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Foto: Fundación SOL.

Más de 500 personas concurrieron este jueves al Centro Cultural Matucana 100 para participar en la “Jornada por los derechos colectivos de los trabajadores”, convocada por Fundación SOL bajo la pregunta “La reforma del Gobierno: ¿termina o consolida el plan laboral de la dictadura?”. A salón repleto, dirigentes sindicales de diversos sectores y regiones analizaron la reforma laboral del Gobierno, en diálogo con especialistas y parlamentarios.

Según concluyeron los participantes, el proyecto de la ministra del Trabajo Javiera Blanco criminaliza, persigue y limita la acción sindical, incorpora el concepto de “servicios mínimos” en la huelga para proteger los intereses del empresario y mantiene una negociación colectiva encerrada en la empresa, entre otros graves retrocesos.

La jornada comenzó con la mesa “Los contenidos de la Reforma y los procesos legislativos que involucra en el Congreso”, protagonizada por el profesor de Derecho Laboral de la Universidad Diego Portales José Luis Ugarte y la abogada laboralista Karla Varas.

“Si el gobierno quiere hacer algo con este proyecto de ley, debería retirarlo”, señaló en su exposición Ugarte, quien calificó la limitación de la acción sindical a la empresa como “enjaular” los derechos de los trabajadores. El académico descartó además la excusa para justificar la prohibición de la negociación colectiva por rama, recordando que dicho recurso no es inconstitucional, como ha señalado la ministra de Trabajo Javiera Blanco.

Los investigadores de Fundación SOL señalaron que “para mejorar la distribución de los ingresos, resulta necesaria la existencia de una negociación colectiva en distintos niveles (nacional, por rama, por empresa)”.

Criminalización y exclusión de los trabajadores

A continuación fue el turno del panel “Perspectivas sobre las implicancias políticas de la Reforma Laboral”, en el que expusieron Manuel Ahumada, presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre; Sergio Parra, dirigente del Sindicato de Estibadores de San Vicente de la Unión Portuaria del Biobio; Francisco Figueroa, en representación del diputado de Izquierda Autónoma Gabriel Boric y Giorgio Jackson, diputado de Revolución Democrática.

Ahumada secundó los reparos de Ugarte, que la CTC también ha planteado desde enero, pero puso el énfasis en el efecto “criminalizador” que la reforma tendrá sobre la acción sindical: “Si este proyecto se aprueba tal cual está, la gran mayoría de los dirigentes sindicales vamos a estar desaforados. Pero eso no nos va a impedir organizarnos”.

“Si este proyecto se aprueba tal cual está, la gran mayoría de los dirigentes sindicales vamos a estar desaforados. Pero eso no nos va a impedir organizarnos”.

El dirigente llamó a priorizar la defensa de la libertad sindical y el derecho a huelga, mecanismos que “en los hechos” han sido los más efectivos para la defensa de los derechos de los trabajadores. “La eliminación del 161 (artículo que establece la causal de despido por “necesidades de la empresa”) no es lo fundamental, lo van a eliminar y hacer un ‘artículo 159’. Si tenemos organizaciones fuertes, con capacidad de efectivamente paralizar a la empresa, vamos a tener capacidad de defendernos y no ser despedidos”, señaló.

Sobre el principio que debe regir la obtención de beneficios para los trabajadores a través de la acción de sus sindicatos, Ahumada criticó el concepto de titularidad sindical contenido en el proyecto, y aseguró que “el trabajador debe obtener los beneficios de la negociación si se afilia al sindicato, si no se afilia no los tiene y punto”.

El dirigente de la Unión Portuaria Sergio Parra, en tanto, analizó el proyecto del Gobierno a la luz de las implicancias que su eventual implementación tendrá para movilizaciones como la protagonizada por los trabajadores portuarios, que de hecho realizaron una negociación interempresa: “el tema de fondo es que esta reforma se hace para parar la lucha de nosotros y los que se movilizan”

Parra, dirigente del Sindicato de Estibadores de San Vicente, cuestionó también la exclusión de los trabajadores del diseño del proyecto: “nos presentan reformas en educación, en salud, en trabajo, pero sin que los docentes participen, sin que los trabajadores de la salud propongan y ahora, una reforma laboral sin participación de los trabajadores chilenos”, aseguró.

Parlamentarios al pizarrón

Giorgio Jackson, diputado independiente por Santiago, señaló que “yo abogo por la libertad sindical, con sindicatos, negociación colectiva y huelga, y en este proyecto evidentemente no se cumplen estas condiciones mínimas para tener una convivencia sana y democrática en la distribución de la riqueza y del poder”.

El parlamentario de Revolución Democrática llamó a la unidad del movimiento sindical, “respetando y aprovechando las diferencias, como hicimos en el movimiento estudiantil”, y a luchar por un plebiscito para una asamblea constituyente.

“Así como no puede haber una reforma educacional sin los estudiantes y los profesores, no puede haber una laboral de los trabajadores”.

Francisco Figueroa, representante del diputado Gabriel Boric en el seminario, criticó la introducción de los “pactos de condiciones especiales de trabajo, que permitirán flexibilizar el tiempo la distribución de la jornada de trabajo”. El dirigente autonomista se preguntó además “¿qué clase de pacto es uno donde sólo se discute lo relativo a los trabajadores pero no las relativas a la producción?, ¿por qué los trabajadores no pueden discutir las cuotas de producción o los planes de inversión de la empresa?”.

Según Figueroa, “así como no puede haber una reforma educacional sin los estudiantes y los profesores, no puede haber una laboral de los trabajadores”, añadiendo que “el cambio constitucional es necesario, pero no razón para tirar la pelota el córner y encarar la necesidad de dirimir con los trabajadores el contenido de esta reforma”.