Pescadores insumisos, privatización pesquera y nueva constitución
Por: admingrs
| Publicado: 02.03.2015
Durante el desarrollo del Congreso Nacional de Pescadores Artesanales organizado por la Federación FEPACOR de Corral y el Consejo Nacional de Defensa del Patrimonio Pesquero (CONDEPP), el Ministro de Economía subrogante y subsecretario de Pesca Raúl Súnico, sorprendió a los más de 300 dirigentes de la pesca de pequeña escala venidos desde Iquique hasta Magallanes, al señalar que durante la tramitación parlamentaria de la denominada ley Longueira que privatizó los peces del mar chileno, se había desarrollado una batalla. En ésta, los que perdieron -es decir los ciudadanos, pescadores artesanales, pymes y pueblos originarios-, debían asumir las consecuencias. «Aquí hubo una batalla hace dos años. Y esa batalla tuvo un resultado: salió una ley, la que resultó en triunfo para algunos, empates y derrotas para otros. Pero se dio una batalla. Con una correlación de fuerzas determinadas en el espacio democrático que el país tiene, que es el Congreso Nacional» (1).
Al continuar sincerando la visión del gobierno de Michelle Bachelet sobre la ley, Súnico sentenció que ésta «consolidó derechos. Derechos que son licencias transables, bancarizables e indemnizables. Es así. No hay dos interpretaciones sobre esto. Hubo una batalla que se dio. Se perdió, y alguien ganó un conjunto de derechos. Remover estos derechos tiene un costo. Los cálculos preliminares de este costo son superiores al costo de la reforma educacional completa y a la reforma tributara completa».
Ante las preguntas de los dirigentes de la pesca artesanal, el subsecretario confirmó que la actual ley de pesca y acuicultura no contempla derechos ni cuotas de captura para los pescadores artesanales «propiamente tales». Es decir, para aquellos que sólo tienen su fuerza de trabajo para vender, y que son la mayoría de los 97 mil hombres y mujeres de mar que componen este sector de pequeños productores. La razón de esta pérdida de derechos se debe a que la Ley Longueira contempla derechos de propiedad, acceso y uso de los recursos pesqueros chilenos, sólo para los dueños de las embarcaciones o «armadores», tanto industriales como artesanales (1).
Todo ha quedado amarrado y bien amarrado
El inédito reconocimiento público por parte del subsecretario de Pesca sobre que las exigencias del movimiento social de derogar la actual ley de pesca promulgada el 2013, restituir el papel asignador de derechos del Estado, recuperar la propiedad de las pesquerías nacionales y defender los derechos de la ciudadanía, pesca artesanal, pymes y pueblos originarios, refuerza la idea cada vez más extendida en la sociedad chilena organizada, que estos son temas de carácter público -es decir políticos-, los cuales sobrepasan largamente el ámbito pesquero.
Esta comprensión va a la par con el avance experimentado en el movimiento social sobre que la solución de los graves y crecientes problemas y abusos que afectan a nuestro mar, sus recursos y a las comunidades costeras, sólo puede avanzar mediante la movilización y presión social que tenga como horizonte la democratización del país y el cambio del modelo económico neoliberal imperante, ya que no existe posibilidad alguna, dentro del actual sistema político, legislativo y administrativo dominante, de cambiar los aspectos de fondo de esta injusta ley, hija de los dineros empresariales y la corrupción de la casta política que nos desgobierna.
No existe posibilidad alguna, dentro del actual sistema político, legislativo y administrativo dominante, de cambiar los aspectos de fondo de esta injusta ley, hija de los dineros empresariales y la corrupción de la casta política que nos desgobierna.
A dos años de haberse promulgado la ley Longueira, todo se encuentra amarrado y bien amarrado, siguiendo el legado que nos dejó la dictadura: altísimos quorum requeridos en el parlamento para aprobar modificaciones a la propiedad y a los actuales mecanismos de acceso y uso de los recursos y ecosistemas acuáticos de la Nación, a lo que se suma un Tribunal Constitucional de cuestionada composición de sus recientes miembros, siempre atento a impedir cualquier iniciativa ciudadana de recuperación de derechos y de bienes comunes de uso público.
No hay que olvidar que la entrega de certeza jurídica por parte del Estado a los siete clanes empresariales beneficiados directos de la ley Longueira, les asegura mediante sus nuevos derechos de propiedad, el goce monopólico de las rentas pesqueras en el séptimo país a nivel de desembarques de recurso marinos del planeta.
Sólo una nueva Constitución permitirá recuperar la propiedad de los peces y los derechos ciudadanos
A través de la ley de pesca y acuicultura, tanto el Estado como el parlamento chileno vulneraron el principio constitucional de libertad económica y no discriminación arbitraria, dada la asignación en exclusividad de derechos de acceso y uso de propiedad de las valiosas pesquerías del país a los grupos empresariales que, paradojalmente, son los principales responsables de la actual situación de colapso y sobre-explotación que afecta a casi el 60 por ciento de las pesquerías.
