Un día antes de expirar la moratoria para la recepción de nuevas solicitudes de concesiones de acuicultura en las regiones de Los Lagos y Aysén, fue publicada en el Diario Oficial de la República la ley 20.434, extendiéndola por 5 años mas.Esto le permitirá al Estado quedar con las manos libres para avanzar con los cambios al reglamento sanitario de acuicultura e implementar el sui generis  proceso de entregar a las grandes compañías concesiones de reemplazo para aquellos centros de cultivo de salmónidos que adquirieron la condición de alto riesgo sanitario – comercial, o que se encuentran ubicados en áreas costeras declaradas de uso incompatible con la acuicultura. (1)
De las 1.235 concesiones que se han entregado para el cultivo industrial de salmones y truchas que existen en las regiones de Los Lagos y Aysén,  280 (22%) presentan una situación de hacinamiento y de alto riesgo sanitario y  ambiental. Por esta razón se estima que la industria postularía a la ¨relocalización¨, o reubicación compensatoria, a un 41 por ciento sus concesiones, equivalente a aproximadamente 500 concesiones de salmónidos entregadas por el Estado (2).

Los cambios a la normativa del sector de acuacultivos industriales intensivos, son parte del conjunto de medidas administrativas que el Ministerio de Economía, la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, el Servicio Nacional de Pesca,  junto  al Sistema de Evaluación Ambiental y los Ministerios de Medio Ambiente y  Defensa, elaboran para modificar el reglamento sanitario el 2016, cuyo fin es disminuir los costos y aumentar la competitividad internacional de esta industria exportadora de alimento de fuerte presencia transnacional.

La nueva normativa extendió hasta el 8 de abril del 2020 la suspensión de las solicitudes de concesión de acuicultura de peces presentadas en la Región de Aysén, que a la fecha de publicación de la ley N° 20.583 del 2012 contaban con una Resolución de Calificación Ambiental favorable y contaban con el requerimiento de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura ( Subpesca) para su ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental .

A su vez, limitó la posibilidad de dividir y relocalizar las fracciones de las concesiones ubicadas en el fiordo Aysén (Región de Aysén), o Chaitén  (Región de Los Lagos). Esto ha provocado una dura respuesta de Salmones Antártica, filial de la transnacional japonesa Nippon Suisan Kaisha Ltd. (Nissui), los que ven en esta medida gubernamental un cambio a las reglas del juego, así  como una barrera de entrada al acceso de nuevos espacios y concesiones costeras.

Evidenciando los actuales procesos de concentración y transnacionalización del negocio salmonero en Chile, Nissui proyectaba dividir sus 5 concesiones de salmonicultura en Aysén que totalizan 311 has,- lo que representa la mitad de la superficie marino-costera que posee -,  para posteriormente relocalizarlas a través de 50 solicitudes de canje territorial. Ello, según la transnacional nipona, limitaría a menos de un tercio su producción autorizada de 9. 6921 tons, sólo en la región de Aysén. (3)

También la nueva normativa, a través de priorizar la relocalización de las 19 concesiones de salmones de cultivo existentes en las aguas adyacentes al Parque Nacional Alberto de Agostini, región de Magallanes y Antártica chilena, dio una solución final a esta impresentable situación que fue denunciada el 2012 por las organizaciones ciudadanas, pescadores artesanales y parlamentarios regionales, durante la discusión de la nueva ley de pesca y acuicultura.

Finalmente, la legislación estableció plazos para que las empresas titulares soliciten la relocalización de sus concesiones de acuacultivos, estableciéndose  la obligación de implementar un plan de cierre de las concesiones de salmonicultura que sea abandonados por efecto de este canje territorial.A su vez, las concesiones acuícolas que sean relocalizadas, perderán su condición de indefinidas, ya que pasarán a tener un plazo de 25 años, el que por cierto, podrá ser renovado de manera sucesiva.

Expansión salmonera y la destrucción de los bancos naturales de recursos hidrobiológicos y los caladeros de pesca

La exponencial expansión del monocultivos industrial de salmónidos en la costa expuesta y aguas interiores de la región de Los Lagos entre 1990 y el 2007 , significó entre otros impactos ambientales y sociales, la destrucción masiva de valiosos bancos naturales de moluscos, crustáceos y algas, como producto de los activos procesos de contaminación química y orgánica. A ello se sumaron la ocupación de las áreas de pesca ( caladeros) de las comunidades costeras tradicionales.

