Las instituciones son el punto de llegada y no el de partida para analizar las situaciones políticas. Este principio analítico encuentra su fundamento en la gradualidad que la coacción y coerción, en cuanto implementación, representa para los diversos sistemas de dominación, en este caso el capitalista. Esto quiere decir, que es más difícil subvertir las formas que adquiere una dominación específica en lo “cotidiano” que en sus formas centrales o generales. La reproducción cotidiana de un orden es la médula de una forma específica de producción de vida. Esto no quiere decir que las luchas locales, por sí mismas, logren una transformación global, ni que la dominación se construya como una fuerza de permanente anti-insurgencia, sino más bien su realidad radica en que las actividades se trasladan a la voluntad de los individuos. Con esta advertencia de “prisma” para el lector podemos comenzar con el tema en cuestión.

Durante el último año y el que recién comienza, en Chile se ha desplegado un escenario de reformas inauguradas por la crítica social que levantó el movimiento estudiantil del 2011, sumado a una serie de conflictos laborales y ambientales que se venían arrastrando durante el inicio del siglo. Estas reformas, lideradas por el gobierno de Michelle Bachelet (Partido por la Democracia, Partido socialista de Chile, Partido demócrata cristiano, Partido radical, Movimiento Amplio Social y Partido Comunista de Chile), eran conceptualizadas en cuatro ejes: reforma tributaria, reforma educacional, reforma laboral y reforma constitucional. La reforma tributaria buscaba modificar la carga impositiva a los sectores de mayor riqueza con el fin de financiar programas sociales y principalmente la reforma educacional. Por su parte esta reforma educacional vendría a dar respuesta al conflicto gatillado durante el 2011 produciendo un lento proceso de gratuidad en educación que produzca una regresión en la segregación del modelo educacional y una re-valoración de la educación pública nacional. La reforma laboral buscaba regular las formas de negociación e impulsar una política pro-sindical. Y por último, una reforma constitucional que abriera el terreno para posibilitar la sustentación de una legitimidad política cuestionada, progresivamente, en el último tiempo.

¿Qué ha sucedido?

Como primer punto, es ya casi claro que la reforma constitucional no será efectiva y se concentrarán en modificar aspectos del sistema de representación electoral. Luego, tras amplios debates sobre el modelo tributario se ha establecido una reforma que no modifica sustancialmente el mecanismo de adquisición y conserva, en su gran medida, el sistema tributario pre-existente. En cuanto a la reforma laboral se mantiene la primacía del empresariado en la negociación y las medidas adoptadas no fomentan la sindicalización efectiva. Y por último, la reforma educacional se ha limitado a regular las formas financieras en educación con dinero Estatal pero ha mantenido intacto el sistema privado de educación y solo se ha concentrado en establecer un fondo de refinanciación de la educación pública.

¿Cuál es la explicación para lo limitado de su alcance?

El gobierno de Bachelet, la Nueva Mayoría, se propuso como un intento de convocar y re-ensamblar el creciente escenario de conflicto social que se estaba produciendo en el país. Esta situación, de reelección de Bachelet, comienza ya con una elección que no es capaz de convocar un amplio espectro electoral y no logra una victoria contundente como se esperaba. A su vez, este gobierno, responde a un interés de clase específico, centrado en la figura del empresario nacional Andrónico Luksic. Este empresario nacional, junto a un grupo de ellos, responde a una intención que fija sus objetivos en la modernización del sector extractivo chileno, para lo que es necesario diversificar la inversión y dotar de un nuevo carácter al Estado como promotor de un consenso social que genere estabilidad. Si bien, en Chile existe un empresariado integrado “horizontalmente” en la producción, o sea no representa un solo sector de acumulación de capital, podemos atrevernos a plantear que presentan un claro acento específico que a su vez ordena el resto de su ampliación capitalista. Se podría decir, que presenta una “base central de operaciones” desde donde expanden sus esfuerzos. Por lo tanto, el actual gobierno presenta su “base social” en este sector del empresariado, cuyos ejes políticos serían: (1) diversificar la inversión, (2) modernizar el sector extractivo nacional, (3) constituir una institucionalidad que permita estas situaciones y (4) incorporar, a través de la formación educativa y el consecuente paso al mercado laboral, a los sectores de “nuevos asalariados” chilenos, propios de la transformación neoliberal.

