Grandes empresarios desfilando por Tribunales, todo bajo el atento relato de la radio y televisión. La casa del hijo de la Presidenta de la República allanada. Imágenes que hasta hace 5 años eran inimaginables, hoy empiezan a ser casi que frecuentes. El 2013 ya lo vimos con Rectores en juzgados y luego presos, y este 2015 parece que muchos que siempre creímos intocables tendrán algo parecido a un castigo. Los efectos de una sociedad más activa, de la movilización estudiantil y de otros sectores, son mucho más complejos que la simple discusión con el gobierno de turno: van haciendo ilegítimo lo que antes parecía natural, y ya no es aceptable disfrazar de “emprendimiento” la estafa y el delito. Así como el lucro en la educación se demostró inaceptable pues convertía los sueños de muchos jóvenes en deudas gigantescas y se descubrió su inmensa ligazón con las dos principales fuerzas políticas del país -basta recordar al entonces ministro de educación Joaquín Lavín reconociendo que había lucrado en la Universidad del Desarrollo, o al ex Subsecretario de Educación DC Ángel Maulén juzgado precisamente por sus negocios en la Universidad Pedro de Valdivia-, hoy se hace patente que el matrimonio entre empresariado y política es mucho más profundo. Los primeros financian transversal y regularmente a los segundos, tendenciando cualquier discusión y legislación en favor de sus propios intereses. Partidos que debieran defender a las mayorías terminan priviliegiando a unos pocos, salpicando de paso a sus militantes honestos que buenas razones tienen también para estar indignados.

¿Cabe alguna duda de por qué, por ejemplo, la reforma tributaria necesitó pasar por la capacidad procreadora del presidente de los bancos -autodefinido como “el papi de la guagua”- para poder ser aprobada?

El problema es especialmente grave hoy porque éste es un gobierno que prometió reformas profundas. Y no queremos que esas reformas profundas vengan recortadas principalmente por la tijera de Luksic o de los dueños de PENTA. ¿Qué legitimidad puede tener un congreso donde los aportes reservados son norma para construir las bases de las principales reformas que necesita Chile?

Las consecuencias no son sólo morales. No es que solamente “moleste” darnos cuenta que no éramos tan jaguares, y que los niveles de corrupción en Chile son mucho peores que lo que los rankings suelen decirnos. El problema es especialmente grave hoy porque éste es un gobierno que prometió reformas profundas. Y no queremos que esas reformas profundas vengan recortadas principalmente por la tijera de Luksic o de los dueños de PENTA. ¿Qué legitimidad puede tener un congreso donde los aportes reservados son norma para construir las bases de las principales reformas que necesita Chile? Se está discutiendo una reforma educacional y el Presidente de la Comisión de Educación del Senado es de los principales involucrados en la arista SQM del caso PENTA, mientras el ministro llegó a su cargo directo desde el directorio del canal televisivo de Luksic; se discute una nueva ley de isapres y al presidente de la UDI le llega un mandato de Carlos Lavín, principal financista de su partido, para interceder a su favor. Suma y sigue.

El gobierno y la derecha proponen una comisión de expertos, algunas regulaciones acordadas entre ellos para intentar “solucionar” el asunto, tan incómodo para ambos, en un kitsch intento de revivir el acuerdo Lagos-Longueira para el MOP-GATE. En un triste pero muy revelador gesto, lo hacen sosteniendo una de sus primeras reuniones con la CPC, uno de los principales gremios de los empresarios (¡para regular la relación entre los políticos y los empresarios!). Sin embargo, la crisis hoy es mucho más profunda, y un parche curita del estilo no podrá recomponer una legitimidad que hoy está mucho más abajo del suelo.

¿Qué hacer entonces? La única respuesta en el corto plazo es cambiar radicalmente la forma en la que se construye la política en Chile. Si hay un mandato presidencial para hacer reformas profundas, y el poder político carece de la legitimidad para poder discutirlas y resolverlas, la única opción posible es incorporar a aquellos actores sociales históricamente excluidos, y que son quienes han generado las condiciones de posibilidades para que haya reformas. Del gobierno depende que las decisiones sean protagonizadas por la CONFECH, por la CUT, por las organizaciones ciudadanas de Freirina y Caimanes, y no por la CPC, la SOFOFA o por comisiones de tecnócratas. Y por supuesto, buscar la verdad hasta el final, caiga quien caiga. Un partido que realmente quisiera terminar con estas malas prácticas no puede lavarse las manos y tolerar que un militante suyo se vea involucrado en ellas, ni mucho menos que un parlamentario de su tienda siga legislando como si nada hubiera pasado.

La tarea para quienes queremos reconquistar los derechos sociales universales es mayor. Hoy urgen fuerzas nuevas que puedan ser alternativa a la política de la transición tan cooptada por los intereses empresariales. El momento actual nos exige actuar con autonomía, altura de miras y una tremenda vocación de unidad. No hay excusas para seguir regalando la cancha de la política a los que han transformado esta noble actividad en el decadente espectáculo que vemos día a día. Tampoco hay excusa para el gobierno: si frente a este vendaval sigue priorizando las cocinas por sobre la participación ciudadana, esta crisis no tendrá vuelta atrás.