Los jugosos subsidios públicos que sostienen a las clínicas sublevadas contra el aborto terapéutico

El Gobierno apenas había alcanzado a enviar al Congreso el proyecto que busca despenalizar la interrupción del embarazo en caso de riesgo de vida de la madre, inviabilidad del feto y violación, cuando ya una serie de prestadores privados de salud comenzaron a anunciar que, una vez convertida la iniciativa en ley, se reservarían el “derecho” a no respetarla.

La primera entidad en alzar la voz fue la Pontificia Universidad Católica, en boca de su rector Ignacio Sánchez, quien anunció que en los centros clínicos de la Red Salud UC Christus “no vamos a hacer abortos”. Al rector designado por el extranjero Estado Vaticano luego se le sumaron las autoridades del Hospital Parroquial de San Bernardo y de la recién inaugurada Clínica de la Universidad de Los Andes, perteneciente a la casa de estudios del Opus Dei.

Las filas de las clínicas en rebeldía siguieron engrosándose con Red Salud, de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), que también se negará a practicar los procedimientos que el proyecto pretende despenalizar. Su gerente general, Ricardo Silva, estimó que la aplicabilidad de la nueva ley para todos los establecimientos de salud sería “ociosa y parece tener más el propósito de darse un gustito provocando al mundo católico y conservador”, según declaró a Diario Financiero.

La lista de clínicas en las que las mujeres no podrán interrumpir sus embarazos si son violadas, sus vidas corren peligro o sus fetos son inviables queda así conformada por más de una veintena de establecimientos, entre los que destacan los hospitales clínicos de la Universidad Católica y de Viña del Mar, y las clínicas San Carlos de Apoquindo, Bicentenario, Avansalud, Megasalud, Tabancura, Arauco Salud e Iquique.

La decisión de los mencionados prestadores supone la puesta en práctica de una contradictoria relación con el Estado, toda vez que al mismo tiempo que los centros clínicos privan a sus usuarios de prestaciones de salud a las que éstos tendrían derecho, sus utilidades crecen a costa de cuantiosos subsidios públicos provenientes de los impuestos que pagan esos mismos ciudadanos.

Negocio privado a costa del Estado

Según el director de la Fundación Creando Salud Matías Goyenechea, «la cantidad de recursos que reciben los prestadores privados de parte del fisco suma más de 1.000 millones de dólares anuales, lo que ha significado un gigantesco incentivo para la expansión de la industria. En los últimos siete años se les han traspasado más de 8 mil millones de dólares provenientes de las arcas fiscales«.

Los mecanismos a través de los cuales el Estado traspasa recursos públicos a prestadores privados de salud son múltiples.

Matías Goyenechea, Director Fundación Creando Salud.

Existen dos tipos de subsidios a la demanda, es decir, recursos que se entregan a los pacientes para que los gasten como clientes del sector privado. Aquí caben la Modalidad Libre Elección (MLE) de Fonasa y, desde 2011, el Bono AUGE. Existen también las compras directas centralizadas, como las efectuadas vía «Convenios de provisión de prestaciones médicas» para la compra de diálisis y camas, y las directas descentralizadas, que realizan los propios hospitales cuando están sobre demandados.

La MLE es el mecanismo a través del cual el Estado entrega más recursos al sector privado de salud a través de la compra de diversas prestaciones y servicios, como los tratamientos del Programa Asociado de Diagnóstico, atenciones ambulatorias, algunas cirugías y exámenes de laboratorio e imágenes.

La Red Salud UC Christus es el segundo prestador privado de salud, después de Integramédica, que más pagos recibe del Estado a través de esta modalidad. Según un estudio de Fonasa al que tuvo acceso La Tercera, la red clínica ligada a la Iglesia Católica recibió 19 mil 883 millones de pesos durante 2014, monto que equivale al 3,1% del total de pagos por MLE efectuados por Fonasa.

La clínica Megasalud de la CChC, en tanto, no se queda muy atrás y se ubica en el tercer lugar de esta lista, habiendo recibido en 2014 un total de 15 mil 885 millones desde Fonasa por el mismo concepto.

