LoretoLopezGEse es el lema de la Comisión Funa, cuando violadores a los derechos humanos no han sido procesados por la justicia (la mayoría). Entonces la Comisión entra en acción para funar, escrachar, denunciar públicamente la presencia de los victimarios en la sociedad postdictatorial.

La funa es la condena social, es el señalamiento público que opera desde el sentido común, desde lo que todos saben y no están dispuestos a callar por tecnicismos legales, pactos de silencio y redes de protección que siempre favorecen a los más ricos, a los más poderosos, a los que pueden ponerse sobre la ley, a los que pueden jugar con el sistema legal porque disponen de muchos recursos para hacerlo, y no únicamente dinero.

Hay sectores que cuando les conviene invocan a la acción de la justicia como medida de la moral. ¿Qué dicen insistentemente aquellos que adhirieron a la dictadura y que hoy militan en la UDI o RN cuando algunos de sus correligionarios aparecen mencionados en casos por violaciones a los derechos humanos?: mientras la justicia no los declare culpables no tienen nada por que responder ante la sociedad (y así tienen a Labbé entre sus filas esperando por las próximas elecciones de alcalde). Pero hace poco un diputado UDI votó en contra de la revocación de la nacionalidad a John O’Reilly porque considera que el sacerdote es “inocente” aunque los tribunales los encontraron culpable de abuso a menores. Seguramente pronunció las palabras mágicas que suelen usar los udis para explicar sus misteriosas tendencias y opiniones: “tengo la más profunda convicción”, que quiere decir algo así como “lo quiero creer y punto, y nadie me va a convencer de lo contrario”.

En definitiva con su comportamiento muestran un claro desprecio por la acción de la justicia. Como se diría coloquialmente “les importa un pepino” lo que digan los tribunales, porque además, como vimos hace poco, probablemente tienen una clara conciencia de las formas de influencia que son capaces de ejercer, sin necesariamente llegar a la coerción.

Esto último me recuerda la forma en cómo se describió el caso de Colonia Dignidad en un seminario que se hizo sobre ella, al que tuve la oportunidad de asistir durante diciembre. Sin excepción todos los expositores: un ex funcionario de la PDI que había estado a cargo de una serie de investigaciones; el abogado del Consejo de Defensa del Estado, que lleva casos contra el enclave; un ex diputado; periodistas que hicieron reportajes televisivos; etc., coincidían que estábamos frente a un caso flagrante de corrupción que se promovía de “maneras sutiles” y que se reforzaba por la obsecuencia de las instituciones políticas, judiciales, policiales, públicas, hacia el poder.

En otras palabras, los jerarcas de Colonia Dignidad no ejercitaban necesariamente ni siempre presiones indebidas o cooptaciones explícitas a las autoridades, sino que también confluía hacia el enclave la libre y voluntaria adhesión de todo tipo de actores, que hacían “vista gorda” de los crímenes de la mal llamada “Sociedad benefactora”. De manera que la olla que se destapó en los noventa a propósito de los abusos sexuales y de la colaboración con los aparatos represivos de la dictadura, reveló una larga y amarga historia que se remontaba a la década del 60, cuando la Colonia se instaló en Chile, donde la afable relación entre las autoridades chilenas y los alemanes se había naturalizado.

Si esto es así, no sólo hay que funar a los perpetradores de los crímenes, a los que se burlan de la acción de la justicia y la usan convenientemente, como el hijo del ex timonel RN que atropelló, mató y huyó dejando a una persona indefensa y que salió libre de ese delito, sino también a los y las jueces que sucumben a la influencia del poder y aplican la ley en beneficio de los más pudientes.

Un viejo funcionario de la PDI preguntaba indignado en el citado seminario sobre la Colonia Dignidad: ¿Cómo fue posible todo esto y por tantas décadas? Porque ninguno de los organismos que debía fiscalizar, proteger a los desvalidos y cautelar derechos, hizo su pega, porque todos prefirieron ser obsecuentes o mirar para el lado. Asumiendo incluso actitudes racistas, ¿porqué no decirlo?, ¿acaso la Colonia Dignidad no era presentada como un ejemplo de desarrollo y heroica gesta civilizadora en un páramo de incultura y subdesarrollo?, baste recordar cómo la retrataban los medios de comunicación.

Obvio que hay que funar, hay que funar a la “justicia de clase”, a todos y todas los que tienen la “profunda convicción” de que la igualdad es un atentado contra la leyes naturales en las que dicen fundar su moral.