Con 11 chilenos imputados se inicia proceso por la Operación Cóndor en Italia

Hoy se desarrolla la primera audiencia del proceso que busca juzgar a los responsables de la muerte y desaparición de una veintena de ciudadanos italianos en el marco de la Operación Cóndor, diseñada por Augusto Pinochet y perpetrada por las dictaduras de Chile, Uruguay, Brasil, Argentina, Paraguay y Bolivia para exterminar a la oposición política en las décadas de 1970 y 1980.

La jueza Evelina Colella dio inicio a la audiencia en el aula de la prisión de Rebibbia, ubicada en Roma, a las 10:20 hora local. También se hizo presente el fiscal Giancarlo Capaldo, que encabeza la investigación de este caso sobre presuntos crímenes de lesa humanidad, cuyas pesquisas comenzaron en 1999 tras las denuncias de un grupo de familiares de las víctimas.

Los imputados en la causa son 33 militares que van desde altos funcionarios hasta ex presidentes de las Juntas Militares de Uruguay (16), Chile (11), Perú (4) y Bolivia (1). La mayoría no ha accedido a declarar, por lo que les ha sido asignado un abogado de oficio para el juicio.

Los involucrados de nacionalidad chilena son Manuel Contreras Sepúlveda, jefe de la DINA; Daniel Aguirre Mora, ex prefecto de la Policía; y el militar Sergio Víctor Arellano Stark.

También figuran los chilenos Pedro Octavio Espinoza Bravo (brigadier); el ex policía Carlos Luco Astroza; el coronel Marcelo Luis Moren Brito, el suboficial Orlando Moreno Vásquez y el coronel Hernán Jerónimo Ramírez; el coronel Rafael Francisco Ahumada Valderrama, el ex comandante Luis Joaquín Ramírez Pineda y el brigadier Manuel Vásquez Chahuan.

De los acusados, el único que se presentó en la audiencia fue el uruguayo Jorge Néstor Troccoli, que vive en Italia desde 2007, tras huir de la justicia uruguaya que ese año intentó procesarle.

A Triccoli se le imputan las muertes de seis personas. Sus abogados Franceso Saverio Guzzo y Anna Scifoni explicaron a Efe que su cliente ya fue encarcelado como medida preventiva en 2007 y puesto en libertad cuatro meses más tarde, cuando Italia negó su extradición a Uruguay para que fuera procesado allí.

El fiscal Capaldo explicó que el cargo que se les imputa a los militares es el de homicidio agravado, un delito por el que Italia podría pedir la cadena perpetua. «En caso de que sean declarados culpables por la Justicia italiana después había que aplicar la condena. En ese caso el Estado italiano solicitaría la extradición», señaló a Efe.

No obstante, Capaldo señaló que la importancia del proceso, más allá de las penas es que servirá «para aclarar las responsabilidades de este sistema que funcionó en América Latina».

En el aula de Rebibbia estuvieron presentes numerosos familiares y víctimas, entre ellos el uruguayo Nicosio Romero, secuestrado y torturado en el marco de la Operación Cóndor durante mes y medio en Buenos Aires en 1974.

«Yo creo que en este momento Italia está dando un ejemplo en todo el mundo porque los crímenes contra los derechos humanos no pueden prescribir y los criminales deben ser perseguidos en todo el mundo», reconoció a Efe.

También se hicieron presentes en la audiencia varias partes civiles, como familiares de víctimas, el Estado de Uruguay y la presidencia del Consejo de Ministros de Italia.