Los cambios y las dudas que deja la primera mitad de la reforma educacional

Después de ocho meses de arduo trámite legislativo, el Gobierno logró cuadrar a la Nueva Mayoría y sacar adelante el proyecto de ley que regula la selección y acaba con el lucro y el copago en la educación escolar que recibe fondos públicos. A altas horas de la noche de ayer lunes, el ministro Eyzaguirre describió con grandes palabras el logro: «aquí se acabó un conjunto de bases ilegítimas puestas en dictadura, a espaldas de un pueblo y hoy hemos recuperado la tradición histórica de Chile y las mejores prácticas del resto del mundo».

De esta forma La Moneda consigue su objetivo de sacar el proyecto antes del 31 de enero y evitar la prolongación de su tramitación en la temida Comisión Mixta, dilemas cuya resolución dependía no del comportamiento de la derecha sino del entendimiento al interior del propio oficialismo. La estrategia consistió en la expedita revisión de las 50 indicaciones hechas por el Senado en la fase anterior del trámite legislativo y en la apertura a ceder en lo relativo a la regulación de la selección en los liceos emblemáticos.

En este sentido, clave resultó la reunión que sostuvieron a las 17:00 hrs de ayer los ministros de Educación Nicolás Eyzaguirre e Interior Rodrigo Peñaillo con los presidentes de las bancadas de la Nueva Mayoría, a la que también asistieron algunos presidentes de partido. Allí el Ejecutivo manifestó su disposición a modificar después de aprobado el proyecto la medida que reduce la selección al 30% de la matrícula de los liceos emblemáticos, permitiéndoles a estos seguir seleccionando en el futuro.

Una vez el oficialismo arribó a este acuerdo, la tramitación del proyecto fluyó con rapidez en la sala de la Cámara Baja, dejando las críticas manifestadas por diversos parlamentarios sin posibilidad de incidir en el proyecto.

La diputada del Partido Comunista Camilla Vallejo celebró la aprobación del proyecto, señalando que “hoy no estaríamos legislando esta reforma si no hubiese sido por la lucha del movimiento social y, claro, si la experiencia mundial no hubiese sido tan clara y contundente en esta materia».

Esta mañana, en tanto, la presidenta Bachelet también salió a destacar la aprobación del proyecto y a pedir a «las familias» que tuvieran «calma y confianza» pues «no se van a cerrar los colegios, al contrario, todos los cambios se van a implementar gradualmente»

Los reparos

Desde fuera de los muros de la Nueva Mayoría, el diputado de Izquierda Autónoma Gabriel Boric manifestó que el proyecto tiene «luces y sombras», concentrando sus críticas en la mantención del subsidio a la demanda como esquema de financiamiento de la educación escolar y en el «espacio abierto al lucro a través de los arriendos y el papel de las agencias privadas de Asistencia Técnica Educativa (ATE)».

El parlamentario por Magallanes manifestó que “este proyecto que ha abordado un pequeño aspecto de la educación chilena, no termina con la selección, sobreviven los subsidios y los ‘vouchers’ y la competencia obligatoria de una educación de mercado. No se construye una alternativa en la educación pública, entonces entramos en una paradoja que ha sido propia de la transición a la democracia: financiamos el mercado y lo pagamos todo con platas de todos”.

Desde el movimiento estudiantil, la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH) Valentina Saavedra también fue crítica del proyecto, tanto por su contenido como por la tramitación de éste durante los meses de verano.

«Reemplazaron el diálogo social por sus 280 asesores y sus acuerdos con la Iglesia y la Democracia Cristiana y resultó un proyecto de puras excepciones», señaló Saavedra. La dirigente estudiantil recordó también el rechazo del Gobierno a la inclusión de las indicaciones hechas por la FECH al proyecto, que apuntaban, entre otras cosas, a evitar formas subrepticias de lucro vía arriendo de establecimientos y prohibir la discriminación socioeconómica y por género en los establecimientos escolares.

Los parlamentarios de la Alianza, en tanto, también fueron críticos con el proyecto aunque por las razones exactamente opuestas. La derecha buscaba mantener intactos los mecanismos de selección y el cobro a las familias, así como distender la regulación del lucro.

“Me da pena ver a una Democracia Cristiana, que a pesar de lo mucho que habló y de sus intervenciones durante el año, que termina votando igual que el Partido Comunista”, afirmó el diputado Felipe Kast, de Evópoli, para luego pedir a los diputados oficialistas que “dejen de experimentar con los hijos de otros”, en alusión a que, en su mayoría, los hijos de los legisladores asisten a colegios privados pagados.

Los cambios

1. Fin del copago

Se prohíbe el cobro a las familias en colegios que reciban fondos públicos, medida introducida en 1993 durante el gobierno de Patricio Aylwin. Se permitirán aportes voluntarios, no regulares, de los padres a los establecimientos en que estudien sus hijos. El aporte de las familias será compensado por un aumento de la subvención estatal.

2. Prohibición del lucro con recursos públicos

Se establece un plazo de tres años (2017) para el paso de todos los colegios que reciben fondos públicos a la condición de corporaciones sin fines de lucro, sancionándose civil y penalmente a quienes no utilicen los recursos de la subvención en fines no educativos. Se permitirá el arriendo entre partes relacionadas sin fines de lucro y se otorgará una garantía estatal para créditos bancarios utilizados en la compra de infraestructura.

3. Regulación de la selección

Se establece que los liceos de excelencia, también llamados «emblemáticos» podrán seleccionar hasta el 30% de matrícula. También lo podrán hacer aquellos colegios cuyos proyectos educativos se estimen «especiales», esto, previo permiso otorgado por el Mineduc y el Consejo Nacional de Educación. Ministro Eyzaguirre aseguró, respecto a la selección en los liceos de excelencia, que «podemos discutir nuevamente el rol que podrán tener los colegios emblemáticos».

4. Regulación de la educación particular pagada

Ninguna. Sigue igual que antes en lo relativo a los tres aspectos del proyecto: con permiso para lucrar, para discriminar con pruebas de ingreso en todos los niveles del ciclo educativo y para cobrar por el servicio entregado.