Felipe-ValenzuelaPrimero, es un deber expresar la solidaridad y la congoja por lo sucedido a los habitantes de la región de Atacama, Antofagasta y Coquimbo, especialmente a quienes producen riqueza para nuestro país junto con trabajadores provenientes desde otras regiones y sus familias.

No es posible negar, que efectivamente estamos sufriendo alteraciones climáticas, que han contribuido especialmente en el sur al avance incontrolado de incendios forestales y que la sequía ha significado en el caso del norte del país, disminuir la capacidad de absorción de la tierra que implica que el exceso de las aguas que bajan desde la cordillera lleguen con fuerza hasta las ciudades costeras, desplazándose por la superficie cuando desbordan los cursos de los ríos. Estos factores y muchos otros se transforman en insumos para que las autoridades incluso desde la presidencia, hablen de que son fenómenos naturales frente a los cuales poco se puede hacer.

Sin embargo, si nos detenemos por algún momento para observar la forma en que se han enfrentado este tipo de hechos, en un período que no vaya más allá del terremoto del año 2010, podremos constatar que el denominador común es la falta de previsión, la improvisación, falta de protagonismo de instituciones estatales en los procesos de ayuda y reconstrucción, con la excepción de las medidas de orden y seguridad y la cesión de soluciones y entrega de subsidios al sector privado, mercantilizando las acciones que se desarrollan en los sitios destruidos; todo esto con un gran despliegue comunicacional de los medios.

Respecto de la forma en que se enfrentan estos acontecimientos la propia presidenta señaló hace un par de días que “la administración anterior envió un proyecto de ley, que según dijo, creaba un sistema de emergencias, pero no se fortalecía a la ONEMI, por lo que desde fines del año pasado se comenzó a trabajar en un nuevo proyecto que crea un Servicio Nacional de Gestión de Desastres, para lo cual se necesita un mayor número expertos capaces de coordinar adecuadamente y que también tengan la capacitación específica ante este tipo de eventos”.[1]

Es precisamente este tipo de afirmaciones la que nos permite desarrollar un reducido sumario de algunos antecedentes que conforman la hipótesis que detrás de estas tragedias, se encuentra una ideología que tiñe sus ocurrencias.

 

La ideología

La que sigue es parte de una definición acertada para entender este modelo en Chile; “El neoliberalismo es, ante todo, una teoría de prácticas político-económicas que afirma que la mejor manera de promover el bienestar del ser humano consiste en no restringir el libre desarrollo de las capacidades y de las libertades empresariales del individuo dentro de un marco institucional caracterizado por derechos de propiedad privada fuertes, mercados libres y libertad de comercio. El papel del Estado es crear y preservar el marco institucional apropiado para el desarrollo de estas prácticas. Por ejemplo tiene que garantizar la calidad y la integridad del dinero[2].

Desde la imposición del modelo mediante un cuerpo de normas amparadas en la constitución de 1980 y ratificada por Lagos en el 2005, la Concertación y hoy la Nueva Mayoría, han desarrollado prácticas no destinadas a paralizar los efectos del período de su instalación por la fuerza o para neutralizar sus consecuencias, sino que por el contrario, para legitimar e intentar perpetuar este modelo. Esta práctica se ha extendido en todos los espacios políticos, de estudio y académicos; y ha tenido entre otros argumentos apoyados al principio en el fantasma de la inflación, que se ha traducido en una sumisión extrema al rol autónomo del Banco Central, encarnando las últimas líneas de la definición de más arriba por una sacralización de la política monetaria en los destinos de nuestro país, en desmedro de la política fiscal, es decir un Presupuesto de la Nación reducido.

Entre las acciones desarrolladas en este ámbito tenemos acciones tan sorprendentes por parte del gobierno como la reducción del presupuesto de la ONEMI el año 2015 respecto del 2014 en un 15.76 % (sin considerar IPC).[3] Además podemos considerar que el presupuesto de ONEMI es casi treinta veces más pequeño que el subsidio que el fisco entrega cada año al “Transantiago”.

La ley de responsabilidad fiscal, obliga al gobierno de Chile al ahorro, de manera tal que el Estado de Chile mantiene reservas internacionales a diciembre del 2014 de más de 40.000 millones de dólares[4] a los que se le debe sumar 23.000 millones de dólares[5] en fondos soberanos colocados mayoritariamente en el mercado estadounidense. Este dato es útil para reflexionar sobre la tragedia a que nos enfrentamos la semana pasada. Dentro de las informaciones lamentables que hablan de muerte y desaparecidos, se agrega una cifra provisoria de alrededor de 4.400 viviendas destruidas. Si el gobierno tomara la decisión de resolver ese problema en forma definitiva podría construir las más de cuatro mil casa en lugares adecuados y debidamente urbanizados, invirtiendo no más de 500 millones de dólares, es decir con menos del 1 % de sus ahorros, no obstante la ideología se lo impide.

Por último es bueno recordar que estas tres regiones en su conjunto producen más del 16 % del PIB de Chile y las escenas que los chilenos han visto por televisión son dignas de caseríos empobrecidos, por donde fluye el agua contaminada por la industria minera cuyo sector privado en el año 2014 aportó al fisco solamente un 0,6% respecto del producto interno[6].

La tragedia que nos ha ocupado como lo mencionamos al principio de estas líneas, esta vez ha asolado a localidades del Norte que han surgido, en su mayor parte, de campamentos de trabajadores y son una expresión de la economía de enclave que nos muestra su peor cara, porque las rentas obtenidas de la explotación de los minerales y los salarios altos que algún sector obtiene de esas explotaciones no quedan en esas localidades y de nuevo la ideología es la que impide planificar allí donde el mercado es el que manda. La ausencia de soluciones a esta y otras tragedias de nuestros trabajadores que en gran parte se encuentran excluidos del mercado formal, otros precarizados y empobrecidos por sus deudas, no pasa como lo afirmó la presidenta al referirse a la ONEMI más arriba, por encontrar un mayor número de expertos, sino por decisiones políticas que resuelvan problemas de infraestructura, con planes de urbanización, que potencien el tejido social, y que al menos logren prever y resolver los embates de la naturaleza con mayor dignidad para los afectados.

 

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[1]<www.biobiochile.cl/2015/03/28/>

[2] Harvey. David “Breve historia del Neoliberalismo” Ediciones Akal. 2007

[3]<www.dipres.gob.cl>

[4]Banco Central de Chile

[5]www.emol.com/

[6]<www.senado.cl/prontus_senado/site/artic/20131002>