clarisa hardySi algo podemos decir respecto del año que acabamos de dejar atrás, es que sorprendió a gran parte de los actores del sistema político.

En primer lugar, la sorpresa fue de quienes creyeron que da igual lo que se diga en campaña, porque las materias que se deben abordar al gobernar son otras. Son los que no leyeron el programa de gobierno de la Nueva Mayoría porque, a su juicio, éstos nunca han sido la apuesta real para quienes gobiernan. O, si lo leyeron, lo desestimaron, convencidos que los gobernantes privilegiarían la continuidad sobre el cambio. Entre estos, mayoritariamente están los integrantes de los partidos opositores.

Su sorpresa fue, no tanto que perdieron la elección presidencial por una abrumadora diferencia y que quedaron en franca minoría parlamentaria -aún con la ventaja que les otorga el sistema electoral binominal- sino que el gobierno electo asumió cada uno de sus compromisos programáticos contraídos en campaña. Y por cierto, eso se ha expresado durante 2014, declarando la oposición su sorpresa una y otra vez a medida que el ejecutivo anuncia alguna nueva iniciativa que estaba comprometida en su programa. Con la singular caricatura de “fiebre legislativa”, se le reprocha a un gobierno cumplir su palabra.

También fue sorpresa para quienes, formalmente adherentes de los compromisos programáticos de la Nueva Mayoría durante la campaña, seguramente creyeron que, una vez en ejercicio, el gobierno pasaría a darle “realismo” a la propuesta programática gubernamental, o en la jerga utilizada durante 2014, aplicando “matices” y “correcciones” a los compromisos. Su sorpresa se produjo porque, en realidad, resultó ser no sólo un programa de campaña, sino también programa de gobierno.

Eso provocó los primeros sacudones al interior de la coalición gobernante, entre aquellos que asumieron el programa como algo inevitablemente propio de una campaña y quienes se lo tomaron en serio como una orientación del quehacer gubernamental. Y la elección del gabinete expresó mayormente esta segunda mirada, la de un programa de gobierno que debía guiar la gestión que se iniciaba en marzo. No como la biblia o las tablas de la ley –como han intentado caricaturizar los que se han sorprendido de esta opción-  sino como un compromiso político que obliga moralmente a los gobernantes.

Fue sorpresa para los más convencidos, para muchos de aquellos firmes adherentes  de la propuesta programática de la Nueva Mayoría -no sólo como retórica electoral, sino como guía de gobierno-, al descubrir que, detrás de los postulados, principios y propuestas generales del programa, no había mayores avances de diseños técnicos, ni políticos.

Pero también fue sorpresa para los más convencidos, para muchos de aquellos firmes adherentes  de la propuesta programática de la Nueva Mayoría -no sólo como retórica electoral, sino como guía de gobierno-, al descubrir que, detrás de los postulados, principios y propuestas generales del programa, no había mayores avances de diseños técnicos, ni políticos. Y fue en el paso de la poesía de campaña a la prosa de la gestión gubernamental, que se desataron los debates de fondo, poniéndose en riesgo la materialización de las propuestas en su sentido original.

La sorpresa por la baja densidad técnica y de lógica política en los diseños de las propuestas que estaban contenidas en el programa de campaña, la sorpresa por las poco rigurosas medidas que deberían darle carne a la implementación de las propuestas una vez en el ejercicio de gobierno, es lo que explica, no sólo la menor adhesión política de muchos de los partidarios de la Nueva Mayoría, sino sobre todo la pérdida de fuerza social que debería acompañar las reformas programáticas en curso.

Más allá de si la Nueva Mayoría es una alianza estratégica de centroizquierda o un arreglo político transitorio, es evidente que cuenta con un programa y el compromiso expreso de aplicarlo. Y es un programa para desterrar los fundamentos de las desigualdades en todas sus dimensiones. De lo que carece, en cambio, es de estrategia política para ganar fuerza social en la ejecución de un programa de esta envergadura, por una parte; y por otra, de políticas públicas finas para traducir tal programa en medidas e iniciativas tangibles para la inmensa mayoría de una ciudadanía que espera cambios en sus vidas.

Y de este panorama de sorpresas del 2014 debemos pasar a los retos de certezas en 2015.

