La lengua del derecho no da espacio al desvío. Lo propio de su habla es la claridad, la línea recta. Cada vez que se invoca su letra, se invoca también la normalidad. Bien podríamos preguntarnos cuál “normalidad” es invocada cuando hablamos de modos de convivencia que infligen una torsión a la propia representación heterosexual en la que el Estado se constituye. Nada de esto encontramos, sin embargo, en el Proyecto de ley sobre Pacto de Unión Civil (ahora Acuerdo de Unión Civil por recomendación, tal vez, exigencia, de los sectores católicos del país). La estrategia escritural del proyecto, ahora ley, es apelar al número, la estadística: Censo, cifras, años. La certeza que anima su escritura es la que otorga el dato de realidad del “así son las cosas”: las “personas” se unen en parejas cada vez más por fuera del vínculo matrimonial. Su apuesta teórica es la del universalismo de la indistinción: el proyecto busca proveer una respuesta “global” a las parejas de hecho. Su política es la del neoliberalismo (corregido) chileno: extensión de derechos y protección de la propiedad privada.

Similar conjunción de universalismo y liberalismo puede observarse en las certezas y estrategias que animaron las políticas de representación del contradictorio feminismo conservador de comienzos del siglo veinte. Estrategias y certezas que dieron lugar, paradójicamente, a un fecundo desarrollo de un feminismo materno. A propósito de este paralelo histórico, habría que hacer notar una coincidencia más entre estos dos movimientos: la ausencia del cuerpo. Tanto las feministas de comienzos de siglo veinte, como los redactores del proyecto de ley ahora aprobado, parecieran no poseer un cuerpo, es más parecieran borrar el “sexo” del cuerpo. No hay cuerpo, menos aún sexualidad, sino la sensata búsqueda del bien común que permita “a todos los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible”. Debo ser justa, si hay un sexo, una sexualidad. Esta no es otra que la del orden heterosexual. Un cuerpo heterosexual de la comunidad nacional que se explicita en la voz de la punición y la sanción: no podrán celebrar el acuerdo de unión civil “los ascendientes y descendientes por consanguinidad o por afinidad; ni los colaterales por consanguinidad en el segundo grado”. Norma, filiación y sangre, sin duda, otros nombres de un orden reproductivo, un orden de la familia. Entonces no es sólo un acuerdo de protección patrimonial sino también, y paradójicamente, del orden de la nación heterosexual. No habría que dejar escapar los parecidos de familia que mantiene la palabra “patrimonio” con la ley del padre, con la ley de la patria. Al igual que las feministas de comienzos del siglo veinte, que buscaban visibilizar el cuerpo de las mujeres bajo la figura patriarcal de la “madre”, el Acuerdo de Unión Civil busca hoy visibilizar contradictoriamente el cuerpo homosexual bajo la matriz de un cuerpo y una filiación heterosexual. La ley paterna termina así reproduciendo la ley del Uno en el dos. No hay lugar a la invención de manadas, de otras anudaciones afectivas.

La lengua del derecho no admite desvíos, es un hecho. No es el lugar para encontrar respuesta a la pregunta: ¿es el recto una tumba?, pregunta lanzada hace ya varios años atrás por Leo Bersani; tampoco es el lugar para cuestionar el orden reproductivo que sostiene al capitalismo contemporáneo; menos aún es el lugar para cuestionar las políticas de la identidad inscritas en el movimiento LGTB. En fin, no es lugar para dialogar con las prácticas teóricas y artísticas de los feminismos radicales y de la disidencia sexual en América Latina.

En la lógica del paso, de un paso adelante y dos atrás, habría que observar que el Acuerdo de unión Civil agrega o intercala el cuerpo homosexual al orden de la familia sentimental de la nación heterosexual. Según está dialéctica del paso, el movimiento LGTB  quizá tendrá su propio Ministerio en unos cincuenta o cien años más.