Caso Penta, el Grupo Angelini y la Ley Longueira de privatización pesquera

Los hechos develados a la opinión pública por el denominado caso Penta, confirman lo que es un secreto a voces en la mercantilizada política chilena: la existencia de redes corporativas para el financiamiento encubierto a políticos, parlamentarios y funcionarios públicos, a cambio de intervenir en las decisiones del Estado y los gobiernos de turno, influir en las agendas de los partidos políticos, e imponer en el parlamento leyes funcionales a sus intereses.

Esta relación mafiosa entre grupos de aportadores privados y receptores públicos, contribuye al creciente descrédito, la falta de legitimidad y el posterior distanciamiento de la ciudadanía frente al actual sistema político y sus prácticas institucionales, al ser evidente que es el dinero empresarial el verdadero partido gobernante en Chile, independiente de quien sea la coalición o la presidenta en ejercicio.

El accionar encubierto del dinero corporativo en los espacios de poder y toma de decisiones políticas, son prácticas cada vez más habituales y menos excepcionales, las que están contribuyendo a la progresiva descomposición política-institucional del país, al posibilitar al empresariado corruptor y grupos vinculados a otras actividades ilícitas, tales como el narcotráfico, la capacidad de presionar al Estado, parlamento y los partidos políticos mediante  la vía del chantaje, tanto por lo que saben de sus miembros, como por los montos de dinero entregados.

La ley Longueira de privatización pesquera y el accionar corruptor del Grupo Angelini

En el contexto del caso Penta, los ciudadanos organizados, pymes , pueblos originarios y los 30.000 pescadores de pequeña escala organizados en el Consejo Nacional de Defensa del Patrimonio Pesquero (Condep), se preguntan sobre cuál es el estado actual de las investigaciones iniciadas el año 2013 sobre las denuncias del accionar corruptor del Grupo Angelini durante la tramitación express de la nueva ley de pesca que privatizó de manera gratuita y a perpetuidad los peces del mar chileno.

Esta ley, denominada popularmente ley Longueira, por quien fuera su principal impulsor y operador político, entregó certeza jurídica y excluyentes derechos de propiedad al denominado «cartel» de la pesca, dominado por siete clanes familiares-empresariales liderado por el Grupo Angelini. Esto les permite a un pequeño y transversal grupo empresarial tener el goce monopólico de las rentas pesqueras del país , estimadas a esa  fecha en 74 millones de dólares anuales.

Con ello, el Estado y el parlamento han vulnerado el principio constitucional de libertad económica y no discriminación arbitraria, dada la asignación en exclusividad de derechos de acceso y propiedad a las valiosas pesquerías industriales  a tan sólo siete familias, los cuales paradojalmente son los principales responsables de la actual situación de colapso y sobreexplotación que afectan a mas de la mitad  de los recursos marinos de la Nación. La ley Longueira de manera complementaria eliminó al Estado en su rol histórico como único asignador de derechos de propiedad, acceso y uso de las pesquerías del país, transfiriéndo este papel al mercado, mediante el Sistema de Cuotas Individuales de Pesca plenamente transables, las que pueden ser vendidas, compradas, arrendadas, colocadas como garantías, e incluso heredadas.

Hoy se sabe que Pablo Longueira también fue unos de los grandes beneficiarios del dinero y prácticas ilegales del grupo Penta. Esto confirma la doble paternidad empresarial que tiene la nueva  ley de pesca.   Esto no es menor, ya que Longueira fue el facilitador del acuerdo cupular entre los dos bloques de partidos de gobierno y oposición para imponer en el parlamento la agenda empresarial de privatización marina, a pesar del amplio rechazo de sectores de  pescadores de pequeña escala, pymes, pueblos originarios y sociedad civil organizada, a la cual se sumó posteriormente un pequeño y transversal grupo de parlamentarios.

Los vicios del trámite parlamentario de la ley Longueira

Desde el inicio de la tramitación parlamentaria, Longueira impuso un férreo control y presión política, con el fin de acelerar la tramitación parlamentaria y eliminar toda oposición al proyecto de ley. Para desactivar una de las principales fuentes de conflicto político y social, impuso en septiembre del 2011 una inédita «mesa de negociación» entre los grandes empresarios pesqueros industriales y las dirigencias de las confederaciones de pescadores artesanales Conapach y Confepach.

En ella se acordó traspasar diversos porcentajes de las cuotas de algunas pesquerías industriales hacia los armadores, (propietarios) de las embarcaciones artesanales, especialmente aquellas con características semi-industriales, a cambio del apoyo político de Conapach y Confepach  tanto al proyecto de privatización pesquera como el rechazo a las licitaciones de las pesquerías industriales.

