Carlos-Huneeus_640x400Carlos Huneeus lleva bajo el brazo el último libro de Colin Crouch, sociólogo británico de cuño socialdemócrata que explica la desafección global hacia la política por el creciente control que sobre ella ejerce el poder económico, en desmedro de la gravitación que antes de la era neoliberal solían tener las organizaciones de trabajadores. Su libro Posdemocracia, reconoce, ya influyó poderosamente en la escritura de La democracia semisoberana. Chile después de Pinochet (2014), trabajo en el que revisa críticamente los primeros 20 años de la Concertación en La Moneda.

Pocas horas antes de iniciada esta conversación, MORI y el Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea (CERC), que Huneeus dirige, anunciaron los resultados de su última encuesta “Barómetro de la política”. El sondeo ratificó el desplome en la credibilidad del Gobierno y los partidos, síntoma más visible de una crisis que Huneeus asegura haber previsto, pero cuya aparición no imaginaba “tan brutal”. Con todo, la sorpresa sólo reafirma su convicción de buscar en el pasado reciente las primeras huellas del sendero que condujo a la actual crisis institucional.

 

¿Qué conclusiones saca de los resultados de la última encuesta CERC-MORI?

Hay una evaluación tremendamente crítica de la política, los políticos y las instituciones políticas. Es algo que no es nuevo, pero con los casos Penta y Caval se radicaliza aún más y me imagino que cuando salga otra medición que considere el impacto de la infinidad de boletas emitidas a Soquimich, empresa del yerno de Pinochet, la situación va a empeorar aún más. Es un cuadro demasiado contundente sobre la imagen de la política ante la población, porque cruza todos los partidos políticos y estratos sociales.

A la luz de la revisión que en su último libro hace de los gobiernos de la Concertación, ¿cómo se explica que la política haya llegado a esto?

En mi libro me pregunté cómo fue que gobiernos de centroizquierda durante 20 años no fueron capaces de interpelar al modelo económico de la dictadura y cómo ese modelo tenía objetivos políticos, porque todo proceso de privatizaciones los tiene. En mi libro sobre Pinochet los describí. Margaret Thatcher en Gran Bretaña buscó las privatizaciones no solamente para fortalecer el sistema capitalista, sino para romper las bases electorales del Partido Laborista que estaba en los sindicatos y los principales estaban en las grandes empresas del Estado. En seguida, no me parecía explicativo echarle toda la culpa a las instituciones dejadas por Pinochet, legado autoritario que sin duda ha sido importante, porque también se cometieron errores garrafales por ciertos actores, como el homenaje a Pinochet en el Congreso el 10 de abril de 1990 -un almuerzo en el que fue una especie de padre de la patria-, o las negociaciones de Enrique Correa con el general Ballerino, operador político de Pinochet, en las que cedió en todo. Hay un problema desde que un gobierno democrático elegido por una amplia mayoría no fue capaz de tener dignidad para defender la esencia del sistema democrático.

La Concertación no fue la coalición más exitosa de la historia de Chile. Hay que juzgarla por sus resultados y ahora estamos frente a ellos y son malos.

Esencia todavía vulnerada, ya no por los militares, sino por el poder económico…

Yo veía una contradicción frontal entre un sistema económico con fuertes componentes autoritarios y el sistema democrático, y que eso iba a explotar. Pero debo reconocer que nunca imaginé que iba a explotar de forma tan brutal como ahora, poniendo de relieve que hay una contradicción enorme entre la naturaleza del sistema político y el económico. Eso es lo que lleva a que el dueño de un banco le ofrezca un crédito al hijo de una presidente y ponga al sistema democrático al borde del precipicio. Pero el Gobierno y los partidos de la Nueva Mayoría y la derecha no quieren reconocer ese problema de fondo. La formación de una comisión para preparar cambios sobre el financiamiento de la política es una demostración de eso, es seguir gobernando como lo hizo Michelle Bachelet en su anterior gobierno. La Concertación no fue la coalición más exitosa de la historia de Chile. Hay que juzgarla por sus resultados y ahora estamos frente a ellos y son malos.

Uno de los problemas que identifica en la transición es la legitimación que la Concertación hizo del empresariado pinochetista. El caso SQM muestra que las cosas fueron harto más allá…

Es que ni siquiera se interpeló la modernización autoritaria neoliberal. No digo que haya continuidad, hay diferencias, cuando en democracia se privatizaron las empresas sanitarias ningún ministro se quedó con ellas, se licitó y las tomaron empresas extranjeras, pero el sistema económico siguió. Yo creo que en la elite que hizo la transición había algunos que estaban traumados con sus propios fracasos personales, que eran dirigentes procedentes del MAPU. La izquierda tradicional, partidos Socialista y Comunista, fueron desmantelados con la muerte y el exilio, entonces eso dejó un espacio en el liderazgo de la izquierda que fue ocupado por jóvenes que no tuvieron esa experiencia -con excepción de algunos- sino que condiciones excepcionalmente favorables para convertirse en las figuras centrales de la oposición. Esa gente tiene un complejo de culpa muy grande que los lleva a querer ser los padres de lo que ayudaron a destruir, pero se convirtieron al neoliberalismo, en admiradores del empresariado, sin siquiera distinguir entre los buenos empresarios y los que surgieron de la dictadura. Hay un problema en la génesis de la elite de la transición y en el peso demasiado grande que han tenido las tecnocracias, es insólito.