En consecuencia, la tarea de este gobierno era/es imbricar las reformas a lo ejes estratégicos antes expuestos, sin embargo se ha encontrado con, al menos, dos dificultades: (1) La ausencia de un electorado activo en política y (2) la imposibilidad de no afectar al sector financiero de la economía chilena.

Daremos en primer lugar de la segunda de estas dificultades. En Chile el patrón de acumulación se ha centrado en la extracción y en la financiarización (inversión financiera-deuda). A su vez, se ha producido un proceso de diversificación del empresariado nacional entre capital productivo, comercial y financiero, o sea un proceso de integración de capital o de unificación. Sin embargo, esta integración conlleva un punto central desde el cual se realiza la expansión, o sea la diversificación no necesariamente determina intereses comunes, de manera permanente, en la burguesía nacional. Esto ocurre principalmente por dos cuestiones: (1) la híper-competencia y (2) el capital originario o estrategia de acumulación.

En esta dirección existe, en Chile, un empresariado nacional cuyo eje central es la acumulación financiera. Si bien todos (los empresarios chilenos) la presentan, unos dependen más que otros de ella. Por lo tanto, la modificación del sistema tributario a favor de una mayor carga impositiva al empresariado, así como una reforma laboral que dote de mayor poder de negociación a los trabajadores, como la regulación de la financiarización de la educación, choca con la necesidad de este empresariado de aumentar su acumulación financiera. Así, tanto la reforma laboral, como la tributaria y la educativa se ven envueltas en un híbrido que busca preservar, de la manera más soterrada posible, el circuito de acumulación financiera y los intereses de este empresariado, base del modelo chileno.

La representación política de este interés empresarial, corresponde a la derecha tradicional Chilena: el partido Unión Demócrata Independiente (UDI) y Renovación Nacional (R.N). No obstante, esta coalición política se encuentra a su vez expuesta a una serie de mutaciones, tanto ideológicas (liberalismo-autoritarismo) como prácticas (nuevos partidos o unidad en un solo nuevo partido), producto de la salida poco glamorosa del reciente gobierno de Sebastián Piñera. Por lo tanto, no pudieron dar cuenta de una dirección política ni al empresariado, ni a los sectores aspiracionales de la población chilena. Fue un gobierno bloqueado, miope y extremadamente torpe. Esta inoperancia, casi patética de la derecha chilena, ha llevado al empresariado a tener que tomar ya no solo una posición de decisiones fácticas “tras bambalinas”, sino a posicionarse como un actor político por sí mismo. Se devela como clase y entra directamente al terreno de la política como un partido más. Esto impacta a sus organizaciones gremiales como la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA) que deben posicionar a miembros de clase con mayor pretensión mediática y liderazgo carismático o social. La “juventud” empresarial tomará la iniciativa en estas cuestiones.

Ante esta situación, aparece el problema enunciado como punto uno dentro de las dificultades. La ausencia de un electorado activo en política. Esto quiere decir o demuestra que el gobierno de la Nueva Mayoría presenta anclajes sociales electorales inactivos en la esfera política social o por lo menos no decisivos. Por lo tanto, la posibilidad de apelar a un movimiento ciudadano, popular o de masas es casi imposible. Es un gobierno de “administradores de fundo” con sus patrones dándoles órdenes diferentes y con peones que no les hacen caso. Sin embargo, esto puede profundizado con un análisis de la empresarialización de los representantes políticos chilenos, que apresuradamente se puede sostener como menor al número de servicios o intereses creados que ha generado la política neoliberal en el último periodo, o sea los representantes políticos se vinculan al empresariado a través de beneficios económicos directos, legales o ilegales, principalmente.

En definitiva, hoy en Chile el empresariado ha logrado promover y realizar el “espectáculo” de las “reformas estructurales” a través de acuerdos fraguados mientras se discutía en el parlamento. Sin embargo, esto es un problema para la burguesía. No es bueno o deseable actuar directamente como clase, eso la burguesía lo sabe y lo tiene muy claro. Por lo tanto, aún queda pendiente la recomposición de una esfera política estéril o incapaz de trazar una línea de desarrollo que aglutine las voluntades sociales en ella y es esta fisura la que la izquierda chilena debe tensar.