imageServirá o no servirá, he ahí la polémica que anima el debate sobre el “Consejo Asesor Presidencial contra los conflictos de interés, el tráfico de influencias y la corrupción” presentado este martes por la presidenta Bachelet. Mientras el oficialismo llama a “confiar” en el espacio, distintos sectores políticos -con y sin representación parlamentaria- y sociales levantan la voz para disentir, acusando su insuficiencia como medida para revertir la crisis de legitimidad del sistema político.

Pero el recién anunciado no es el primer consejo asesor presidencial convocado por Bachelet, aunque sí el de nombre más largo y plazos más cortos.

En su primer gobierno convocó a tres que juntaron expertos con actores sociales: para la Reforma Previsional, para la Reforma de las Políticas de Infancia y para la Calidad de la Educación. Y otros cuatro sólo con expertos: para la Reforma Electoral, para la Innovación y la Competitividad, para el Trabajo y la Equidad y para la Transparencia y la Probidad (después del escándalo de Chiledeportes, que vinculó el desvío de fondos públicos a candidaturas PPD).

Sólo los consejos sobre infancia y previsión estaban contemplados en su programa. El resto fueron convocados a raíz de diversos conflictos coyunturales.

Si bien anteriores gobiernos de la Concertación, así como el de Piñera, también crearon comisiones de similares características, las administraciones de Bachelet han querido darles un sentido distinto, al menos en el discurso: el de instrumentos para aumentar la participación ciudadana en la formulación de políticas públicas.

Pero, ¿lograron su cometido?

 

Mucho ruido pocas nueces

Existe una infinidad de respuestas posibles, de partida, porque los objetivos de cada consejo fueron distintos. Pero hay un estudio que se hizo esta pregunta para responderla evaluando el resultado de cada comisión a la luz de sus objetivos declarados.

Se trata de “Las comisiones asesoras presidenciales del gobierno de Michelle Bachelet”, que Carolina Aguilera desarrolló en Flacso y en el que también participó, entre otros, el cientista político Claudio Fuentes, actual integrante de la Comisión Engel.

En su estudio, Aguilera recuerda que según el Gobierno los consejos asesores buscaron promover el diálogo entre distintos actores, generar espacios de participación ciudadana y promover recomendaciones de política pública. Y haciendo un minucioso seguimiento de cada comisión a la luz de los objetivos gubernamentales Aguilera sacó sus conclusiones.

Si bien los consejos fueron “importantes en destrabar agendas legislativas”, señala la autora, fueron también “modos de reproducción de algunos de los dilemas de nuestra democracia, la ‘crisis de representación’ y la ‘tecnificación de la política'”.

Algunos de los dirigentes sociales que participaron o fueron invitados a estas instancias, coinciden con las conclusiones del estudio.

Si bien los consejos fueron “importantes en destrabar agendas legislativas”, señala la autora, fueron también “modos de reproducción de algunos de los dilemas de nuestra democracia, la ‘crisis de representación’ y la ‘tecnificación de la política'”.

Gobierno ciudadano sin la ciudadanía

El consejo más eficaz fue, sin duda, el presidido por el economista PS Mario Marcel, que logró traducir sus conclusiones en la llamada reforma previsional aprobada en el Parlamento en marzo de 2008. A condición, sin embargo, de no someter a discusión los principios del sistema de pensiones ni considerar la voz de los principales afectados: los trabajadores.

La ley, efectivamente facilitada por el consejo, no supuso un cambio al corazón del sistema de pensiones sino sólo a algunas de sus mayores perversiones. Aguilera recuerda que el rol del Estado respecto del mercado “no fue tema” en el consejo, sólo apareciendo en audiencias con los trabajadores sindicalizados, que no fueron invitados como miembros de la instancia.

El Consejo para la Calidad de la Educación, dividido a su vez en dos comisiones (la de educación escolar encabezada por Juan Eduardo García-Huidobro y la de superior por Carlos Peña), corrió una suerte similar. Si bien inicialmente contó con la participación del movimiento social por la educación, precisamente como respuesta a su poderosa movilización en 2006, sus representantes terminaron retirándose y criticando sus conclusiones.

Giorgio Boccardo, entonces máximo representante de los universitarios como presidente de la FECH, recuerda que “el problema no fue tanto la discusión interna del consejo, que para ese entonces era mejor que lo que había, sino que el consejo como tal no tenía ningún piso político”.

Los estudiantes secundarios, representados entonces en la ACES, y la FECH decidieron bajarse de la instancia cuando vieron que, en paralelo, “el Gobierno avanzaba en una negociación con las cúpulas de la derecha en el Parlamento”, recuerda Boccardo. De hecho, el Gobierno terminó enviando en abril de 2007 la LGE y en junio el proyecto de Superintendencia de Educación, fraguando así con la derecha el “Acuerdo por la Calidad de la Educación”, a pesar del consejo.

El consejo sobre trabajo y equidad, por su parte, apenas evacuó recomendaciones sobre empleo juvenil y para el seguro de cesantía, sin siquiera abordar el fortalecimiento del sindicalismo, objetivo del propio programa de gobierno, o la negociación colectiva, prioridad de los trabajadores organizados.

De acuerdo al entonces consejero nacional de la CUT y hoy vicepresidente de la multisindical, Nolberto Díaz (DC), “la CUT no participó porque sospechábamos que no iba a ningún lado y así fue. Tomamos el acuerdo explícito de no participar porque seguían postergados los proyectos para reformar el código del trabajo, ampliar la negociación colectiva y recuperar el derecho a huelga”.

Díaz recuerda que si bien Bachelet invitó a la CUT, para la central una condición fundamental para participar era que los proyectos laborales prometidos en campaña se enviaran al Parlamento, cosa que no ocurrió. “Hasta ahora, nadie sabe las conclusiones de ese consejo ni si le sirvieron a alguien. Lo que sí era claro es que los empresarios controlaban a más del 90% de sus integrantes”.

“La CUT no participó porque sospechábamos que no iba a ningún lado y así fue. Tomamos el acuerdo explícito de no participar porque seguían postergados los proyectos laborales”.

Otro estilo con los mismos actores

El estudio de Aguilera coincide con la opinión de estos dirigentes sociales, pues recuerda que “temas sensibles (como el lucro en educación y la negociación colectiva en materia laboral) no fueron resueltos en un consejo asesor. Más bien terminaron siendo definidos por los partidos políticos con representación en el Congreso. En estos casos la mayor pluralidad no contribuyó al consenso posterior, y la decisión final se tomó considerando los medios tradicionales de toma de decisiones”.

Según la socióloga, la “inclusión de representantes de movimientos sociales en los consejos fue compleja y ambigua”, y éstos terminaron por “ayudar a establecer consensos previos” al trámite legislativo, colaborando con”establecer el estado del arte de la discusión al respecto”, pero no mucho más.

Otra arista que releva Aguilera es el contraste entre la proclamada diversidad ideológica contenida en los consejos y la efectiva procedencia de sus integrantes. Una de las fuentes de dicha diversidad han sido los centros de estudios, la gran mayoría de los cuales, apunta el estudio, han sido tres: CIEPLAN, la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile y el Centro de Estudios Públicos (CEP), y sus representantes principalmente economistas.

La conclusión de Aguilera es que los mentados consejos tuvieron “limitados efectos en cuanto a la generación de un espacio para representar intereses sociales amplios” y “no lograron dar pie a la constitución de un lugar para avanzar hacia un gran pacto social”. Con los consejos asesores de Bachelet, concluye el estudio, habría cambiado “el estilo de hacer política”, pero no “los actores que participan del proceso”.