perúEl reloj marcaba las diez y media de la mañana un lunes 26 de enero de 2015 y en la Plaza Dos de Mayo -centro de Lima- miles de voces se unían en un solo canto, en un ambiente cargado de efervescencia popular. “¡Adelante-adelante, obrero-y-estudiante! ¡Atrás-atrás, gobierno-incapaz! ¡Escucha, burguesía, no-somos-mercancía!”. Miles de personas se abrían paso al ritmo incesante de los tambores, al viento pausado de las zampoñas, al baile genuino de las mamitas, las mujeres de la tierra. Universitarios, secundarios, trabajadores, desocupados, sindicatos, colectivos, partidos políticos, todos salieron a manifestarse por quinta vez en favor de la derogación de la Ley Laboral Juvenil, al considerar que recorta los derechos laborales de los jóvenes entre 18 y 24 años.

La convocatoria, que estaba programada a las nueve de la mañana, avanzó por Alfonso Ugarte hasta Avenida Abancay –una de las principales vías de la ciudad–, en dirección al Congreso de la República, cuyo acceso estaba impedido por cerca de diez mil policías que bloqueaban el paso. La noche anterior a la protesta, las autoridades ordenaron bloquear las calles con rejas, transformando el escenario en algo parecido a un campo de batalla. El temor se instaló por los incidentes de la cuarta marcha del 15 de enero de 2015, que dejó, según información de la prensa, 20 jóvenes detenidos y 16 policías heridos.

“En el Perú los espacios se han privatizado, la represión es una práctica política del Estado. Estamos haciendo justo nuestro derecho de tomar las calles en forma de protesta”, defendía Jorge Rodríguez, Coordinador del Foro Juvenil de Izquierda.

La primera marcha en contra del régimen laboral juvenil, el 18 de diciembre de 2014, fue la instancia que permitió reunir a trabajadores y estudiantes –de entre 20 y 30 años– que, en su mayoría, no responden a ningún partido político, no están afiliados a ningún sindicato, no adhieren a ningún colectivo estudiantil. Su punto de consenso fue el rechazo a los partidos políticos tradicionales, la necesidad de implementar una nueva forma de hacer política y buscar nuevos espacios de organización.

El resultado de ese proceso de organización son las denominadas Zonas, órganos de representación territorial que se dividen en 14 distritos de Lima y El Callao, que son convocados mediante las redes sociales virtuales, y se organizan en base a reuniones y actos de difusión públicos. “Las Zonas se originaron de manera espontánea, como una necesidad para poder organizarnos”, explica Pamela Rojas, vocera de la Zona 13 (Comas y Carabayllo).

“Somos jóvenes autónomos, nos hemos auto-convocado –no hemos esperado a que nos convoquen–, nos hemos auto-representado –no esperamos a que nos representen– y estamos saliendo, como diría (Jean Paul) Sartre, a estar arrojados a la calle, porque el sistema no nos representa, las instituciones públicas están completamente corruptas, cerradas a nuevas ideas, a nuevas experiencias y prácticas políticas”, se extiende Luis Esparza, vocero de la Zona 9 (Breña, Lince, Jesús María, Pueblo Libre).

Cada Zona cuenta con 60 integrantes de los cuales hay tres voceros (un titular y dos alternos), cuyo cargo es rotativo y se mantiene un mes, aproximadamente, con el fin de mantener el carácter horizontal del movimiento.

Carlos Zúñiga, vocero de la Zona 10 (La Victoria, Cercado de Lima y El Callao), explica cómo se tejen las redes: “Hemos elegido representantes, hemos formado comisiones de prensa y de discusión política, hemos articulado con el bloque de universidades e institutos de Lima Metropolitana, hemos coordinado con los sindicatos de la CGTP –Confederación General de Trabajadores del Perú–, la CUT –Central Unitaria de Trabajadores–, colectivos sociales, culturales y políticos: de esa manera nos hemos organizado, logrando cubrir todos los distritos”.

Por su naturaleza independiente, las Zonas son una alternativa que se maneja fuera de los designios de las instituciones democráticas tradicionales y las estructura dirigencial de los partidos. Esta posición ha marcado diferencias con otros movimientos como la Coordinadora juvenil #18D (en homenaje a Pedro Huilca, líder obrero, asesinado el 18 de diciembre de 1992) –integrado por centros universitarios, organizaciones de izquierda y centrales sindicales como Patria Roja, el Partido Socialista y la CGTP, entre otros–. “La idea acá no es quedarnos en el mero cálculo politiquero o electorero de algunos en función de hacer una carrera política que les permita vivir con el dinero del pueblo. Nosotros queremos acá que la gente se empodere, ser un medio para que la gente tenga, o sepa, o reconozca que en ella radica el poder”, agrega Esparza.

