cuesta a los estados miembros de la UE los distintos actos de violencia de género, tanto de manera directa como indirecta.

El estudio afirma que son 55 millones de europeas las afectadas por el problema social, y que el 22% de las ciudadanas de la UE ha sufrido alguna vez malos tratos por parte de su pareja o expareja.

Estas agresiones a las que son sometidas las europeas genera gastos principalmente en atenciones médicas de urgencia, además de atención especializada, fármacos, y posteriormente requieren de atenciones médicas de salud mental, sexual y reproductiva.

Sólo estos elementos significan un gasto de al rededor de 7.600 millones de euros al año, siendo claramente evitable. A ello se suma el cálculo de lo que se deja de producir por los días de ausencia laboral, o por el bajo rendimiento tras las traumáticas experiencias. Este ítem, según el mismo estudio, supone una pérdida cercana a los 1.600 millones de euros anuales.

Los procesos judiciales son los que más carga económica generan a los estados, ya que involucran todas las etapas de investigación que requiere cualquier tipo de delito. Es decir, desde la investigación policial, pasando por los forenses, hasta la etapa misma del proceso judicial, incluyendo medidas de protección o cautelares.

En Reino Unido, dichos factores suponen, según el estudio del EIGE, un gasto de casi 2.500 millones de euros al año. La cifra resulta difícil de trasladar a la realidad de los otros países de la UE, ya que los sistemas legales de los 28 Estados miembros son distintos.