Patricia Araya y Pascal VolkerDurante los últimos meses, los casos de financiamiento ilegal a las campañas han dejado en evidencia la profundidad de la subordinación del poder político a los grandes grupos empresariales. La política tradicional lucha por su supervivencia mientras ve desfilar y fracasar, uno tras otro, los mecanismos clásicos de cierre y resolución de conflictos: acuerdos -en forma de ley- entre oficialismo y oposición, comisiones asesoras de sello tecnocrático y, ahora último,  una descarada intervención para evitar el avance de las investigaciones en curso. A diario se escucha el barullo. Primero fueron los conflictos de interés y la puerta giratoria, luego los desconocidos contratos de ganancias millonarias, las votos y las boletas. Entre las demandas de verdad y justicia de parte de la opinión pública y los intentos de cierre del gobierno, existe un abismo. Lo anterior ha generado una vacío político, oportunidad que las fuerzas sociales alternativas no debemos desaprovechar.

El golpe a la legitimidad -y gobernabilidad-  lo ha propinado la revelación definitiva de la relación de dependencia que subordina a la Nueva Mayoría y Derecha a los grupos empresariales. Una relación, que por décadas, mercantilizó nuestros territorios y sus bienes comunes. Así, un proyecto refundacional -con las “banderas de la calle” incluidas- demostró no ser otra cosa que un nuevo reacomodo neoliberal para el compadrazgo político-empresarial. Cuando los No a Hidroaysén, Alto Maipo y Pelambres se multiplican mes a mes y región a región; ahí está el subsecretario Aleuy en reunión con Jean Paul Luksic y el Consejo Minero comprometiendo el uso de la fuerza pública y una “ruta larga” que apoye los proyectos de la gran minería. Ahí está también el ministro Pacheco y su agenda energética: una aplanadora institucional que no deja ningún espacio para el disenso de las comunidades locales. Ahí está, por último, el autoritarismo de la Presidenta que -SII y Tribunal Constitucional mediante- ha hecho lo posible por evitar el esclarecimiento de la verdad.

Dado la debilidad de la vieja política y por ende de su capacidad de procesamiento de conflictos sociales, el actual escenario ofrece una oportunidad inigualable para la convergencia y constitución de fuerzas políticas que empujen por una resolución democrática de las agendas expresadas por las numerosas luchas sociales. La conflictividad territorial en Chile es múltiple y diversa, en ella cristalizan reivindicaciones que bregan por la defensa del medioambiente y de los ecosistemas; por la defensa y promoción de ciudades más justas y por una reconfiguración institucional que descentralice del poder en favor  de las regiones. Es una tarea central avanzar en la convergencia de estas luchas territoriales, destacando los elementos comunes de cada una de estas expresiones de lucha social.

“Para que exista una resolución alternativa, democrática y soberana de los conflictos territoriales, los actores sociales deben empujar procesos de democratización que eviten que los conflictos sean resueltos a espaldas de la ciudadanía”

La construcción y consolidación de movimientos territoriales también requiere expresarse en una convergencia en el plano de las ideas. Las tradiciones de izquierda herederas de las luchas políticas y sociales de los siglos XIX y XX tienen mucho que aportar con su crítica radical a los procesos de mercantilización. A su vez la tradición de pensamiento vinculado al desarrollo sustentable y al ecologismo es vital para superar una noción estrecha que reduzca el problema del desarrollo al del crecimiento y redistribución, obviando las consecuencias sobre las comunidades locales y los ecosistemas. En la medida en que ambas tradiciones puedan deliberar y asumir compromisos conjuntos sobre estos desafíos, contribuiremos en sentar las bases para un proceso amplio de convergencia social y política, que desde la diversidad y riqueza de las luchas territoriales, contribuya en la conformación de una nueva política, ahora sí, de cara a la gente.
Para que exista una resolución alternativa, democrática y soberana de los conflictos territoriales, los actores sociales deben empujar procesos de democratización que eviten que los conflictos sean resueltos a espaldas de la ciudadanía. Es vital que éstas y otras luchas, aprovechen el debilitamiento del sistema de partidos para sumar más fuerza y presionar por una resolución democrática del conflicto política-dinero. En la medida que esto ocurra, las posibilidades de constitución de las fuerzas territoriales y el desarrollo de sus agendas, se acrecienta. Durante el 2015 y los años venideros nos enfrentamos a la posibilidad de constituir un movimiento social territorial alternativo, con verdadera capacidad de incidencia en la política. No desaprovechemos esta oportunidad.