“Mar para Bolivia, habla
Violeta Parra”(1) (1966)

“Bolivia pide un puerto. ¿Hay algo más lógico?”,
Vicente Huidobro(2) (1938)

 

En la mañana del 14 de febrero de 1879, el ejército chileno desembarca en territorio boliviano. El tratado a la fecha vigente (el de 1874) estipulaba que ante una desavenencia limítrofe, esta debía ser puesta en consideración de la instancia arbitral, para el caso el Kaiser de Alemania (tal como lo harían Argentina y Chile con la Corona de Inglaterra en 1881 y Perú y Chile con el Presidente de los EEUU en 1929).

Encabezado por el liberal Federico Santa María, al desembarcar armado en el puerto de Antofagasta, y apoderarse luego de Cobija, Tocopilla y Calama, el gobierno chileno golpea la mesa, desahuciando unilateralmente el tratado vigente. El alza de impuestos a empresas extranjeras operando en la costa boliviana, anunciado por el presidente boliviano Hilarión Daza, diera a lo más para una controversia internacional (arbitrada, para el caso, por el Kaiser de Alemania, según lo estipulado en el tratado): en ningún caso —“respetuoso de los tratados internacionales”— para una invasión armada.

Tal como en 1973 las fuerzas armadas chilenas golpean la mesa e invaden de facto la República (y de iure, al declarar en el acto el “estado de guerra” interna; cf. decreto ley nº 5, del 12.9.73), encarcelando, torturando, asesinando y exiliando a miles de compatriotas mayormente de izquierda, el golpe de 1879 muy pronto buscó perdurar, institucionalizarse: primero a través del “Pacto de Tregua” (1884) y luego con el denominado Tratado de “Paz y Amistad” de 1904.

Fruto de la fuerza (armada) antes que de la razón (de su aprobación por el parlamento boliviano pendía la continuidad de las exportaciones de minerales bolivianos por Arica), el Tratado de 1904 fuera la Constitución de 1980 de las relaciones entre ambos países (como la Ley de Amnistía de 1978 lo fuera del Pacto de Tregua de 1884). Por decir: todo aquello que la izquierda chilena —aquella memoriosa de Recabarren, del Frente Popular, Neruda, De Rokha, Violeta Parra y de la Unidad Popular, por caso— habrá como no habrá buscado/podido desmontar en las últimas décadas.

 

II

La Moneda en llamas

¿Tal como el 73, 1879, dices? La comparación, si me permites, carece de todo fundamento: son “fechas” enteramente heterogéneas, incomensurables. En un caso (1879) estamos ante una invasión armada de Estado a Estado, en el otro (1973) es un mismo Estado el que se hace invade a sí mismo, dejando de paso en evidencia la ficción de unidad estatal o estado-nacional. Ni el 73 fuera una “internalización” sin más de la guerra de 1879 ni 1879 el origen simple de la guerra —interna— del 73.

De cierto, precisemos: 1879 y el 73 son tan incomparables como comparables. O, si prefieres, comparables y a la vez incomparables. Ya has mencionado un aspecto incomparable. Explicito ahora uno comparable: en ambas fechas se reitera la ilegalidad de la “solución armada” por parte de los sectores hegemónicos del Estado chileno ante conflictos eminentemente políticos: como en 1879, el 73. Escucha:

Mandado por mi Gobierno a ocupar la Prefectura del Departamento, sólo podré salir, de él por la fuerza. Puede Usted emplear esta, que encontrará ciudadanos desarmados, pero dispuestos al sacrificio y al martirio. No hay fuerzas con que poder contrarrestar a los tres vapores blindados chilenos, pero no abandonaremos este puerto sino cuando se consume la invasión armada

Severino Zapata,
Prefecto boliviano del Departamento de Cobija, 14.2.1879.

Seguramente ésta será la última oportunidad en que pueda dirigirme a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado […] Ante estos hechos sólo me cabe decir a los trabajadores: ¡Yo no voy a renunciar! […] Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza…

Salvador Allende, 11.9.1973.

 

III

Suma para la raya: la(s) izquierda(s) chilena(s) no puede(n) ni debe(n) abdicar de hacer política so pretexto de un mal entendido principio de autoridad (el impensado dogma de que la política internacional supuestamente la dirige exclusivamente el poder Ejecutivo de turno).

Demoraleja: tanto el Tratado de 1904 (entre Bolivia y Chile) como la Constitución (política) del Estado de Chile, han de seguir siendo desmantelados. Para abrir campo a otra cosa: menos violenta y menos jerarquizante (vencedores/vencidos), más cooperadora y más equitativa. Y a otro tratado.

 

Yapa

La izquierda —tan histórica como por venir— no puede esperar el fallo de La Haya para comenzar a desmontar la Constitución del 80 entre Chile y Bolivia, el Tratado de 1904.

En consecuencia, tampoco puede permanecer impávida esperando que Bolivia “nos haga alguna propuesta concreta”. Bolivia ya jugó, ya hizo su jugada hace tiempo, su demanda, su propuesta: un acceso soberano al Pacífico. No dos o cinco o veinte accesos: un acceso soberano — ni más, ni menos. Es por ello que la demanda boliviana no es de carácter restituyente: Bolivia no está pidiendo que Chile le devuelva todo el territorio sustraído a punta de cañones y bayonetas, ni tampoco que Chile le haga entrega de la riqueza mineral extraída de tales territorios tras la guerra. Simplemente: un acceso soberano al Pacífico. Reparación mínima, por demás justa. Y, antes bien, contraseña — para otra historia.

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(1) http://www.intemperie.cl/archivos/soroche7/02_violeta.pdf

(2) http://www.intemperie.cl/archivos/soroche/10 Un puerto para Bolivia.pdf