Former Chilean President and current presidential candidate Bachelet delivers a speech during a ceremony to commemorate the 40th anniversary of the military coup, in SantiagoEl Ejecutivo parece haber perdido parte importante del control de la agenda y se apresura a tramitar e modo expedito 15 proyectos de ley antes del 21 de mayo, dejando de lado el foco en los tres ejes planteados al inicio de la administración Bachelet, a saber: reforma tributaria, educacional y nueva constitución.

Si bien en la reforma encabezada por Alberto Arenas ya cuenta con una ley promulgada y en pleno proceso de entrada en vigencia, son los otros dos pilares los que parecen haber quedado rezagados, al menos durante el primer trimestre y parte del segundo.

Tras el anuncio realizado el lunes por el vocero de gobierno, Álvaro Elizalde, La Moneda ha enviado una señal de intenso trabajo legislativo, especialmente a los parlamentarios oficialistas que le otorgan la mayoría en ambas cámaras.

Sin embargo, al revisar el detalle de las 15 iniciativas, resulta claro que ninguno de los proyectos que serán impulsados durante los próximos dos meses se relaciona de manera sustancial con los avances comprometidos en los tres ejes.

Sólo en Educación se contemplan cuatro proyectos, entre ellos la creación de Universidades Estatales en O’Higgins y Aysén; el perfeccionamiento de mecanismos de participación estudiantil (post derogación del DFL2); la creación de 15 CFT estatales; y un proyecto que establezca los beneficios para el retiro de profesores.

Nada de nueva Constitución, y por cierto, nada de gratuidad. Algo que ciertamente marca distancia con el espíritu que dijo haber recogido la Nueva Mayoría de las movilizaciones sociales de 2011.

Y aunque en enero el Ejecutivo festejaba tras haber logrado gran parte cambios comprometidos para el primer año de gobierno, las dudas sobre el futuro que le depara al resto de las reformas estructurales, en vez de disiparse, sólo crecen.

Los festejos por un inicio de año demoledor para la Nueva Mayoría, tras la aprobación del fin al sistema binominal, del Acuerdo de Unión Civil y de la Reforma Educacional en el Congreso, parecían indicar que el Gobierno mantendría un férreo control de la agenda legislativa durante su segundo año. Sin embargo, el caso Caval se sumó a Penta, y la crisis política por la relación entre el dinero y la política obligó a hacer frente de un momento delicado para la institucionalidad.

Un primer año prometedor

2014 será un año difícil de olvidar con la aprobación de una reforma tributaria que mantuvo en un tenaz tira y afloja a la oposición con el Gobierno. Con la consolidación del impulso reformista durante enero, la actual administración podía incluso darse el lujo de decir que “la derecha se fue de paliza”, como dijo en entrevista con CNN el senador PPD, Jaime Quintana.

Sin embargo, estudios independientes sobre el nivel de avance en el cumplimiento del programa de gobierno dan cuenta de cifras poco alentadoras.

Ciudadano Inteligente viene realizando el estudio de cumplimento de medidas legislativas desde la administración pasada, y en él incluyen las promesas de gobierno contenidas tanto en el programa como las realizadas en el discurso del 21 de mayo. En la actual versión, deldichoalhecho.cl (sitio donde publican los resultado del estudio) incluye las 200 medidas anunciadas en el programa de gobierno, totalizando un 16.46% de cumplimiento.

daniela tejedaDaniela Tejeda, encargada de estudios de la fundación, explicó que el nivel de avance lo miden gracias a una serie de indicadores, con lo cual se aseguran de no quedarse, por ejemplo, en el envío de los proyectos sino también en el estado actual de tramitación en el que se encuentran.

Tejeda destaca que la cifra general tiene un contexto. “Un 16% es un número bastante bajo pero se debe considerar que son 200 medidas las analizadas, y en 65 actualmente hay algún nivel de avance. Casi un tercio de ellas ya tienen tanto el ingreso del proyecto, como también hay otras que ya están cumplidas al 100%. Al ser 200, son tantas que el porcentaje también se diluye en relación al nivel de avance de cada una”, afirmó.

La encargada del estudio afirmó que además ellos miden el cumplimiento de objetivos como “enviar proyecto de ley…”, no sólo desde el mismo envío, sino también sobre el avance concreto del proyecto, y además la correlación entre lo prometido y lo finalmente aprobado. “Claro, el gobierno puede decir que su promesa era enviar. Pero sobre todo considerando que en este gobierno el porcentaje de parlamentarios de su coalición es mayoritario, entonces con mayor razón no nos vamos a conformar, ni lo hicimos antes con el gobierno de Sebastián Piñera, con que simplemente el esfuerzo hubiese sido enviar un proyecto”, afirmó.