Pero el ascenso de esas figuras ocurre de la mano de los dirigentes partidarios y autoridades de gobierno. ¿Cuáles son sus responsabilidades?

En esto los presidentes tienen mucha responsabilidad. El presidente Aylwin le dio demasiada autonomía a ministros como Correa, Boeninger y Foxley. Luego Frei venía recién entrando en política, no tenía experiencia. Y a Lagos no sé qué le pasó, que siendo el primer presidente socialista estaba más preocupado de conciliar a la izquierda con la derecha, cediendo a las posiciones de la derecha, en vez de hacer una labor de pedagogía política para que la derecha se sumara a las posiciones democráticas.

¿Cómo evalúa a la generación de recambio que llegó con Bachelet para reemplazar a los arquitectos de la transición?

Me parece que ha sido una buena iniciativa, pero encuentro que la presidenta se moja poco los pies en ayudar a que esa nueva generación se consolide e imponga y no vaya a ser pasada a llevar por los antiguos dirigentes que siguen pauteando el qué se debe hacer. Lo dramático del caso Caval es que debilita tremendamente a la presidenta, de hecho ella misma se ve debilitada y preocupada de su imagen, cosa que no ha permitido fortalecer el peso de esas figuras nuevas.

¡Aquí nadie interpela a Girardi! Figura clave en el PPD y conocida por sus vínculos con el sector privado, llámese industria farmaceútica y muchas otras.

Pero ante la actual crisis no han demostrado un comportamiento cualitativamente distinto a la precedente. Desde un punto de vista democrático, ¿es mejor esta generación por ser nueva?

El destino de esa generación está atado al destino del gobierno de Bachelet y su destino depende a su vez de cómo resuelve esta crisis el sistema político, que no es solamente el financiamiento de la política: es la tensión entre un sistema económico en la que hay una asimetría de poder brutal entre el capital y los trabajadores, con una concentración tremenda de la riqueza, un Estado debilitado y un dominio sin contrapesos del pensamiento neoliberal. Los gobiernos, al ser cortos, se definen al comienzo. Y yo creo que el gobierno de Bachelet comenzó con dificultades. Primero, con los errores garrafales del ministro Eyzaguirre en un tema políticamente tan delicado como la educación, que afecta valores e instituciones, que no es como regular el mercado de los hot dogs. Después la reforma tributaria, hecha de forma muy poco política, nadie la entiende y no alcanza para financiar lo que pretendía, además el ministro tiene cero capacidad de entender que en democracia no se pueden empujar reformas sin explicar de qué se tratan. El destino del Gobierno lo veo complicado y por lo tanto la generación que fue llamada a tomar posiciones de liderazgo la veo en dificultades.

¿Cómo quedan los partidos después de esta coyuntura?

El más golpeado es el PPD, cuya figura clave es el senador Girardi que tuvo una magnitud de aportes reservados similares a los candidatos de la derecha. Girardi tiene que transparentar, no puede quedarse callado ni ampararse en el secreto que le permite la ley. Con él hay que hacer lo mismo que la Democracia Cristiana alemana hizo con el canciller Helmuth Kohl, que lo interpeló para que diera a conocer quiénes fueron sus donantes cuando se vio envuelto en un caso de financiamiento ilegal. Él se negó, pero fue interpelado. ¡Aquí nadie interpela a Girardi! Figura clave en el PPD y conocida por sus vínculos con el sector privado, llámese industria farmaceútica y muchas otras.

Fuera de lo judicialmente reprochable está la presencia de muchas autoridades, por ejemplo ministros, que han hecho carrera en grupos económicos. ¿Puede un gobierno tan compenetrado con el poder empresarial emprender una profundización de la democracia?

El discurso de la asociación público-privada que metió la derecha y de la cual Enrique Correa ha sido el principal vocero, es un discurso fatal y contrario a las normas básicas de la democracia. De ella se entiende que el Estado está al servicio de los intereses del sector privado, sector que en Chile, a diferencia de otros países, está tremendamente concentrado y es derechista. Pensemos en la figuras del directorio de Soquimich, son todos de derecha y hay dos ex ministros de Pinochet. Esto no es como en Brasil o España, donde el empresariado estuvo en contra de las dictaduras, o en Alemania, donde hay mayor diversidad. El de acá es un empresariado conservador y políticamente muy comprometido. Ellos tienen un poder demasiado grande y se les reconoce una posición de excepcionalidad. En Chile se puede atacar a un cardenal, a un ministro, a un militar, pero nunca a un capitán de la industria. El problema va más allá de la puerta giratoria. Una democracia no puede funcionar si los políticos tratan al capitán de industria, a los grandes empresarios, como seres superiores que están pensando en el bien general y que la legitimidad política viene del desempeño económico. Yo estaría de acuerdo con que el empresariado tenga participación en decisiones, a través por ejemplo de consejos económico-sociales que existen en algunos países desarrollados, pero bueno, que eso sea compensado con un poder sindical paralelo.

