Definición sobre pequeña minería: El debate que viene en votación de la reforma al Código de Aguas

Una serie de atribuciones especiales para la Dirección General de Aguas (DGA) aprobó la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara de Diputados durante la sesión del miércoles 8 de abril.  Esto, en el marco de la discusión y votación de la reforma al Código de Aguas donde la posición propietarista se enfrenta a la que busca su recuperación como bien público, con la correspondiente gestión en tal sentido.

Es así que se respaldó una indicación de la diputada Cristina Girardi que modifica el artículo 61 y que permite establecer áreas de protección de 200 metros alrededor de los pozos de extracción de agua subterránea.  Se dejó establecido que esta distancia podrá ampliarse para las captaciones de comités o cooperativas de agua potable rural.

En el caso del artículo 62, que permite a la autoridad intervenir para corregir la forma en que se extrae agua subterránea desde acuíferos que están siendo sobreexplotados, se aprobó que “la Dirección General de Aguas podrá de oficio o a petición de uno o mas afectados, limitar el ejercicio de los derechos de aprovechamiento… cuando el volumen de extracción provoca  un descenso sostenido de los niveles freáticos de un acuífero”.

Con relación al conflictivo artículo 56, que garantiza a la minería el uso de las aguas que encuentren en su área de concesión sin necesidad de informar ni de solicitarlas, se acordó solicitar al gobierno una fórmula que obligue a todos los emprendimientos mineros a informar sobre las aguas halladas, y a tramitar una concesión de uso temporal.  Durante el debate se pidió exceptuar de la obligación de solicitar la concesión a los pirquineros y  mineros artesanales, pues constituyen actividades de subsistencia.  Esto, por ser concordante con el espíritu de la reforma.

Por ello, una de las discusiones de fondo que se dará durante la sesión del miércoles 15 de abril será, precisamente, la definición de “pequeña minería”.  La protección de este sector ha sido el fundamento para que varios parlamentarios aboguen por mantener un régimen especial para la minería con respecto a las concesiones de agua, privilegio que no tiene ningún otro sector productivo del país.