En las últimas declaraciones realizadas a Diario UNO, el dirigente de la Coordinadora 18#D, Gabriel Salazar, dijo que nunca se han planteado propuestas electorales para el año 2016 porque, indicó, “el objetivo es defender el derechos de todos los jóvenes”.

La ley pulpín

Se esperaba que en la tarde del 26 de enero, en la quinta y última marcha en contra del régimen laboral juvenil, ya estuvieran dados los votos de los congresistas, quienes decidirían el destino de la ley 30.288 –bautizada como Ley Pulpín, en alusión al estereotipo del niño nerd o chibolo pulpín, que en los primeros años de colegio llevaba en su lonchera un jugo de néctar llamado Pulp, que destacaba por un diseño infantil, casi ridículo–.

Se percibía en el ambiente un ánimo inquieto, como el que siente un niño cuando espera una sorpresa. Los manifestantes aguardaban de manera pacífica los resultados de la votación a 300 metros del Congreso de la República.

En medio del tumulto un joven pidió silencio, subió el volumen de su radio y los presentes escucharon con atención las palabras de la presidenta del Congreso, Ana María Solórzano: “88 congresistas a favor, 18 en contra y 5 abstenciones”.

Los parlamentarios, luego de más de cinco horas de discusión, resolvieron derogar el régimen laboral juvenil. El 16 de diciembre del año pasado, cuando fue promulgado por el Ejecutivo como una de las tantas medidas programadas para reactivar la economía y reducir la informalidad, el rechazo la ley ya era expresado abiertamente desde las redes sociales.

Según el Gobierno, los beneficiados serían 260 mil jóvenes desempleados o en calidad de informales que, al momento de encontrar empleo –o luego de estar 90 días sin trabajar–, no contarían con seguro de vida, concepto de asignación familiar, Compensación por Tiempo de Servicio (CTS), gratificaciones de julio y diciembre. Aparte, solo recibirían 15 días de vacaciones al año, y no 30, como se estipulaba en el régimen anterior.

Álvaro Vidal Bermúdez, destacado especialista en derecho laboral, explicaba a IDL-Reporteros que “la Ley Pulpín no es un régimen que asegure mayor empleo formal para los jóvenes” ya que “existen actualmente regímenes laborales “especiales” –con menores derechos– que no han incrementado el empleo formal. Un ejemplo claro es el régimen de las microempresas –que en los últimos seis años solamente se formalizaron en un 8%–”. E insistía en que en “el Perú, uno de los países con mayor desigualdad en la región, la reducción de derechos laborales conducirá a que disminuyan los ingresos de los trabajadores y aumenten las ganancias empresariales”.

Los defensores de la norma sostuvieron que en la mayoría de los países democráticos tienen vacaciones menores a un mes o indemnizaciones por despido menores a un sueldo, y que en la Constitución no figuran derechos de gratificación, ni 30 días de vacaciones, ni CTS. Además, descartan que ésta ley sea discriminatoria, sino que distingue entre jóvenes de adultos u otros ya empleados por su poder de productividad. Los jóvenes, concluyen, están menos capacitados, razón por la cual no encuentran trabajo.

Para Gonzalo Castañeda, vocero de la Zona 12 (Los Olivos, Independencia y San Martín), esta ley nació precisamente como una respuesta o salida del Gobierno al estancamiento de la economía que vive actualmente el país. “El Perú depende de la venta de las materias primas al capital foráneo, y dado que el precio internacional del oro y el cobre ha caído, la economía simplemente ha entrado en crisis. Entonces, la pregunta que nos hacemos los jóvenes es: ¿Por qué la crisis la tenemos que pagar nosotros, los jóvenes trabajadores?”.

El despertar de los trabajadores

“Pueblo mío, ya no llores/ ni tengas penas/ las injusticias de este mundo/ se acabaran para siempre/ ay, pueblo mío, se acabara para siempre”, entonaban los jóvenes la melodía al ritmo del sikuri (danza del altiplano andino), tras conocer el resultado de las votaciones en el Congreso.

Los abrazos que se repartían eran dados y recibidos con la alegría y la fuerza de quien ha sobrevivido a una guerra. En ese momento, la música y el baile revivieron el espacio –y dieron aires de esperanza para el futuro que se viene–, transformando las calles, de un momento a otro, en un verdadero carnaval.