De manera complementaria, esta ley eliminó el histórico papel del Estado como único asignador de derechos de propiedad, acceso y uso de los recursos acuáticos del país, transfiriendo dicho papel al mercado, mediante la creación de un sistema de licencias y cuotas individuales de pesca plenamente transables, las que pueden ser sujetas a compra, venta, arriendo, hipoteca, e incluso ser heredadas por sus titulares. Con ello, la casta política en su conjunto y los clanes pesqueros lograron este objetivo que estaba pendiente desde fines de la dictadura cívico-militar, debido a la férrea oposición de pescadores y ciudadanos.
La actual Ley de Pesca y Acuicultura fue negociada por parlamentarios que carecían de independencia frente a los intereses y el dinero de los clanes empresariales, lo que posibilitó que su tramitación express se llevara a cabo en medio de graves vicios procedimentales y conflicto de intereses. Entre ellos destacan la participación encubierta de los gerentes de Sonapesca y de las grandes compañías pesquera industriales, haciéndose pasar por «asesores» de los parlamentarios de la Comisión de Pesca; la votación de senadores y diputados con intereses personales y familiares en las empresas que iban a ser directamente beneficiadas; la no consulta a los pueblos indígenas, violando el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, lo que permitió invisibilizar legalmente a los pueblos Mapuche, Kaweskar y Rapa Nui, en relación a sus derechos de acceso y uso de los recursos pesqueros del país.
Como guinda de la torta, se encuentra la colusión entre los grupos empresariales de la pesca industrial y dirigentes de las dos confederaciones nacionales de la pesca artesanal -Conapach y Confepach-, la cual fue impulsada por el ex-ministro de Economía y ex-candidato presidencial Pablo Longueira. Este acuerdo realizado a través de una «mesa de negociación pesquera» que operó fuera de todo control público, permitió traspasar cuotas de pesca de carácter industrial por valor de 34 millones de dólares, hacia los armadores artesanales, a cambio del apoyo político de ambas confederaciones a la privatización del patrimonio pesquero del país. Importante es señalar que el Gobierno de entonces y el parlamento avalaron el traspaso entre privados de recursos pesqueros que no les pertenecían, ya que el 2012, las pesquerías todavía eran bienes comunes de la Nación.
Estos antecedentes colocan en ruta de colisión a la actual institucionalidad pesquera con los profundos cambios sociales y culturales que están ocurriendo en la sociedad chilena y las comunidades costeras. Se está configurando una situación de insospechadas consecuencias, mas aún cuando sectores de la pesca artesanal comienzan a señalar como horizonte estratégico la necesidad de avanzar junto a los diversos movimientos sociales hacia la organización de asambleas constituyentes locales y regionales, de las que surja por primera vez en la historia de Chile una Constitución democrática que represente al conjunto de los ciudadanos. Es allí donde se podrán recuperar nuestros recursos naturales y bienes comunes y consagrar de manera explícita los derechos a la educación, salud, trabajo, previsión y un medio ambiente sano, obligando al Estado a ser garante y promotor de dichos derechos (2).
Objeción de Conciencia y la Ley Longueira
Como ha ido quedando en evidencia durante los últimos meses, el accionar encubierto del dinero corporativo en los espacios de poder y toma de decisiones políticas, son prácticas cada vez más habituales y menos excepcionales en Chile. Ellas están contribuyendo a la progresiva descomposición del sistema político-institucional, al posibilitar que el empresariado corruptor, y otros grupos extra-estatales vinculados a actividades ilícitas, tal como el narcotráfico, puedan ir teniendo una creciente capacidad de control sobre el Estado, Parlamento y los partidos políticos, mediante la vía del chantaje, tanto por lo que saben del accionar corrupto de sus miembros, como por los montos de dinero entregados.
Hoy sabemos que Pablo Longueira también es uno de los políticos beneficiados por el dinero y las prácticas ilegales del grupo Penta, mientras que su hijo, José Tomás, lo es de Soquimich. Esto confirma la doble paternidad que tienen los dineros e intereses empresariales sobre la Ley de Pesca que lleva su nombre, y que la ciudadanía, pescadores artesanales y pueblos originarios exigen derogar.
El ex-senador Nelson Ávila entregó información que fue compartida en el reciente congreso de pescadores artesanales en Corral, relacionada con la entrega de 500 millones de pesos por parte de Corpesca, empresa del Grupo Angelini, para «gastos reservados» de miembros de la comisión de Pesca, mientras se llevaba a cabo la discusión parlamentaria del 2012.
La semana pasada, el ex-senador Nelson Ávila entregó información que fue compartida en el reciente congreso de pescadores artesanales en Corral, relacionada con la entrega de 500 millones de pesos por parte de Corpesca, empresa del Grupo Angelini, para «gastos reservados» de miembros de la comisión de Pesca, mientras se llevaba a cabo la discusión parlamentaria del 2012 (3).
