radio-8Durante el martes 24 de febrero, efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) de Puerto Varas allanaron la radio comunitaria mapuche “La voz de Nueva Braunau“. La operación se justificó en una denuncia, realizada en noviembre de 2014, por infracción a la Leyn 18.168 General de Telecomunicaciones.

El allanamiento terminó con cuatro comunicadores formalizados por utilización sin autorización del espectro radioeléctrico. Los detenidos fueron Rubén Loncomilla, Sergio Quintul, Francisco Loncomilla y Yasna Levicán.

Esta mañana, el Colegio de Periodistas de Chile dio a conocer un comunicado donde exponen su postura al respecto.

“Rechazamos categóricamente el allanamiento de la radio “La voz de Nueva Braunau”, así como toda forma de hostigamiento y persecución hacia las comunidades mapuche que en la actualidad no cuentan con igualdad de condiciones para el acceso a la comunicación pública. Este hecho vulnera tanto el derecho a la libertad de expresión protegido en el artículo 19 número 12 de la Constitución como las garantías cauteladas en normativas internacionales como las de la Organización de Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, a los cuales Chile adscribe”, argumentaron.

Además, hicieron énfasis en que es el segundo allanamiento a radios comunitarias o públicas que se registra en menos de un mes. Según el Colegio de Periodistas, “con esto se ataca directamente al pluralismo mediático en el país, el cual ya se encuentra lo suficientemente amenazado por la concentración mediática existente”.

Según la declaración pública, la acción de la PDI aparece como aún más cuestionable, ya que la radio “La Voz de Nueva Braunau” se encontraba en proceso de regularizar su situación legal.

“Como Colegio de Periodistas entregamos nuestra solidaridad a la comunidad williche de Puerto Varas, a los comunicadores retenidos y formalizados, y a la audiencia de la emisora. Es de nuestro parecer que los organismos del Estado debieran ser actores que propicien la diversidad de voces y actores, no que muestren excesivo voluntarismo por su silenciamiento. Por ello, exigimos que la Subsecretaría de Telecomunicaciones explique claramente los motivos de su atención personalizada a las radios comunitarias, qué gestiones llevará adelante para apoyar al sistema de comunicación público y comunitario, y de qué forma pretende abogar por una modificación a la normativa y un reglamento que efectivamente permita el uso democrático del espectro radioeléctrico y no su concentración en pocas manos”, recalcaron.