¿Lo sorprendió que el caso Soquimich llegara hasta la DC e incluso al nuevo presidente electo, Jorge Pizarro?

Sí, me sorprende y me parece mal, porque hay que transparentar las cosas. Que Soquimich contrate parientes de políticos no es problema, pero hay que transparentarlo. Y no basta apelar a la declaración del afectado, porque así no necesitaríamos tribunales de justicia. También me parece mal el caso del diputado León, ambos han reaccionado muy mal.

¿Está de acuerdo con la interpelación de algunos demócrata-cristianos para que Pizarro no asuma la presidencia del partido?

El punto es que por la crisis de desconfianza en la clase política, no puede la Democracia Cristiana -un partido con una gran historia y todavía con una función que cumplir- tener en su presidencia a una persona que tiene una situación confusa que él mismo no quiere aclarar. No saca nada con hacerse el sentido y decir que lo pasa mal. La clase dirigente tiene que entender que el problema son ellos y no la sociedad. Entonces al senador Pizarro le puede pasar lo mismo que a la UDI: que deba renunciar porque nadie le cree, porque no debiera estar allí. Lo mismo el diputado León.

“Esta es una elite dirigente que se ha acostumbrado a no convivir con el conflicto y que por lo tanto no sabe resolver conflictos”.

¿Se soluciona la crisis con un ejercicio más decidido de lo que las dirigencias partidarias llaman “liderazgo” de la presidenta Bachelet?

Está presente en ese planteamiento la idea de que hay una fórmula mágica para resolver todo esto, un acto  milagroso que nos va a sacar todos los problemas de encima. Esta es una elite dirigente que se ha acostumbrado a no convivir con el conflicto y que por lo tanto no sabe resolver conflictos. Ha estado acostumbrada a hacer siempre una evaluación extraordinariamente positiva y complaciente del proceso económico y político chileno. Les gusta hablar solamente de los éxitos, entonces hay poca capacidad de enfrentar los fracasos. No hay soluciones milagrosas, hay un conjunto de iniciativas y lo primero es transparentarse. No se va a recuperar la confianza mientras, por ejemplo, haya secretismo sobre el financiamiento de campañas de 2013. Ni la mejor solución legislativa va a impedir que el financiamiento otorgado por Soquimich a parlamentarios sea visto como sobornos. Las leyes no hacen milagros, lo fundamental son los comportamientos. Mi visión es que hay que apuntar al problema de fondo, no a la superficie. Tenemos que fortalecer al Estado, tener organismos regulatorios y controlar al poder económico. Tampoco sería malo hacerle couching o tratamiento siquiátrico a políticos para que no consideren a los dueños de empresas como seres superiores intocables, sino ciudadanos con obligaciones. Y establecer una relación de igualdad entre capital y trabajo, pero con un Estado con capacidad de imponerle normas. En seguida hay que preocuparse de los partidos, financiarlos con recursos públicos, regular su uso y hacer transparente la política. Los pasos que se ven no van en esa dirección. El ministro de Hacienda no está en esto, tampoco el mundo empresarial, que vive en otro mundo.

¿Es condición para ello un cambio a la Constitución?

No tener una Constitución hecha en democracia es impresentable, tenemos una que mantiene principios básicos del modelo político del régimen militar y tiene una identificación a favor del sistema neoliberal, cosa que no le corresponde definir a una Constitución, salvo establecer el resguardo de los derechos fundamentales. Eso lo define la mayoría del país. Una nueva Constitución a mi juicio la debe hacer el Congreso, ahora no es posible, porque para hacerlo se necesitan puntos comunes con la oposición que no existen, están muy crispadas las relaciones. Pero puede hacerse perfectamente en un próximo Congreso. No tiene por qué ser extensa, puede ser breve, pero en base a un sistema democrático moderno.

¿Será legítima una Constitución elaborada en un Parlamento tan desprestigiado como el actual, con un tercio de sus diputados y un cuarto de sus senadores presuntamente financiados por SQM?

Yo soy práctico, creo que lo que interesa es el resultado. Ahora no hay tiempo, tendrá que ser el próximo Congreso. Pero aún así, si un Parlamento así hace una Constitución que reúne las características que he indicado puede ser de tanta calidad como una hecha por un Congreso compuesto por demócratas de tomo y lomo, libres de pecado. En España la ley que produjo el cambio democrático fue aprobada por las cortes franquistas que habían justificado el régimen durante 40 años. Lo importante no es el procedimiento sino el contenido. Ahora, yo no veo fácil sacar una nueva Constitución por el peso del conservadurismo en nuestras elites políticas y económicas, y por la ausencia de una voluntad en la Nueva Mayoría.