“No ha habido un movimiento juvenil tan grande y organizado desde la época de la lucha contra la dictadura, en la Marcha de los Cuatro Suyos –protesta popular encabezada por el ex presidente Alejandro Toledo, ante la acusación de fraude en la tercera elección de Fujimori como Presidente– y antes de eso, en los grandes paros de los 70 y 80, cuando el movimiento popular y la izquierda estaban muy fortalecidos”, concluyóJorge Rodríguez, Coordinador del Foro Juvenil de Izquierda.

En la tercera marcha organizada –que tuvo lugar el 29 de diciembre de 2014–, los estudiantes avanzaron hasta la sede de la Confiep, ubicada en San Isidro, para protestar ante quienes consideran son los principales responsables de una ley que sobreexplota a los jóvenes en el mercado laboral.

“La juventud alista su golpe contra el gremio de los grandes empresarios (Confiep), porque sabe perfectamente que esta ley la han dictado ellos. No se creen el cuento que fue producto de una actitud antidemocrática, un deslice del gobierno, no. Acá hay una política anti-laboral cuyo objetivo es resolver la crisis al costo de los derechos de los trabajadores. Y nosotros decimos que la crisis lo paguen los grandes capitalistas, no nosotros”, dijo, con ímpetu, Rodríguez.

El congresista de Acción Popular–Frente Amplio (AP-FA), Johny Lescano, aseguraba que “nadie es ingenuo para no creer que la Ley Laboral Juvenil responde a intereses de grupos económicos como la Confiep”. Esto, luego de que el mandatario peruano, Ollanta Humala, negara que hubiera alguna relación entre la norma legislativa y las organizaciones empresariales.

Francisco Durand, sociólogo especializado en temas del empresariado latinoamericano, escribió en esos días que “a quienes marchan les conviene saber que cuando en 1990 se decidió inaugurar el modelo de libre mercado, la Confiep contrató asesores para concebir una serie de reformas que debilitaron los sindicatos y generaron un sistema de empleo precario. Estas normas salieron por decreto y fueron coordinadas por el MEF –Ministerio de Economía y Finanzas–“.

En la década de los 90’, bajo la dictadura de Alberto Fujimori, se inició un proceso de transición hacia un modelo económico neoliberal –bajo las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI)– que provocó una ola de despidos masivos y graves consecuencias económicas que fomentaron la inversión extranjera y disminuyeron enormemente la actividad sindical.

Carlos Zúñiga, vocero de la Zona 10 (La Victoria, Cercado de Lima y El Callao), avanza que están “analizando como, a través de un referéndum a nivel nacional, la población nuevamente se empodere y discuta todos sus derechos laborales que vienen actualmente siendo vulnerados por este Gobierno y desde hace 20 años, en la década del fujimorismo”.

Recuperar los derechos, reocupar la vida

Con la ayuda que le dieron los siguientes mandatarios (Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala, en ese orden) y la Confiep, el modelo económico de libre mercado se instaló con fuerza y la lucha popular definitivamente se replegó. Desde entonces, los derechos laborales siguen siendo una promesa incumplida por la mayoría de los gobiernos de turno, pese a que la Ley General del Trabajo ha sido puesta en discusión en numerosas oportunidades.

“La negociación colectiva no es equilibrada, los empresarios tienen todas las facultades de negociar, y no hay una forma de presionarlos para conseguir mejoras. Fujimori nos dejó una serie de leyes anti laborales. Y ahora quieren encima de eso, flexibilizarlas más. Eso afecta a la masa trabajadora. El Perú está muy bien, pero los trabajadores no estamos igual”, alega Carlos Rodríguez, secretario general de la Federación de Trabajadores Telefónicos.

Los trabajadores reclaman, entre otras cosas, derogar la Ley de cese colectivo, Decreto Supremo 13-2014-TR, que en el artículo primero faculta a las empresas a despedir hasta el 10% de sus trabajadores si por razones económicas acumula tres trimestres consecutivos de pérdidas o, peor aún, preverá que perderá si mantiene el total de la planilla.

“Esta ley es anti-sindical. Obviamente que dentro de esos trabajadores van a haber contratados y estables, y muchos de ellos serán sindicalizados y las empresas utilizarán esta ley para despedirlos”, advirtió Raúl Oviedo Camacho, secretario general del Sindicato de Trabajadores Obrero Innova Ambiental S.A. “El sistema neoliberal sigue, los gobiernos de turno pasan y siguen el mismo rumbo: engañan al pueblo cada cinco años con promesas que no cumplen. Ahora el pueblo tiene que salir a la calle. No podemos quedarnos dormidos”.