Por ello, si a pesar de las múltiples denuncias existentes sobre los comportamientos corruptos- cohecho y soborno de políticos – de los diversos grupos pesqueros empresariales durante la tramitación parlamentaria, y la investigación que se lleva a cabo en la Unidad de Delitos Económicos de Alta Complejidad de la Fiscalía Nacional, finalmente no llegara a ningún resultado significativo – como ha ocurrido con respecto al caso Penta- y los principales responsables, operadores y encubridores no recibieran sanciones ejemplificadoras -entre ellas el cese de funciones de los parlamentarios involucrados-, los ciudadanos, pescadores artesanales y miembros de los pueblos originarios, tendrían el pleno derecho a ejercer la objeción de conciencia para rechazar una ley corrupta que amenaza la existencia de los pequeños productores, comunidades costeras y pueblos originarios, así como los intereses de las actuales y futuras generaciones.
Ello sería la lógica respuesta de los ciudadanos a un Estado y casta política que no quieren escuchar, a la falta de espacios democráticos para la resolución de conflictos, y el hecho que los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial se encuentran cooptados por los intereses financieros, transnacionales y empresariales.
El «viejo topo de la historia» nos enseña que para oponerse de manera pacífica y efectiva ante una ley injusta, expropiadora de bienes comunes de la Nación y de los derechos de los pescadores artesanales, comunidades costeras y pueblos originarios, el camino es el de la objeción de conciencia y la in-sumisión ciudadana. Ello constituye el segundo cambio político-cultural en una ciudadanía y movimientos sociales y regionales crecientemente empoderados y dispuesta a resistir la corrupción de la «canallada dorada», el avance de las excluyentes políticas neo-liberales de privatización de los bienes comunes, y la progresiva eliminación de sus derechos políticos, sociales, culturales y económicos.
Remando para un sólo lado: Por una gobernanza democrática en nuestro mar y áreas costeras
Consolidar una amplia alianza de ciudadanos, pescadores artesanales, pueblos originarios, comunidades costeras, organizaciones estudiantiles, pymes, profesionales y académicos, en torno a una Agenda Común, son pasos claves para revertir la autoritaria privatización del patrimonio pesquero nacional y recuperar los derechos de propiedad, acceso y uso de los bienes del mar chileno. En lo inmediato se plantean los siguientes desafíos para las organizaciones y la opinión pública:
Primero, contribuir con nueva información y hacerse parte de las causas RUC 130477207- K y RUC 1101137450-8, que investigan situaciones de cohecho y soborno del grupo Angelini en el contexto de la tramitación parlamentaria de la ley de pesca y acuicultura.
Segundo, ampliar la investigación a otros grupos empresariales de la pesca industrial y parlamentarios involucrados en procesos de corrupción parlamentaria, exigiendo sanciones ejemplificadoras para los responsables directos, operadores y encubridores. En este sentido se llama a entregar información sobre el denominado «Frente norte» constituido por diputados y senadores apoyados financieramente por el grupo Angelini, junto a la denominada “bancada pesquera” del parlamento, integrada por diputados de larga permanencia en la comisión de pesca.
Tercero, impulsar mediante una amplia alianza ciudadana para la defensa de nuestro mar y sus recursos, el rechazo y derogación de la actual ley de pesca y acuicultura, creando la voluntad política necesaria para avanzar en el proceso de movilización por el cambio constitucional.
Cuarto, exigir el cumplimiento de los compromisos de campaña de la presidenta Bachelet, respecto al programa pesquero, tales como: revisar de manera pública y participativa la ley de pesca y acuicultura; prohibir las operaciones de pesca de arrastre en las aguas jurisdiccionales chilenas ; ampliar a todo el litoral del país, incluidas las aguas interiores, la zona de 5 millas de protección de la biodiversidad marina y uso exclusivo para las actividades de la pesca artesanal, eliminando las corruptas y destructivas situaciones de «perforación» por parte de las flotas industriales.
Quinto, exigir la declaración como pesquerías exclusivamente artesanales para los recursos Merluza común, Merluza austral, Sardinas, Anchoveta, Congrios, Reineta, Pejegallo, Tollo, Raya y Jibia, entre otras.
Sexto, impulsar una amplia participación informada de la pesca artesanal, comunidades costeras y organizaciones ciudadanas en el proceso nacional e internacional que implementará las Directrices Voluntarias sobre la Pesca de Pequeña Escala de las Naciones Unidas, FAO, en el contexto de los derechos de acceso y uso a los recursos pesqueros y borde costero, la erradicación de la pobreza y la seguridad alimentaria.
Y séptimo, participación de las organizaciones de las comunidades costeras, de pesca artesanal y pueblos originarios en los procesos de convocatoria para el establecimiento local y regional de Asambleas Constituyentes, como único medio democrático para la elaboración de una nueva Constitución representativa de las visiones e intereses de los ciudadanos y del pueblo pesquero, regiones y comunidades costeras.
Referencias
Sobre este tema, véase Sergio Grez Toso, «La ausencia de un poder constituyente democrático en la historia de Chile»: http://www.rebelion.org/docs/89120.pdf
Foro por la Asamblea Constituyente, «Cómo llegar a la Asamblea Constituyente», Santiago, 1 de abril de 2014: http://www.convergenciaconstituyente.cl/?p=1434
http://www.mercuriovalpo.cl/impresa/2015/02/22/full/10/
Centro Ecocéanos: www.ecoceanos.cl
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