“Si consideramos que son cuatro años, que en más de un tercio de los proyectos se está avanzando y que, al mismo tiempo, en los tres ejes que se quería avanzar, la reforma tributaria ya está lista, en la educacional se está avanzando,  y sólo faltaría que en la reforma constitucional se muestre mayor avance, vemos que con dos de tres, o uno y medio podríamos decir, se está avanzando, lo que da cuenta del progreso de la agenda programática del gobierno”, indicó Tejeda.

Para Tejeda, los efectos de Caval en la capacidad de control de la agenda del Gobierno podrían minar un cumplimiento total del programa de gobierno. “Nosotros no pensamos que un presidente deba cumplir con el 100% de lo prometido, porque obviamente, en el camino pueden haber situaciones como las que precisamente estamos viendo coyunturalmente, y que han puesto en el tema del dinero y la política tan en la palestra. De hecho, el proyecto de ley que regula los temas de dinero y la política no era uno de los ejes prioritarios que estaban considerados en el programa de gobierno, y sin embargo ahora han tenido que incorporarlo”, reflexionó Tejeda.

El control del timón

Los efectos del caso Caval terminaron obligando a cambiar parte importante de los énfasis del gobierno de Michelle Bachelet. Prueba de ello es que actualmente la nueva constitución no figura en la agenda de Gobierno. Sin embargo, para el sociólogo Albero Mayol, la actual coyuntura vino a demostrar que el proyecto político de la Nueva Mayoría no estaba “suficientemente consolidado”.

Alberto Mayol, sociólogo U.de ChilePara el autor del libro “La Nueva Mayoría y el fantasma de la Concertación”, el camino emprendido por el actual bloque político es de “restauración y cambios parciales”, por lo que descarta el real sentido transformador y recuerda los episodios en los que ya se fueron descartando temas claves.

“El año pasado se estableció que el tema de las AFP quedaba pendiente, que para el tema Constitución habría una comisión, que lo de la Reforma Laboral es una agenda y no un proyecto. Se fue haciendo un conjunto de modificaciones de agendas que, en una lectura conjunta, es evidente que el camino no iba hacia una transformación muy radical”, afirma el sociólogo.

Para Mayol, los efectos del caso Caval son demoledores a la hora de hablar de igualdad, el gran tema central de la segunda administración de Bachelet. “El gobierno abandonó la igualdad en sus últimas alocuciones. De lo que hablaron el día sábado estando en Viña, fue de calidad de vida, y se restringieron a eso. No se habló nunca de igualdad, de justicia, y por tanto uno puede conjeturar a partir de eso que básicamente están entregando la agenda completa, dado que tampoco esa agenda les produce suficiente acomodo hoy en día”, reflexiona.

Mayol advierte que el escenario actual puede empujar al gobierno a un ciclo “inviable” y agrega que si bien hoy no existe un sujeto social definido que clame por reformas como en 2011, sí hay una politización importante “más bien por putrefacción del orden de la élite, y me parece que en ese escenario, la postura que está tomando el gobierno es derechamente estúpida. Pero más allá de eso, es evidente que no parece tener mucho interés en cambiar el camino”, lanzó el sociólogo.

Mayol destaca que “El gobierno cerró las reformas que tenía que cerrar” en el momento que pudo hacerlo “pero el caso Caval destruyó la zona de flotación”.

El sociólogo advierte que la crisis de institucionalidad empuja a los partidos conservadores a actuar “bajo la lógica de rapiña”.

“El gobierno no tenía un proyecto político suficientemente consolidado. Lo que tenía era un liderazgo muy consolidado, que estaba basado en una representación de Bachelet, que a pesar de haber sido presidenta antes y de haber pasado por Naciones Unidas, seguía sin ser un miembro de la élite para los chilenos. Y de pronto queda dentro de la élite con todas las prácticas que se le atribuyen, y ese otro pilar con el cual podía afirmarse la Nueva Mayoría y su proyecto, se acaba. En ese sentido, se puede hablar de un término del Gobierno. Pero no solo del Gobierno, porque en términos más profundos estamos hablando de todo el sistema político”, concluye Mayol.