Por su parte, Jorge Rodríguez, de la Coordinadora Juvenil de Izquierda, termina diciendo que, “como movimiento, se ha dado un paso cualitativo en las plataformas reivindicativas. Ya se está cuestionando la relación capital-trabajo, que finalmente es la contradicción principal del modelo, se están generando otro tipo de organizaciones barriales, y se ha conectado el movimiento sindical con el juvenil, otra vez”.

Un movimiento unitario de clase

Las protestas sociales de los últimos cinco años han evidenciado que la ciudadanía se ha movilizado frente a diversos hechos particulares; sin embargo, ninguna de las siguientes movilizaciones logró despertar un sentimiento unitario de clase.

En 2011, la criticada candidatura de Keiko Fujimori convocó a estudiantes universitarios, sindicatos y colectivos. Dos años más tarde, en la noche del 22 de julio, cerca de 10 mil manifestantes protestaron en contra de la repartija que consumó el Congreso para las nuevas autoridades del Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo y el Banco Central de la Reserva. El 26 de agosto de 2014, decenas de ciudadanos protestaron ante la norma que obligaba a los trabajadores independientes a hacer sus aportes a las AFP’s.

En esta oportunidad, en cambio, se trató de una muestra colectiva de la indignación y el descontento de los ciudadanos y sentó un precedente en el camino de las demandas por lograr el bienestar del movimiento popular.

Y más allá de diferencias políticas puntuales que puedan existir entre los diversos organismos, el movimiento en su totalidad se mantiene firme ante la idea de ir por más que la derogación de la ley juvenil.

“La idea es hacer un programa que apunte a recuperar los derechos laborales de nuestro pueblo, a través de la desaparición de los más de 39 regímenes especiales de la legislación laboral peruana, y de la gestación de una ley general de trabajo, con participación popular, así como una reforma constitucional, y, por qué no, una nueva Constitución”, apunta Pamela Rojas, vocera de la Zona 13. Carlos Zúñiga, de la Zona 10, va más allá: “Este es el próximo paso: una nueva ley general de trabajo a través de un referéndum y si esas condiciones salen favorables y la población nuevamente recupera sus derechos laborales, podamos marchar hacia una Nueva Constitución”.

“Dentro de la organización vamos a seguir discutiendo la propuesta de derogar la ley 30.151, que da carta blanca a las Fuerzas Armadas para usar la violencia o matar a aquellos que salimos a protestar por nuestros derechos laborales. Incluso se está discutiendo exigir una nueva Constitución. Muchos no estamos de acuerdo con el sistema económico-social-político capitalista”, defiende John Arguata, vocero de la Zona 2 (Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores).

El pasado 7 de febrero, la Coordinadora juvenil 18#D realizó el Primer Encuentro Nacional Juvenil por Trabajo Digno en el que se reunieron más de 100 jóvenes a discutir los lineamientos para elaborar una agenda que permita proyectar el movimiento social en los próximos meses.

En rasgos generales, se estableció que “la lucha no es contra uno o varios proyectos de ley, sino contra el modelo económico”, como señaló Juan José Gorritti, vicepresidente de la CGTP. Para esto, acordaron que es fundamental descentralizar el debate y permitir que el movimiento social se expanda hacia provincias con el objetivo de concretar una reforma nacional.

Además, se fijó para el 10 de febrero un plantón frente al Ministerio de Trabajo a las 10 de la mañana, con el objetivo de rechazar los ceses colectivos que facilita el despido de los trabajadores para reducir costos a las empresas.

Asimismo, se convocó a una marcha hacia la Confiep para el 18 de febrero, en la primera conmemoración del Día de Acción Mundial en Defensa del Derecho de Huelga, luego de que se informara de que las asociaciones empresariales, mediante la OIT (Organización Internacional del Trabajo de las Naciones Unidas), han impulsado una campaña para privar el reconocimiento de uno de los derechos fundamentales de la libertad sindical: la huelga.

Pero las voces que conforman el movimiento ciudadano se escuchan con fuerza y resuenan en los oídos del Gobierno y la derecha económica.

Los siguientes pasos en la lucha colectiva se están articulando bajo las tres banderas que la clase obrera históricamente ha venido levantando: salario, jornada y condiciones de trabajo.