El caso de Bryan Seguel: El Estado no persigue a cualquiera

El día 20 de mayo este año, tras un mediático operativo policial, se detuvo al estudiante de sociología Bryan Seguel, acusándolo de ser el responsable de la golpiza propinada a un funcionario de Carabineros el primero de Mayo en la Plaza Brasil, en el contexto de la marcha por el Día del Trabajador.

En el control de detención la defensa penal estuvo a cargo de nosotros, la Defensoría Popular, en particular de quien escribe, pues el mismo Bryan nos pidió que lo defendiéramos.

Como siempre lo hemos hecho, en el control de detención, donde se le formalizó por maltrato de obra a carabineros, evidenciamos que la versión del Ministerio Público olía a montaje, alegamos la total inocencia de Bryan, y desvirtuamos toda la prueba de la Fiscalía, que solo consistía en peritajes de LABOCAR y reconocimiento fotográfico de testigos del hecho investigado.

En esa oportunidad, el juez de garantía a cargo de la audiencia señaló expresamente que “quien aparecía en las fotos no era quien estaba sentado en calidad de imputado”, y no lo era porque de una simple revisión de los antecedentes, aquello era evidente.

No se decretaron medidas cautelares, pero la Fiscalía en su afán de encarcelar apeló a la resolución solicitando prisión preventiva. Les fue fue mal porque Bryan solo quedó con firma mensual y arraigo nacional, medidas cautelares de baja intensidad pero que de todas formas restringen –aún más- la libertad personal de cualquiera.

La investigación siguió su curso; Bryan ya había prestado declaración y tras varios meses parecía que íbamos a pelear el todo por el todo en un juicio oral y público. Así, en el mes de octubre, Bryan convencido de su total inocencia colaboró con las pesquisas, autorizando al Servicio Médico Legal para que le realizara peritajes maxilofaciales, con el objeto de determinar si la persona que se ve en el video es él… Esto quiere decir que recién a los cinco meses de iniciada la investigación se comenzaron a hacer peritajes serios.

La sorpresa fue mayor al constatar que a fines de noviembre nos llegó la notificación de que el Ministerio Público, había cerrado la investigación y también había decidido no perseverar en el procedimiento, facultad que la ley le permite sin dar expresión de causa. Ante esto la defensa no pudo hacer nada, los únicos facultados son los querellantes, que en este caso eran la Intendencia Metropolitana y el funcionario de Carabineros, quienes no se opusieron a que se cerrara la investigación.

En este escenario fue que pedimos, como defensa, que se discutiera en audiencia el sobreseimiento definitivo, alegando la total inocencia de Bryan, esto no era antojadizo, sino porque desde un principio entendimos que no había ningún antecedente serio que vinculara a Bryan con los hechos. Es más, a principios de diciembre, constatamos que el peritaje del SML no se iba a realizar, porque este mismo Servicio le respondió a la Fiscalía que ellos no podían hacer ese tipo de exámenes simplemente porque no les correspondía, es decir, no existía ninguna prueba científica que acreditara los cargos a Bryan.

El día 26 de diciembre se desarrolló la audiencia de sobreseimiento; en particular, me dediqué a desvirtuar cada una de las pruebas que tenía el Ministerio Público, señalando que no había antecedentes para vincular a Bryan con los hechos investigados y que por tanto que debía decretarse el sobreseimiento. Lamentablemente no pudimos contar con ningún peritaje propio que derribara los paupérrimos que tenía la Fiscalía.

El tribunal resolvió negando el sobreseimiento, pues a juicio de él existían “algunos antecedentes” que lo vinculaban el día de los hechos, es decir, una vez más los jueces de garantía avalaron una investigación desprolija y descuidada, una vez más se formalizó con cargos gravísimos a un joven que se “parecía» a otro, una vez más se criminalizó a otro estudiante por movilizarse, y una vez más la fiscalía decidió no perseverar, manteniendo por largos meses a una persona y a toda su familia bajo un proceso penal porque “podía ser” el que golpeó a un funcionario policial.

La resignación no es menor, me habría gustado que el Ministerio Público hubiese llevado a juicio a Bryan, y en una audiencia oral y pública se decretara su total inocencia. Pero no fue así, la Fiscalía optó por la puerta trasera, lavándose las manos y ocupando las facultades que le da la ley (las que dicho sea de paso, quieren ampliar).

Lo único claro que deja este caso, es como opera el Estado y sus instituciones, porque aún queda la duda existencial de cómo vinculan a Bryan con los hechos, cómo llegan a su cuenta de Facebook entre más de 6 millones de usuarios. Para algunos la duda ya tiene respuesta, otros siguen creyendo en la justicia, si no me cree, pregúntele a los carabineros que han asesinado por la espalda o a Martín Larraín.