Otro mecanismo a través del cual los prestadores privados de salud captan recursos públicos son los bonos AUGE, el voucher que se le entrega a los afiliados a Fonasa cuando el sistema público no les garantiza una atención oportuna para un problema de salud incluido en el plan de Garantías Explícitas de Salud GES, ex AUGE.

Bajo esta modalidad la Red Salud UC Christus recibió a través del Hospital Clínico de la UC más de 110 millones de pesos sólo durante el primer semestre de 2014, según consta en la glosa respectiva del presupuesto 2014 de la Nación. En el mismo periodo de tiempo, la Red Salud de la CChC recibió casi 38 millones a través de las clínicas Avansalud, Tabancura y Hospital Clínico Viña del Mar.

El total de recursos públicos traspasados por este ítem en todo 2014 estará disponible en marzo, cuando ingresen los datos del último trimestre del año recién pasado.

Misma prestación, distinto precio

Los subsidios por prestación que los privados reciben a través de la MLE, destaca Goyenechea, «son mayores a los aranceles que el Estado paga a los prestadores públicos, como también los pagos por compras directas, llegando las diferencias a ser de hasta 10 veces a favor del privado». En el caso del Bono AUGE, «el valor que el Estado cancela para co-financiar el gasto de un paciente va de 3 a 17 veces lo que Fonasa paga a un prestador público por la misma prestación«.

Hasta qué punto las clínicas amarran al Estado a condiciones que les garantizan una posición privilegiada en un marco de pretendida «competencia» es algo que queda claro con los precios de los días cama según clínica, especialmente en aquellas que hoy amenazan con negar prestaciones como las contenidas en el proyecto de despenalización de la interrupción del embarazo.

Por hospitalizaciones integrales en cama en 2013 la Red Salud UC Christus recibió 556 millones 609 mil pesos a través del Hospital Clínico UC y la Clínica San Carlos de Apoquindo, de acuerdo a los registros de la ejecución del presupuesto de la Nación de ese año. La Red de Salud de la CChC, en tanto, percibió 342 millones 344 mil pesos por el mismo servicio ese año a través el Hospital Clínico Viña del Mar y las clínicas Tabancura y Bicentenario.

Los precios por cada tipo de cama no sólo no son iguales entre los prestadores de salud, sino que están lejos de ser siquiera parecidos. De acuerdo a las condiciones de la licitación bajo la cual se traspasaron los recursos recién descritos por día cama, los costos suben significativamente para el Estado cuando debe financiar una hospitalización en una de las clínicas de la PUC o la CChC.

Mientras en la red pública una cama de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) cuesta 137 mil 920 pesos (según los aranceles fijados en la Modalidad de Atención Institucional 2014 de Fonasa), en la clínica de la Universidad Católica su precio es de 992 mil. La diferencia supone una variación de 623% y significa que con los mismos recursos el centro clínico de la Iglesia financia una cama y la red pública 7,2. En el caso de las camas de la Unidad de Cuidados Intermedios (UTI) la variación se empina en un 917%, pues mientras en la red pública cuesta 66 mil 300 pesos, en la Universidad Católica su costo asciende a los 674 mil. En este caso, con el costo de una cama UTI en la PUC se financian 10,2 en la red pública.

Según el contrato establecido entre Fonasa y la Clínica Bicentenario, propiedad de la Red Salud de la CChC, en tanto, el precio de la cama UCI adulto es de 1 millón 40 mil pesos, mientras la cama UTI adulto asciende a los 640 mil pesos.

La brecha es aún mayor en las bases del contrato suscrito entre la Clínica San Carlos de Apoquindo, también controlada por la PUC, y Fonasa, por este servicio. Allí el costo de la cama UCI es de 1 millón 140 mil pesos y el de la cama UTI 770 mil, es decir, en esta clínica el Estado gasta en una cama UCI lo que en el sistema público significan 8,3 camas del mismo tipo.