Esteban Valenzuela: «Descentralización puede fracasar y ser un ejemplo de corrupción programática»

El pasado viernes 20 de marzo, dirigentes políticos y sociales del regionalismo enviaron una Carta Abierta a la Presidenta Bachelet y a las máximas autoridades del Estado y los partidos políticos, demandando poner urgencia a las reformas de descentralización comprometidas por La Moneda.

El compromiso gubernamental tomó cuerpo en la Comisión Asesora Presidencial para la Descentralización y el Desarrollo Regional convocada por Bachelet y sobre la cual la mandataria aseguró que “este no va a ser otro documento que va a quedar guardado en la gaveta del Presidente, vamos a trabajar en estas propuestas para que la descentralización sea una realidad”. Pero a seis meses de finalizado el trabajo de la comisión, sus principales propuestas permanecen paralizadas, entre las que destacan una ley de rentas de carácter regional y mayor autonomía política para las regiones. Ello sembró el escepticismo entre los impuldores de la agenda de descentralización, incluido Esteban Valenzuela, ex presidente de la propia comisión y con quién conversamos en El Desconcierto.

¿Cuál es el diagnóstico que motiva esta carta?

Es evidente que los partidos no tienen esto en la agenda, muchos parlamentarios no creen en la descentralización más allá de las palabras banales que le dedican y los mismos proyectos del Gobierno van sin ninguna urgencia. Lo que estamos pidiendo como señal de seriedad con las regiones y las expectativas de su gente, es que el Gobierno le ponga urgencia en el Senado al proyecto de elección de intendentes y en la Cámara al proyecto de traspaso de competencias, porque muchos senadores están diciendo «no voy a votar por un intendente que no tiene atribuciones», unos como chiva y otros con sensatez para decir que no se puede avanzar. Sin conducción política y prioridad en la agenda esto puede fracasar y ser un ejemplo de corrupción programática: se promete algo y se hacen sólo los trámites iniciales, quedando todo para un futuro ambiguo.

¿Cómo se explican la falta de iniciativa del Gobierno, habiendo convocado a un consejo asesor sobre el tema?

Hay parlamentarios que son señores feudales a los que esto no les interesa, porque es pérdida de poder; hay otro grupo de parlamentarios transversales que sí creen en esto y hay otro grupo que es cínico. Por ejemplo, Osvaldo Andrade ha estado diciendo en privado que esto no se justifica sino hasta el 2020 o 2021. Ignacio Walker, que firmó con RN un acuerdo para impulsar la autonomía regional y el semipresidencialismo hace tres años, ahora tiene muchas «dudas» y quiere ver los proyectos. En el PPD lo mismo, que debería ser el partido paladín de la democratización, pero están chupados. Y por otra parte, el ministro Peñailillo está dando razones políticas generales, como lo del binominal, la agenda de seguridad ciudadana y la urgencia de los temas de probidad.

Pero la carta se dirige primero a la Presidenta, ¿no ha hecho lo necesario?

Sí, es que la verdad estamos bien descreídos de los partidos principales. Hay figuras a las que uno les cree, como Rodrigo González, Vlado Mirosevic, Alejandro Guillier, Rabindranath Quinteros, pero no hay ningún partido propiamente tal que sea fuerza orgánica de los movimientos regionalistas y de la transformación. Eso no existe en el Congreso hoy día. Además, lo que desconcierta es que los dos casos de corrupción que han conmovido a la opinión pública tienen que ver con centralismo mal hecho y con sugerencias que desde la comisión hicimos.

¿Cómo así?

Miremos el caso de Soquimich. El gobierno central a través de Impuestos Internos tiene el monopolio del cobro y la asignación de la tributación. No hay ley de rentas regionales como en las grandes democracias del mundo y no hay royalty territorial minero. La región de Antofagasta no ve nada de la riqueza de Soquimich y por tanto no hay entrega de cuentas a la región. SQM, al final, si no surge esta arista legal secundaria, en ausencia total de un poder regional en lo electoral y lo impositivo, podía hacer lo que quería. El caso de Caval es lo mismo. En las democracias avanzadas, en las descentralizaciones bien hechas, sin caudillos ni cabrones del poder, cualquier modificación de lo más importante que tiene la planificación territorial que es el uso del suelo urbano tiene un amplísimo proceso de consulta ciudadana. No puede ocurrir lo que acá, que personas hablan con autoridades de manera opaca. No, estos procesos deben ser con transparencia y plebiscitados.

Las conclusiones de la comisión ya fueron entregadas. ¿Recibieron alguna respuesta del Gobierno?

No hemos tenido ninguna respuesta. El 31 de marzo las agrupaciones regionalistas lo propusimos como día de las regiones y esperamos que allí se hagan anuncios de agendas y urgencias para que las regiones se empoderen. El trabajo de la comisión fue consensual, todo el mundo apoyó que el royalty minero tiene que quedar para el sistema regional, el voto programático, que la región de la Araucanía tenga un mayor nivel de autonomía para ponerse su nombre, ser biligüe y darle representación política a los mapuche. Hay cuestiones bien esenciales que la Presidenta cumplió, enviando textos de ley sobre elección de intendentes y traspaso de algunos servicios públicos a regiones, pero si no se les pone urgencia se va a pasar el cuarto de hora. Las tierras prometidas futuras aquí no funcionan, tienen que haber voluntad política para hacer un cambio de reglas aquí y ahora.