sebaReiteradamente en sus intervenciones acerca del escándalo sobre las operaciones de especulación inmobiliaria en que han estado involucrados familiares de la Presidenta de la República, el Ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, ha señalado que se trata de un asunto “entre privados”. Con ello busca dar a entender que no hay ningún interés público involucrado.
Pero la realidad es muy distinta a la que nos pinta el Ministro. Este negocio nunca ha sido un negocio exclusivamente entre privados, sino que es un negocio que depende de una intervención estatal decisiva.

En efecto, de acuerdo a la Constitución y la ley, incluso de acuerdo a la Constitución pinochetista que aún nos rige, celosa defensora del derecho de propiedad, el Estado tiene la atribución de planificar el territorio, estableciendo qué tipos de actividades pueden emplazarse en las distintas zonas. Esta atribución es una de las limitaciones al derecho de propiedad que emanan de su función social, reiteramos, incluso de acuerdo al actual texto constitucional de inspiración neoliberal. Tenemos entonces que, en teoría, por sobre la voluntad del propietario se imponen las normativas de ordenamiento territorial que buscan la primacía del bien común.

Los procesos de ordenamiento territorial debiesen estar regidos, como vemos, por el interés público. Sin embargo, el sistema se ha pervertido mucho en nuestro país y se dan casos donde los privados que saldrían beneficiados con las modificaciones son los que financian los estudios para que sus propuestas sean finalmente aceptadas.

El caso del Plan Regulador Intercomunal de Rancagua, que involucra a varias comunas, entre ellas Machalí y Rancagua, no ha sido una excepción a esta cada vez más desmedida primacía de los privados sobre nuestro ordenamiento territorial. Con toda naturalidad, lo reconoce así el Síndico que representaba los intereses de los propietarios de las tierras que luego adquirirían los familiares de la Presidenta. Señala que “inició los trámites para el cambio de uso de suelo en la Municipalidad de Machalí, para que los fundos Santa Cecilia, San Diego y Santa Elena, ubicados en el kilómetro 7 de la Carretera del Cobre que une a la Alameda de Rancagua con la mina El Teniente de Codelco, tuviesen destino urbano”.

Sin embargo, las cosas comienzan a ir mal para este negocio especulativo, pues el Municipio de Rancagua, en agosto de 2013, emite al Gobierno Regional, el órgano decisor en estas materias, un informe oponiéndose a la modificación del Plan Regulador, por una serie de consideraciones urbanísticas que tenían que ver con el impacto integral en la Región de los cambios propuestos. El Plan queda en los hechos paralizado y las expectativas de los especuladores caen, pues la posibilidad de ganancia de corto plazo desaparece, sin perspectiva de reponerse. Este es el momento, de precios a la baja, en que aparece con fuerza la familia presidencial y logra concretar una promesa de compraventa en septiembre de 2013 y la compra respectiva en enero de 2014. Hasta aquí, todo no se diferencia mucho de los típicos negocios entre especuladores que se realizan a menudo, salvo por un detalle. Los nuevos adquirentes no eran unos especuladores cualquiera. Tenían, al momento del contrato de promesa la gran expectativa, y al momento de la compra, la certeza, que su pariente, Michelle Bachelet, ejercería la Presidencia de la República y entre sus facultades, estaría designar cientos de cargos de confianza, entre ellos, el Seremi de Vivienda y Urbanismo de la Región de O´Higgins, así como la intendenta de la Región, cargos ambos a los que les tocaría un rol decisivo en reflotar el Plan Regulador que hacía posible su negocio.

Y así sucedió. En agosto del 2014 el Seremi de Vivienda de la Región de O’Higgins llama a licitación para el estudio del Plan Regulador Intercomunal de Rancagua. Los precios de los terrenos que podrían verse favorecidos comienzan a mejorar nuevamente, pues la expectativa del cambio de uso de suelo renace para los especuladores y en enero de 2015 Caval, la empresa de los familiares de la Presidenta, firma con otra empresa una promesa de compraventa, ganando en la pasada 3.000 millones de pesos, de los cuales debe pagar 500 por concepto de intereses al Banco de Chile, que atendido por su propio dueño, había concedido el préstamo para la adquisición del terreno, previa reunión con el primogénito de la Presidenta.

Entonces, al parecer, no es un mero “asunto entre privados” como dice el ministro Peñailillo. Los 2.500 millones de ganancia que finalmente se embolsan los familiares de la Presidenta no son producto de algún “talento comercial” especial.

Entonces, al parecer, no es un mero “asunto entre privados” como dice el ministro Peñailillo. Los 2.500 millones de ganancia que finalmente se embolsan los familiares de la Presidenta no son producto de algún “talento comercial” especial. Ese es el precio que están dispuestos a pagar los especuladores por la posibilidad, cada vez más cierta, que el Estado decida sacrificar las condiciones ambientales positivas de determinados terrenos, dedicados a la actividad agrícola u otras similares y permitirles construir allí obras de interés privado de impactos ambientales negativos. Cuando en ese Estado que debe tomar esta decisión tan relevante, los operadores claves son nombrados por la madre y suegra de quienes están haciendo la multimillonaria especulación, el riesgo ético surge para todo el que quiera verlo. Cuando además, uno de estos interesados en la especulación es nombrado en un importante cargo de Gobierno, desde el cual tiene línea directa a las autoridades inferiores y que le deben el nombramiento a su madre, el riesgo aumenta exponencialmente. Cuando, finalmente, por decisión gubernamental, los intereses de esos familiares especuladores nunca fueron debidamente transparentados, el problema ya es gravísimo.

Desde hace muchos años las organizaciones ecologistas hemos denunciado todos los impactos negativos que conlleva la expansión urbana de las ciudades y hemos propiciado modelos de ciudades compactas que preservan su valioso entorno rural. Pero ha sido una lucha muy desigual. Hasta ahora, el maridaje de los poderes económicos y políticos logra generalmente imponer sus intereses, contradictorios con el bien común y la sustentabilidad.

Luis Mariano Rendón E.
Abogado
Coordinador de la agrupación “Acción Ecológica”
Consejero Nacional del Partido Ecologista