Chile se está secando y lamentablemente no es por la falta de lluvia. El modelo económico imperante concretiza en los 80 la privatización de las aguas Chilenas, permitiendo el sobreotorgamiento de los derechos de agua, donde se configura un “monopolio” del cual el 90% de los derechos no consuntivos pertenecen a tres empresas extranjeras (Endesa, AES-Gener y Colbún). Por otro lado Chile posee el agua más cara de América Latina, debido a que el Estado entregó en concesión a empresas privadas la administración de  los servicios sanitarios, siendo éste uno de los tantos ejemplos de cómo el Estado se desligó de su responsabilidad como garante de un derecho social.

El contexto actual de la escasez hídrica en Chile se agudiza por el uso irracional de los recursos naturales por parte de empresas forestales e hidroeléctricas, las cuales han generado una degradación casi irreversible en los suelos de todo el sector centro sur del país y en la sequedad de ríos y napas subterráneas que abastecen de agua potable a sectores rurales y comunidades indígenas, siendo estas últimas las más afectadas por la escasez de agua, provocando emergencias agrícolas y hasta la muerte de sus animales. Es así como durante este 2015 se ha decretado emergencia agrícola en las  32 comunas de la Araucanía, alcanzando déficit hídrico en los sectores rurales de la comuna de Temuco de hasta un 46%.

La constitución le otorga un rol reducido al Estado en cuanto a la regulación de los recursos hídricos, dándole prioridad a los intereses privados y generando una falsa regulación en el mercado. Así se establece un sistema en el cual el agua pasa a ser un bien de consumo más en el país, perdiendo su esencia como derecho humano y social para la población y vida de los territorios. Asimismo los aspectos ambientales y sociales se dejan de lado no asegurando prioridades de uso, disponibilidad hídrica siquiera para consumo y un deterioro permanente en ecosistemas debilitados por la escasez y por lo tanto en su sustentabilidad.

Esto es un problema de cobertura e inversión pública, los programas de Agua Potable Rural (APR), dan muestra del carácter subsidiario del Estado en el derecho al agua, donde cientos de familias deben conformar comités para poder postular a tener acceso al agua potable. El problema también es político, ya que se basa en cómo se conciben los derechos sociales, en cómo se conciben los recursos naturales para un proyecto de desarrollo país, y lamentablemente quienes gobiernan han puesto al servicio del mercado un elemento vital para la vida de las personas, por lo tanto no basta con anuncios en la prensa, conformación de mesas o comisiones de expertos, la solución está en un cambio rotundo del carácter del Estado, donde éste se libere de las garras del mercado y pase a garantizar el libre acceso y la administración conjunta de un recurso tan importante como el agua, en beneficio de nuestra gente.

En este sentido, es el movimiento social el que debe motivar un debate regional y nacional, el cual se centre en la importancia de tener un código de aguas profundamente democrático, donde se devuelva este recurso al mundo social y se administre de forma colectiva, donde entendamos que el agua es un derecho humano, por lo tanto éste se debe garantizar de forma equitativa en su acceso, tanto para la agricultura, sectores urbanos y rurales, y sus comunidades indígenas, teniendo en cuenta que esto se debe equilibrar en el marco de una nueva relación entre los recursos naturales y un proyecto de desarrollo país.

*Esteban Morales es miembro de la Fundación NEWNCHE e Izquierda Autónoma Temuco.