Según fuentes de la industria y el propio Longueira, el valor de las cuotas que fueron transferidas en la mesa de negociación ascendió a 34 millones de dólares anuales. Llamó la atención el hecho que el Estado, a través del ministro de economía, promoviera y amparara la colusión entre los regulados del sistema para traspasarse recursos pesqueros que no les pertenecían, ya que hasta ese momento seguían siendo bienes comunes de la Nación.
Uno de los costos inmediatos que tuvo este irregular acuerdo, fue el quiebre de la Conapach y la posterior creación del Consejo Nacional de Defensa del Patrimonio Pesquero (Condep), el cual representa a  30.000 pescadores de pequeña escala opuestos a la ley Longueira.

Con posterioridad, la tramitación parlamentaria de la ley Longueira violó  ex-profeso los derechos de los pueblos costeros originarios. Esto, al negarse la comisión de pesca a realizar el proceso de consulta previa e informada a los pueblos Mapuche, Kaweskar y Rapa Nui, contraviniendo la letra y el espíritu del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y la Declaración de los derechos de los pueblos originarios de Naciones Unidas.

Tampoco fueron reconocidos durante la tramitación parlamentaria los usos ancestrales (consuetudinarios) de los recursos hidrobiológicos y del territorio marino-costero por parte de los pueblos originarios. En definitiva, la ley Longueira logró invisibilizar  jurídicamente a los pueblos indígenas, a la vez de despojarlos  de sus derechos de acceso y uso a las pesquerías que aprovechaban de manera ancestral.

A la ilegalidad anterior se sumó la existencia de graves conflictos de interés, al participar en las diversas discusiones y en algunas votaciones, diputados y senadores con intereses económicos en empresas pesqueras y de comercialización. Entre ellos destacan el senador Carlos Larraín, en aquel entonces presidente de Renovación Nacional,  el senador Jovino Novoa y el diputado Alejandro García-Huidobro, quienes violaron  el artículo 5° B  de la Ley Orgánica del Congreso Nacional y el artículo 8° del reglamento del Senado.

Como «guinda de la torta» del viciado procedimiento parlamentario que caracterizó a la ley Longueira, las organizaciones ciudadanas y de la pesca artesanal, denunciaron documentadamente la participación encubierta de los gerentes de los principales conglomerados pesqueros industriales en las negociaciones parlamentarias claves, bajo  el  disfraz de «asesores» de diversos parlamentarios.

The Corpesca Connection: Cohecho y soborno

La ley Longueira constituye una de las mayores expropiaciones de bienes nacionales de uso público del período post-dictatorial, siendo el grupo Angelini su principal beneficiado. En la actualidad, este mega conglomerado empresarial, a través de sus compañías pesqueras Corpesca, Orizon y South Pacific Korp, controla el 90% de las cuotas de pesca de la zona norte del país, y el 25 por ciento de la cuota global de las pesquerías pelágicas industriales chilenas, lo cual los ubica como el segundo productor mundial de harina de pescado.

A pesar de la actual crisis que afecta a las principales pesquerías del país, el Grupo Angelini posee una de las mayores flotas industriales, con 47 barcos, los que abastecen a cinco plantas procesadoras en Arica, Iquique y Mejillones.

El mal olor que tiene la nueva ley de pesca

En mayo del 2013, una situación inesperada dejó en evidencia lo que todo el mundo sospechaba: El financiamiento encubierto de las grandes empresas pesqueras a parlamentarios, políticos y partidos políticos durante la etapa de discusión parlamentaria de esta normativa.

Giorgio Carrillo, ex- asesor de la diputada por Iquique Marta Isasi, quien era acusado de estafa por su ex-jefa, en entrevista al medio electrónico Ciper reveló haber recibido pagos por 25 millones de pesos durante la etapa previa a las votaciones sobre este proyecto de ley. Estos pagos efectuados con boletas de terceros, correspondían a falsas asesorías pesqueras realizadas por la diputada Isasi a la empresa Corpesca. Este soborno corporativo y coima parlamentaria, fue  posteriormente confirmado por Francisco Mujica Ortúzar, gerente general de Corpesca en una cándida entrevista a Ciper. En dicha oportunidad, Mujica señaló que además la empresa del grupo Angelini también había pagado «asesorías» a otros parlamentarios en el mismo período, lo que permitió conocer la existenia de un denominado «frente norte» compuesto por diputados y senadores de las regiones nortinas donde operaban la flota y plantas procesadoras del Grupo Angelini.