En primer lugar, y como punto de partida, en el 2015 se trata de defender los compromisos políticos asumidos en campaña pues es la materialización de sus promesas lo que hará creíble al gobierno, legítimos a los partidos que lo sustentan y creíble una política que cada vez más se distancia de la ciudadanía. El cumplimiento de la palabra empeñada es un bien del que se ha ido despojando la política y su restauración puede ayudar a sanar a un sistema político enfermo.

chile-pobrezaEsto quiere decir que destronar los fundamentos de la desigualdad debe seguir siendo el motor que guíe el hacer del gobierno, en todos los frentes en que ello ocurre. Y ello, no sólo por opciones valóricas, sino porque el principal enemigo del progreso económico y social del país es la excesiva asimetría de poder que vive la sociedad chilena. De eso trata la desigualdad en definitiva, de una asimetría de poder –en la economía, en las relaciones sociales y en la política- que tiene como efecto que los derechos de unos pocos condicionan la cantidad y calidad de los derechos de las mayorías.

Sobre la educación y su reforma se ha dicho mucho y escrito aún más. Sólo agregar que es necesario despachar en breve en el Congreso la iniciativa que pone fin al lucro, la selección y el copago, para dar lugar durante el 2015 a las propuestas legislativas que refuerzan el sistema público de educación. Pero también abordar iniciativas programáticas educacionales que, sin pasar por el Congreso, tocan directamente el quehacer al interior del aula y de la escuela, allí donde los apoderados verifican cotidianamente lo que ocurre con la educación de sus hijos.

Haber mandado una reforma laboral al Congreso a fines de diciembre para iniciar su trámite legislativo en enero del 2015 es, no sólo cumplimiento de una promesa de campaña, sino un imperativo en la orientación por desterrar fuentes evidentes de desigualdad. Es más, haber centrado toda la discusión de la desigualdad en 2014 en el sistema educativo, no sólo puede generar frustración de expectativas por el mediano y largo plazo en que se verán sus resultados, sino porque es insuficiente. Las evidencias de las dimensiones no educativas de la desigualdad son contundentes y la gran mayoría de ellas están radicadas en la esfera del trabajo.

Y son cambios en las relaciones laborales y en la calidad de los empleos asociados a los procesos de negociaciones colectivas, los que provocarán resultados visibles en los hogares en el corto plazo y permitirán que ciertas condiciones de desigualdad tengan soluciones en la vida cotidiana de los trabajadores y sus familias.

Frente a las pueriles argumentaciones que ponen en cuestión los méritos de un proyecto que norma la forma en que deben relacionarse las partes en el mundo del trabajo, aduciendo que se deja afuera a los que no trabajan, sólo queda responder que de lo que se trata es evitar que la creación de empleos se facilite a costa de la precarización de los mismos y, por tanto, que quienes acceden a un trabajo puedan asegurar condiciones de negociación más equilibradas y pisos básicos de derechos en dicha negociación. Por lo mismo, impactar en la calidad de sus empleos.

Digamos, además, para responder a la preocupación de quienes están tan “sensibilizados” frente a la menor ocupación en períodos de escaso crecimiento económico, que es preciso recordar que en períodos de alto crecimiento de todos modos nuestros jóvenes y las mujeres son los marginalizados del mercado laboral, los que menores remuneraciones reciben y los que mayormente integran los empleos socialmente desprotegidos. Para enfrentar este fenómeno no hace falta la legislación solamente, se requieren programas especiales (como los que ha iniciado este gobierno –Programa Más Capaz- que debería despegar con intensidad en 2015 para aumentar el empleo de estos segmentos) y romper las inercias culturales que sostienen las discriminaciones etarias y de género.

No es en vez de la reforma laboral enviada al Congreso, es además de ella el conjunto de otras iniciativas que deben hacerse cargo de cómo abatimos las bajas tasas de participación y las discriminaciones en un mercado laboral tan segmentado.

La salud ha sido siempre y sigue siendo ahora una de las prioridades que los ciudadanos ponen en los primeros lugares de su preocupación en todas las encuestas de opinión pública. Es cierto que la educación y el trabajo son cruciales para enfrentar las desigualdades, pero no hay nada más desigual en la vida cotidiana de las personas que la manera en que resuelven su situación de salud.

