represión caimanesEl conflicto que enfrenta a la comunidad de Caimanes con la minera Los Pelambres, del grupo Luksic, no parece estar cerca de resolverse. Por estos días, la represión policial en contra de los habitantes movilizados se ha agudizado y, a través de medios alternativos y redes sociales, el país sigue informándose sobre la inusitada reacción de las autoridades ante el caso.

Por ello, durante este miércoles, algunos dirigentes de la Nueva Mayoría se comunicaron con el principal asesor del ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo. Los jefes de bancadas de diputados de la DC y del PS tenían el objetivo de advertir sobre la radicalización de las protestas y pidieron una reunión entre Peñailillo y los manifestantes para encontrar una solución.

Según lo informado por La Tercera, existió un compromiso de replegar a las Fuerzas Especiales que desde hace días se encuentran en el lugar, pero aún no existen las garantías necesarias. En este contexto, es al interior de la misma Nueva Mayoría donde se iniciaron las acciones para obligar al gobierno a retroceder. La represión, por estos días, dejó un saldo de siete personas heridas con balines de goma y uno de las víctimas sufrió incluso la pérdida de un ojo.

Ayer, el Partido Comunista publicó un comunicado señalando que “rechaza medidas represivas y de fuerza destinadas a amedrentar y agredir a las y los ciudadanos de Caimanes (…). Deben salir las fuerzas policiales y cesar la represión”.

Otros, como la senadora PPD Adriana Muñoz, establecieron que es “tremendamente inquietante y doloroso” en uso de la represión en la magnitud y condiciones que se ha hecho y sobre comunidades que hoy reclaman un derecho básico como el agua. “Queremos ver la energía del Estado administrando este recurso vital para la vida humana en función del bien común y no reprimiendo a las comunidades”, señaló.

Por su parte, el diputado PS Luis Lemus aseguró que “el gobierno no entendió el conflicto” y le pidió a Peñailillo terminar con esta situación. A sus palabras se sumó el DC Matías Walker, quien acusó al gobierno de un mal manejo del problema y recalcó que “es una provocación la presencia de centenares de efectivos policiales”.