Abuso empresarial y desprotección del Estado: la vida de las temporeras más allá del container

Una canción de la banda de cumbia nacional Hechizo, convertida ya en un clásico de la música popular, ha retratado como pocos documentos las condiciones de esclavitud y despojo en el que se desarrolla el trabajo de las mujeres temporeras en Chile. «Ay, temporera tienes que luchar, pa’ que mañana vuelvas al hogar» recitaba la cumbia, en su costumbre de convertir en un baile las penas más agrias de los pueblos y sus protagonistas.

La melodía resonó, tristemente, en las cabezas de muchos chilenos durante la noche del pasado viernes, cuando se filtraron las primeras informaciones sobre lo ocurrido con un grupo aún indeterminado de temporeras que fueron arrastradas por un alud mientras dormían encerradas en un container.

Las trabajadoras cumplían con lo exigido por la empresa Frutícola y Exportadora Atacama Limitada -propiedad del empresario y amigo de Sebastián Piñera, Gabriel Ruiz-Tagle- quien contaba con un predio ubicado al interior de Tierra Amarilla, uno de los sectores más devastados por la situación de emergencia que afecta al Norte Chico.

Los familiares fueron los primeros en explicar que las rejas del terreno donde trabajan se mantenían cerradas con candado durante la noche, lo que impidió que las trabajadoras pudieran evacuar el lugar antes de los dos aludes que afectaron el lugar. 

Por su parte, la empresa, a través de redes sociales, desmintió la existencia de contenedores donde las trabajadoras pernoctaran encerradas. «No hubo candados, ni personas encerradas, por eso queremos desmentir categóricamente las informaciones aparecidas en algunos medios», consignaron. Sin embargo, fueron las mismas mujeres sobrevivientes las que se encargaron de confirmar que estaban encerradas, destapando, una vez más, la compleja situación de abuso laboral que se vive en el rubro durante años.

Sin contrato, bajos sueldos y expuestos a sustancias tóxicas

Muy pocos conocen a cabalidad las condiciones en que trabajan miles de mujeres y hombres temporeros. Según datos aportados por la socióloga e investigadora de Fundación Sol, Carla Brega, en la rama de la agroindustria trabajan más de 750 mil personas. El salario promedio de las mujeres en esta área alcanza los 214 mil pesos, aunque el 70% de las temporeras acusa ganar mucho menos. Los hombres, en tanto, reciben un 19% más de ingresos que las mujeres, lo que evidencia, una vez más, la considerable brecha salarial de género que afecta a las mujeres.

«El trabajo en general en el área de agricultura o ganadería es de los sectores más desprotegidos del país. Las mujeres se llevan la peor parte, pero esto se enmarca en la forma que toman las relaciones laborales en este rubro, donde la relación empleado-empleador es incluso más desigual que a nivel general, en una lógica hacendal que no ha cambiado en un país moderno», explicó.

El trato generalizado de temporeras y temporeros da para pensar. En sus lugares de trabajo, no cuentan con espacios adecuados para comer, ir al baño y otras instalaciones básicas para quienes manipulen sustancias tóxicas. Día tras día, los trabajadores de la agroindustria manipulan peligrosas sustancias, sin que se les haya advertido con precisión sobre su contenido, ni de las consecuencias que pueden tener sobre su salud.

«Es muy recurrente que todos los años nos encontremos con intoxicaciones agudas por el uso de químicos extremadamente peligrosos, que matan, y no le comunican a la gente. Y si lo hacen, es a última hora y las mujeres, entre la espada y la pared. ¿Trabajo o no trabajo? ¿Pierdo el día o no lo pierdo?«, comentó Alicia Muñoz, dirigenta de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (Anamuri).

La mayoría de las trabajadoras y trabajadores encargados de las faenas carecen de contratos formales. En el rubro, la precariedad y falta de fiscalización es pan de cada día: la mayoría de los temporeros es reclutado para faenas específicas. Sin embargo, las necesidades pueden más y muchos de ellos soportan, por meses, dichas condiciones de trabajo sin ninguna relación contractual formal que garantice sus derechos y les entregue protección.

Un atentado contra los derechos fundamentales 

Según lo expuesto en un reportaje de Radio Villa Francia, Frutícola Atacama cuenta con un largo historial de prácticas de abuso laboral. Desde mediados de 2008, han enfrentado 212 juicios laborales, ocho de ellos durante este año. De los juicios librados durante el 2015, seis fueron por desafuero maternal. Además, se registran reclamos por salidas al baño, descuentos, condenas por accidentes ocurridos por no contar con la seguridad necesaria y hasta discriminación en contra de dos trabajadoras lesbianas.

Para Alicia Muñoz, de Anamuri, este tipo de prácticas con comunes en la industria. «Acá en la Sexta Región también encerraban a las temporeras con candado para que no fueran al baño. Al igual que ahora, los empresarios desmienten y desvían el tema», explica. Otras empresas grandes también han utilizado dicha estrategia: en 2001, Cencosud fue cuestionado por obligar a sus trabajadores de Santa Isabel a laborar encerrados en el turno de noche.

Cristián González, abogado laboralista, señala que el encierro constituye un atentado contra los derechos fundamentales de los trabajadores, que no se justifica en ningún contexto. «En este caso las trabajadoras podrían denunciar a la empresa ante la Dirección del Trabajo para que esta inicie una investigación por vulneración de derechos fundamentales. Si la Dirección del Trabajo constata esos hechos, podrá demandar a la empresa para que los tribunales laborales competentes resuelvan y eventualmente condenen a la empresa por esa acción vulneratoria», resumió.

Lo cierto es que las condenas y multas cursadas contra las empresas responsables de este tipo de prácticas, no parecer ser suficiente para los trabajadores afectados. Por ello, los mismos acuden a otras estrategias para tentarlas e impedir un eventual escándalo: por ejemplo, ofrecerle 50 mil pesos a una de las víctimas del encierro en el container, para que se devolvieran a su casa sin decir más.

Hoy, Anamuri exige que la Inspección del Trabajo se instale en el sector para determinar qué ocurrió, quiénes son los responsables y cuántas mujeres desaparecieron o murieron realmente a causa del alud, cuya información todavía no es precisa.

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