En 2014 no fue parte del debate el sistema de salud, pero sí de las encuestas. La salud ha sido siempre y sigue siendo ahora una de las prioridades que los ciudadanos ponen en los primeros lugares de su preocupación en todas las encuestas de opinión pública. Es cierto que la educación y el trabajo son cruciales para enfrentar las desigualdades, pero no hay nada más desigual en la vida cotidiana de las personas que la manera en que resuelven su situación de salud. Las colas, la escasa atención de especialistas, la deficitaria infraestructura e insuficiencia de establecimientos de alta complejidad, el acceso a medicamentos de alto costo, entre varios otros, marcan ciertamente las distancias en una ciudadanía de primera y de segunda. Estos contenidos de las políticas de salud deben ser posicionados y resueltos con prioridad en 2015.

Invisibilizados en la agenda pública por el peso mediático de las reformas tributaria y educacional del 2014, están los niños y niñas, los adolescentes, las mujeres, los adultos mayores. Silenciosamente la gestión gubernativa trabaja con estos sectores, pero nada poderoso ha aparecido en la agenda pública sobre estos grupos, ni en la experiencia cotidiana de sus familias durante el primer año del gobierno.

El 2015 debe ser un año en que empiecen a dar frutos legislativos y programáticos el Consejo Nacional de la Infancia y Adolescencia, así como fortalecerse y extenderse en edad el Sistema de Protección Chile Crece Contigo.

Se debe avanzar en todas las medidas que terminan con las discriminaciones de las mujeres: igualdad salarial, leyes de cuotas en el sistema político y económico, normas legales que penalicen las discriminaciones de las mujeres en las distintas esferas del quehacer nacional, incluidos sus derechos sexuales y reproductivos.

Y que los pensionados de Chile tengan resultados visibles en sus jubilaciones, desde la Pensión Básica Solidaria garantizada como un derecho que no se pierde una vez que ha sido otorgada, hasta la vigencia de otras transferencias o subsidios de servicios y habitabilidad que mejoren la calidad de lo que resta de sus vidas

Por cierto, 2015 es el año en que las desigualdades que afectan la calidad de nuestra democracia deben ser abordadas, haciendo efectivo el derecho a participar del ejercicio de la política sin estar condicionados por determinantes económicas, ni por redes de poder. No sólo una nueva normativa que regule el financiamiento de la política y termine con el atentado democrático que significa la colusión de política y dinero, sino reforma a los partidos políticos, avanzar en descentralización y en mayor participación de la ciudadanía en la deliberación democrática. No cabe duda que esto supone una nueva Constitución que haga del principio de la igualdad ciudadana de derechos su eje central en todas las esferas de la vida nacional.

Chile no resiste, dice una derecha que ve cuestionada las reglas de su juego, tantos cambios en tan corto tiempo. Esos cambios generan incertidumbres y, por lo mismo, miedos. De modo que exacerbarlos es productivo para una oposición amenazada en sus privilegios. La tarea del buen gobierno es desactivar los comprensibles miedos que todo cambio genera en las vidas de mayorías que sólo anhelan que tales cambios sean para mejorar y no empeorar sus condiciones conocidas de vida. Los buenos argumentos no bastan. Las mejores soluciones técnicas tampoco, si no se acompañan del consentimiento de quienes habrán de experimentarlas. De allí que el diálogo social, la búsqueda de iniciativas con sentido, la participación ciudadana y de los actores sociales y políticos, es decisiva en toda solución.

Y la inseguridad sigue siendo acompañante de la vida de los ciudadanos, centrados todos en cuánto hay que avanzar en 2015 en materias punitivas y de seguridad interior. El discurso duro que quiere sembrar tranquilidad, pero que elude problemas de fondo. Como reflexión final, no puede ser que todavía no provoque suficiente alarma el hecho de que un cuarto de nuestros jóvenes esté fuera de las reglas del juego que la propia derecha defiende, pues ni estudian ni trabajan. Jóvenes que miran desde afuera, con total desafección lo que ocurre en una comunidad de la que no son o no se sienten parte. Serán ellos los que, más temprano que tarde desconocerán, no sólo las actuales reglas del juego, sino cualquier regla de juego de una convivencia que los deja afuera.

Por ese motivo la urgencia de tocar todos los frentes de la desigualdad de una vez es para evitar, precisamente lo que la derecha tanto teme, la hipoteca de nuestro futuro.

*Esta texto fue originalmente publicado en la web de Fundación Dialoga.