bachelet-reforma-educacional-620x330“La operación ha sido un éxito, pero el paciente falleció”. El viejo proverbio parece especialmente creado para advertir lo que sucede por estos días con la tramitación del proyecto de ley que busca acabar con el lucro, la selección y el copago en la educación escolar. Es que pese a la eficacia demostrada por el Ministerio de Educación en el diseño de una estrategia que le de viabilidad al proyecto en el Senado, crecen las dudas sobre la capacidad que dicha fórmula tendrá no ya para conseguir votos suficientes entre los honorables, sino para materializar los objetivos mismos de la reforma.

El nuevo escenario se terminó de configurar entre Navidad y Año Nuevo, cuando el 30 de diciembre el Gobierno alcanzó un acuerdo con un grupo de senadores para alargar los plazos de erradicación del lucro, permitir los arriendos de colegios y relativizar el fin de la selección. Ningún papel le cupo en este proceso a dirigente alguno de la oposición; fueron los senadores Lagos Weber (PPD), Montes (PS) y Walker (DC) los encargados de procesar junto al Mineduc los reparos de la Nueva Mayoría, la Iglesia Católica, sostenedores y otros grupos de presión para traducirlos en un total de 60 indicaciones que fueron ingresadas el viernes 2 de enero al Congreso.

Ya el lunes 5 el Gobierno enfrentaba con nuevos aires el panorama legislativo de la reforma educacional. “Enero de 2015 es el mes del fin del copago, la segregación y el lucro en nuestro sistema educacional”, afirmaba un entusiasta Álvaro Elizalde desde La Moneda. El vocero estival de la Nueva Mayoría, senador Alejandro Navarro, en tanto, sumaba al optimismo del ministro un llamado a la disciplina del bloque oficialista: “El acuerdo es entre el Gobierno y los senadores de la Nueva Mayoría, no hay ningún espacio para poder innovar”. El ministro Eyzaguirre, a su vez, declaró sentirse “esperanzado”.

Pero poco perduraría la imagen de orden en torno a la reforma que quiso proyectar La Moneda. Es que a pesar de las palabras de Elizalde, las indicaciones se tratan precisamente de que enero de 2015 no sea el mes del fin del copago, la discriminación y el lucro.

Las reacciones no se hicieron esperar. A la advertencia de la presidenta de la FECH Valentina Saavedra sobre el “CAE inmobiliario” que constituiría la garantía estatal de la compra de colegios vía créditos bancarios, se sumaron las críticas de diputados de diversas bancadas sobre las contradicciones entre las indicaciones y los objetivos declarados de la reforma.

La diputada DC Yasna Provoste, aseguró a El Mercurio que “esta iniciativa (fórmula de arriendos) que ha promovido el senador Montes, lo único que busca es perdurar con el lucro, una manera de lucro encubierto, y obviamente yo no estoy de acuerdo”. A las declaraciones de la ex ministra de Educación, Camila Vallejo añadió estar “muy preocupada porque se establecería un total de 10 años para mantener un arriendo al 11% del avalúo fiscal y después algo -que dicen que no es arriendo, pero para mí es un arriendo-, que es al 5% de avalúo fiscal, que es lo que sube el valor de la depreciación del inmueble”.

Según el diputado Gabriel Boric, en tanto, “el problema de estas indicaciones es que comprometen el sentido mismo de la reforma. No es por lo que marchamos en 2006 y 2011, de ahí que no se justifique apoyar el proyecto como pretenden dejarlo el Gobierno y los senadores”.

Para el presidente de la FECH 2012 los puntos más críticos son “la permanencia del sistema de financiamiento vía vouchers, la garantía estatal de los créditos bancarios para la compra de colegios y la permisividad de la selección en algunos establecimientos”.

“El fin del copago es positivo -señaló Boric a El Desconcierto-, pero si se hace a través de más vouchers se consagrará la competencia, blindando el ineficiente mercado de la calidad y precarizando la educación pública”. El parlamentario por Magallanes agregó que “se deja la puerta abierta al lucro de facto mediante las rentas auto-atribuidas y los arriendos, que son precisamente el mecanismo usado por las universidades para lucrar. No hay argumentos para que el Estado deba pagar lo que –en teoría- dejarán de ganar los establecimientos con fines de lucro. Sin embargo, el Gobierno hace grandes esfuerzos para asegurar el reingreso íntegro de las utilidades”.

“Más grave aún es si se propone la autocompra de establecimientos con créditos bancarios garantizados con recursos públicos. Quienes lo defienden dicen que es la única opción viable, que la expropiación es muy cara. Yo les sugiero que revisen lo que sucedió hace poco nada más con el CAE. Se decía lo mismo, que era más barato, que se resistirían las presiones de la banca, pero el CAE terminó siendo un desastre para las familias y para el Estado, pero un tremendo negocio para los bancos”, señaló el diputado de Izquierda Autónoma.

Otro contenido criticado de las indicaciones acordadas entre el Gobierno y los senadores de la Nueva Mayoría es el de la relativización del fin de la selección. Según el acuerdo, los colegios privados podrán seguir seleccionando, así como también todos los “proyectos educativos especiales” (y no ya sólo los liceos emblemáticos, según disponía el anterior proyecto) que reclamen dicha condición ante el Mineduc y el Consejo Nacional de Educación como razón para seleccionar a máximo el 30% de sus estudiantes. De este modo, más que la gradualidad demandada transversalmente para aplicar esta medida, se generan excepciones permanentes al fin de la selección.

A quien no le gusta nada esta parte de las indicaciones es a Juan Eduardo García-Huidobro, investigador del Centro de Investigación y Desarrollo de la Educación (CIDE) de la Universidad Alberto Hurtado. Consultado por El Desconcierto, García-Huidobro señaló que “en esta materia estamos ante una contradicción con uno de los principios que inspiran la reforma: hacer de la educación un derecho universal”.

El ex presidente del Consejo Asesor Presidencial para la Educación señaló que “se mantiene la selección en nombre de la meritocracia, pero nuestro sistema educacional no es meritocrático, sino reproductor de diferencias de clase. Y en el supuesto de que lo fuera, debe primar un criterio distinto, el democrático, en el sentido de que los niños talentosos también tienen una responsabilidad social, que es la de compartir esos talentos con sus compañeros”.

“La tendencia en la sociedad –reconoció García-Huidobro- es a la selección; los padres porque se sienten más seguros, los profesores porque se sienten más cómodos. Pero el rol del Estado es revertir esas tendencias, porque son intereses particulares, para hacer prevalecer lo que es mejor para todos”. Para el investigador, las indicaciones del Gobierno en materia de selección son “incorrectas en términos de principios e impracticables en términos de su implementación”. Aventurando una explicación, García-Huidobro identifica “el predominio de un pragmatismo político que parece decir ‘hasta aquí no más llegamos porque Chile no da para más’. Pero el problema es que no ha habido una discusión de fondo, ya que se discute desde particularismos: que qué le va a pasar con esto a tal o cual colegio en específico, y no desde el punto de vista de lo que ganaríamos como sociedad”.