Apenas hace una década la merluza era un pescado que se consumía en casi todos los hogares de nuestro país, por tener un bajo precio, ser abundante en ferias y caletas de pescadores, ser del gusto de todos y por lo mismo el principal  alimento saludable de origen marino de las familias chilenas, pero todo lo anterior ha entrado en una crisis dramática en estos últimos años, ya que su colapso sobrepasó todos los límites.

El sector industrial exportador de este recurso, a propósito de los últimos decomisos de pesca ilegal denunciados por Sernapesca durante el año pasado, acusó que el problema sería de la responsabilidad de la pesca artesanal, y exigió a las autoridades que se hiciera respetar la ley  y que las instituciones funcionen.

El gerente General de Pesquera Camanchaca, el Sr. Ricardo García, en entrevista de fines de diciembre al diario Pulso, además de lo anterior,  agregó: “es decir, si a ese sector – refiriéndose a la pesca artesanal – le correspondían 7.600 toneladas al año, ilegalmente se capturan probablemente 22.800 toneladas, lo que supera la cuota global nacional de pesca”.

Sin embargo, lo que no explicó la anterior declaración del Sr. García es que la pesca ilegal, es una consecuencia del colapso al que fue llevado este recurso por la Subpesca  aunque por ley  tenía la responsabilidad de evitar lo anterior, ya que su obligación era cuidar la sustentabilidad de la misma.

Para sorpresa de muchos el principal beneficiado de las cuotas en exceso que entregó esa Subsecretaría en la última década fue el grupo industrial exportador que  él representa,   que es parte de un pequeño grupo de grandes empresas que controla más del 60% de las cuotas de captura entregadas por Subpesca, detalle no menor ya que mientras más cuotas obtenían de la anterior, más exportaban y lucraban a costa de hacer colapsar la merluza no importándoles el daño medio ambiental y social que ocasionaban a los miles de pescadores artesanales de merluza que deben repartirse el  40%  restante de la cuota.

Como lo anterior resulta indesmentible, quiere decir que quienes primero han transgredido la institucionalidad y la ley, no ha sido precisamente la pesca artesanal sino la Subpesca. De allí que corresponde demandarla y pedir las indemnizaciones correspondientes por  la devastación y el daño ambiental asociado a su colapso, que ha ocasionado que la captura de este recurso haya caído violentamente y lo mismo ocurriera con los ingresos de los pescadores artesanales, y ello no se repara con bonos de cuatro chauchas repartidos a cambio de acallar el justo descontento.

Da la casualidad que el volumen de 22.800 toneladas que ha denunciado el Sr. García que la pesca artesanal “probablemente” podría capturar como pesca ilegal coincide con el volumen del consumo histórico que tienen las familias chilenas y con la cuota máxima para el año 2015 autorizado por Subpesca, entonces la decisión debería ser otra: si la cuota crítica que puede entregar el Estado a través de la Subsecretaría coincide con las necesidades país, porque el 60% debe ser entregado para que un pequeño grupo lo exporte, cuando lo que estaría gatillando la pesca ilegal es no poder abastecer el mercado local.

El Estado y sus instituciones, así como la ley,  tienen como fin último la protección del bien común, y no el amparo de la colusión o la corrupción, entonces cabe preguntarse por qué las familias chilenas tendríamos que aceptar no ir en busca de los responsables y de la reparación económica  por esta situación generada por la Subpesca,  la misma que ahora desea imponer a las familias chilenas un racionamiento a un tercio del volumen del consumo histórico.

Cabe preguntarse por qué los pescadores artesanales tienen que recurrir a la pesca ilegal de la merluza para poder mantener el consumo de este rico alimento marino considerado pilar de la alimentación saludable de las familias de nuestro país, y aceptar que el Estado no haga ningún esfuerzo por  buscar salidas razonables haciéndose responsable de la crisis que ocasionó. Hasta ahora se desentiende de lo anterior y echa mano a todo su poder represivo (Sernapesca, Carabineros, Ministerio Público, SII)  sindicando como responsable a los pescadores artesanales y al pequeño comercio que gira a su alrededor, lo que resulta del todo insólito e injusto, mientras las autoridades de Subpesca que ocasionaron este desastre ambiental y social siguen siendo premiados ocupando los altos puestos de nuestra administración pesquera.

Sorprende que el Jefe del Departamento de Fiscalización de Sernapesca – don Jorge Toro Daponte – muestre tanta diligencia en perseguir la Pesca Ilegal de la Merluza por parte de los pequeños pescadores artesanales, cuando hace un par de años siendo Director del IFOP, era uno de los que justificaba en fines científicos la Pesca Ilegal y Devastación de la Sardina Austral por corresponder a una especie que  estaba sancionada por la ley con multas por no ser parte de los registros pesqueros, claro que en ese caso se favorecía a una importante industria de harina de pescado de la X Región.

Imponer un racionamiento al consumo de merluza en los hogares por la vía de una menor cuota para el sector artesanal resulta impresentable, por lo mismo un importante sector pensamos que es la hora de que las organizaciones de la pesca artesanal, las organizaciones de protección al consumidor, se unan detrás de una demanda colectiva pidiendo indemnización por el daño ambiental de responsabilidad del Estado y asociado al colapso de la merluza. En la lista de daños se puede anotar entre otros: a) el ocasionado a una de las escasas fuentes de alimentación saludable de las familias chilenas; b) a una de las fuentes de trabajo y de ingresos  histórica de la pesca artesanal; c) destrucción del tejido social del que forma parte la ” pesca artesanal – pequeño comercio de caletas de pescadores y ferias – pequeños restaurantes  -. familias “, que compromete a miles de hogares, lo que resulta imperdonable ya que son parte de un patrimonio social y cultural  invaluable de nuestro país que ha sido llevado a la marginalidad en forma absolutamente irresponsable por los últimos gobiernos. Independiente de las acciones legales, es urgente el empoderamiento ciudadano para resistir a tanta e insoportable desigualdad.