El reconocimiento público del soborno del Grupo Angelini a la parlamentaria tuvo consecuencias: La  renuncia inmediata de Francisco Mujica a la gerencia general de Corpesca, luego de haber sido durante 14 años hombre de confianza de la familia Angelini, y la presentación de una querella criminal del Consejo de Defensa del Estado, contra la diputada Isasi, su ex asesor Giorgio Carrillo y el ex gerente de Corpesca, Francisco Mujica, por los delitos de cohecho agravado y soborno.

Con posterioridad, Marta Isasi, quien no fue reelecta en su cargo, fue formalizada el 19 de mayo del 2014. Esta vez, por el delito de fraude al fisco, debido al control negligente de sus asignaciones parlamentarias.

Investigar a fondo los sobornos empresariales en la creación de la ley Longueira

Las organizaciones de la pesca artesanal, pueblos originarios, pymes y ciudadanos, han señalado que la expropiatoria ley Longueira es hija de los dineros empresariales, posee graves vicios de procedimiento, y fue elaborada por parlamentarios que carecían de independencia frente a los intereses del gran empresariado pesquero industrial.

Por ello exigen su revisión, junto a una exhaustiva y profunda investigación de los tribunales sobre situaciones de cohechos y coimas denunciadas durante su tramitación parlamentaria. En este sentido se llama a poner atención sobre el accionar de la denominada «bancada pesquera», integrada por parlamentarios de larga permanencia institucional, tal como el diputado Patricio Melero, quien a pesar de representar un distrito de la región Metropolitana que no tiene mar, ha sido durante décadas, miembro de la comisión de pesca.

Melero se ha caracterizado por votar históricamente en favor de los intereses económicos del «cartel» pesquero industrial. Otro parlamentario apernado en un sillón del congreso por mas de una década, es el diputado Jorge Ulloa, quien también es un antiguo miembro de esta estratégica comisión, el cual posee una estrecha cercanía con los intereses de las grandes empresas productoras de harina de pescado de la región del Bío-Bío.

Hoy, la ciudadanía y sectores de la pesca artesanal que están representados por Condepp, exigen a la presidenta Bachelet el cumplimiento de su promesa de campaña de revisar la nueva ley de pesca.

Además, Condepp denunció que el fiscal adjunto de Valparaíso , Cristián Andrade, ha tenido un nulo avance en la causa contra Corpesca y la ex-diputada Isasi por posible cohecho y soborno en la tramitación de la ley Longueira de rivatización pesquera, a pesar de la enorma similitud con el caso Penta, donde en pocos meses el fical Carlos Gajardo ya cuenta con imputados y pruebas tangibles.

Existe la percepción que los casos Penta, Soquimich y Angelini , son la «punta del iceberg» de la corrupción corporativa en Chile. La pregunta es ¿lograrán sus  autores, cómplices y encubridores, burlar una vez más la justicia, negociando con los poderes del Estado y partidos políticos, a la vez que sacan amplia ventaja de la inexistencia de una legislación que no contempla la sanción a los delitos de “cuello y corbata”, de manera que la corrupción corporativa podrá continuar operando impunemente, sin estar sus autores y cómplices pasivos ni un minuto privados de libertad?

Ya en mayo del 2013, Pablo Longueira en entrevista con Canal 9 del Bío-Bío señaló que «era absurdo»cuestionar la nueva ley de privatización pesquera, incluso si se comprobara la existencia de  coimas. «Ningún presidente de la República va a cuestionar una ley tan importante para Chile como la que votamos» advirtió el ex-ministro y ex-candidato presidencial financiado por el grupo Penta.

De no lograr las diversas instancias del Estado chileno que todos estos escándalos político-financieros sean investigados a fondo y reciban sanciones ejemplificadoras, -entre ellos el cese de funciones de los parlamentarios involucrados y la derogación de la ley Longueira-, los ciudadanos, pescadores artesanales, comunidades costeras y pueblos originarios organizados, tendrán  el pleno derecho a realizar acciones de desobediencia civil, como forma de rechazo a una ley corrupta e injusta, expropiatoria de bienes comunes de la Nación,  y de derechos de acceso y uso a las pesquerías, la que además violó acuerdos internacionales ratificados por el Estado chileno, relacionados con los pueblos originarios.

Referencias

http://www.elmostradormercados.cl/destacados/opinion-ley-de-pesca-una-gran-mentira-a-revelar-en-el-senado/

http://www.emol.com/noticias/economia/2012/07/11/550142/comision-de-pesca-alcanza-acuerdo-en-tramitacion-de-nueva-regulacion-del-sector.html

http://ciperchile.cl/2013/05/10/ex-asesor-de-diputada-marta-isasi-revela-pagos-de-corpesca-para-financiar-campanas-politicas/