consejo asesor corrupcionLa presidenta Bachelet optó por una de sus fórmulas favoritas para abordar la crisis política desatada por los escándalos de corrupción Penta y Caval: convocó a un Consejo Asesor Presidencial, esta vez, “contra los conflictos de interés, el tráfico de influencias y la corrupción”. Lo presentó cerca de las 20:00 horas de ayer, instancia en la que dio a conocer sus integrantes y sus directrices.

El público del acto estuvo compuesto por más de 150 invitados provenientes de lo más granado de la elite político-económica del país, entre los cuales destacaron los ex presidentes Ricardo Lagos y Sebastián Piñera, y representantes del empresariado, iglesias, partidos políticos, centros de estudios y una que otra oenegé.

La actividad comenzó con saludos de los ex mandatarios Patricio Aylwin y Eduardo Frei, como para despejar cualquier sospecha sobre las razones de sus ausencias. Luego fue el turno de Bachelet. “Esta es una situación grave, a la que todos juntos tenemos que poner freno”, expresó de entrada, para luego emitir un discurso centrado en poner sobre los hombros del conjunto del sistema político la responsabilidad de sacarlo del atolladero en que se encuentra.

Entre medio, regaló frases que quedaron como críticas solapadas no sólo a los políticos involucrados en el caso Penta, sino tal vez a su hijo: “Hemos visto también cómo algunos usan la influencia que otorgan los cargos democráticos y públicos; es decir, los cargos que están para servir a todos los ciudadanos y ciudadanas, para obtener ventajas personales”.

Sin embargo, cuando anunció que haría mención a un tema que la tocaba “personalmente”, no se refirió al aprovechamiento privado del cargo político que le otorgó en La Moneda a su primogénito (como la gran mayoría de los oyentes esperaban), sino al mucho menos trascendental tema de la declaración de intereses y patrimonios de los ex presidentes.

Finalizado el discurso presidencial, fue el turno de la presentación del instrumento elegido por La Moneda para hacer frente a la crisis. Se trató, como ya habían anunciado las autoridades en días previos, de una fórmula ya utilizada por Bachelet en su anterior gobierno para sortear malos momentos: convocar a connotadas personalidades del espectro político oficial a formular propuestas de política pública para regular con más transparencia la relación entre política y negocios.

La comisión está presidida por el economista Eduardo Engel (Espacio Público) y secundado por Vittorio Corbo (FMI) y Benito Baranda (América Solidaria).

Los demás integrantes son Rossana Costa (Libertad y Desarrollo), Álvaro Castañón (Ciudadano Inteligente), Alfredo Etcheberry(ex presidente Colegio de Abogados), Olga Feliú (presidenta Colegio de Abogados, ex senadora designada), Claudio Fuentes (Ciencia Política UDP), José Andrés Murillo (Fundación para la Confianza), Andrea Repetto (UAI), Manuel Riesco (Cenda, PC), Marcela Ríos, Lucas Sierra (CEP), Agustín Squella (Premio Nacional de Humanidades 2009), Paulina Veloso (ex ministra Segpres, PS) y Daniel Zovatto.

La comisión tendrá un plazo de 45 días para entregar propuestas al Gobierno. El Ejecutivo, a su vez, se comprometió a no demorar más de 15 días en elaborar los instructivos administrativos para luego, en un plazo de máximo 40 días, convertir las propuestas en proyectos de ley.

El trabajo de la comisión será reforzado, según anunció Bachelet, por el envío de una reforma constitucional “para que se establezcan sanciones, incluso la pérdida del cargo, a aquellos que han accedido a puestos de representación popular mediante prácticas ilegales”.