Previendo que el canje de centros de salmonicultura intensiva hacia nuevas áreas costeras y zonas de mayor profundidad constituye una amenaza para los valiosos caladeros de merluza austral ( Merluccius australis) y congrio dorado(Genypterus blacodes), los pescadores artesanales junto al senador Rabindranath Quinteros, en resistencia a la figura de la ¨discusión inmediata¨, la cual no permitió la participación informada de otros sectores productivos y sociales en la discusión parlamentaria, lograron presionar a la Comisión de Pesca y Acuicultura del senado para que tuviera que acordar con el ejecutivo, que las empresas deberán obtener un informe técnico por parte de la Subpesca, donde se señale que en las nuevas áreas solicitadas para el canje de concesiones, no existen caladeros de pesca ni bancos naturales de recursos hidrobiológicos.

Frente a esto, la patronal SalmónChile a través de su presidente, el ex subsecretario de pesca Felipe Sandoval (PDC), inmediatamente advirtió a la Subpesca que a pesar de la nueva normativa, ya existirían situaciones acordadas de antemano entre los regulados del sistema, que se relacionaban con los caladeros de pesca artesanal en las regiones de Aysén y Magallanes, mientras que en la región de Los Lagos, dos comunas ya “habrían negociado y  resuelto el tema de los caladeros de la pesca artesanal ”  (4) .

Hasta la promulgación de esta normativa, los caladeros artesanales  no gozaban de protección legal alguna, evidencia la posición pro- industria que ha imperado durante los últimos 25 años tanto en el parlamento como en la administración pesquera del Estado. Sin embargo, a pesar de constituir esta medida un paso en la dirección correcta, no hay que olvidar que los caladeros artesanales continuarán desprotegidos en las Áreas Aptas para la Acuicultura (AAA) que sean anteriores a este nuevo cuerpo legal.

Cuidando el negocio al sector financiero y de las grandes empresas

El texto legislativo como es habitual, fue elaborado cuidando prioritariamente los intereses del sector financiero acreedor y del pequeño grupo de mega-empresas que controlan mayoritariamente las concesiones de acuicultura en Chile. En el se indica que la concesión de acuicultura de reemplazo, quedará sometida al mismo régimen que la concesión original, y que por el sólo ministerio de la ley, la hipoteca que grave una concesión salmonera se extenderá a aquélla que la reemplace, conservando la fecha de constitución de la hipoteca sobre la concesión original.

A su vez, el titular de 2 o más concesiones de acuicultura tendrá el derecho a fusionarlas, dividirlas para fusionar una o más de sus fracciones a otras concesiones de su misma titularidad. Cada una de las fracciones que resulten de una división, podrá ser objeto de relocalización, requiriéndose para ello de la autorización del acreedor hipotecario.

En forma complementaria, el cuerpo legal amplió en cinco años la exención del aumento de la patente para aquellos titulares de concesiones destinadas al cultivo de peces que soliciten relocalizarlas, y que se  encuentren ubicados dentro de las franjas de distancia obligatoria entre las macro zonas establecidas por la Subpesca.

Para la región de Magallanes y Antártica chilena, se establecen reglas especiales para las operaciones de la industria salmonera, ya que en ella se podrá continuar recibiendo nuevas solicitudes para concesiones. Esto posibilitará la entrega de un total de 200 concesiones durante este año, lo que respaldará el proceso que busca triplicar la producción regional destinada a la exportación, desde las 33.000 tons (2012) a mas de 100.000 tons anuales a partir del 2016.

Derecho de acceso a la información, acaparamiento del borde costero y el subsidio de los contribuyentes chilenos

El trasfondo del canje de concesiones salmoneras de alto riesgo sanitario y comercial, es el de la histórica entrega de subsidios directos e indirectos por parte del Estado.Por ello, se continuará facilitando a esta billonaria industria exportadora de marcada presencia transnacional, la transferencia de sus costos ambientales y sanitarios a los ecosistemas y la biodiversidad acuática local y regional, la salud pública y los derechos de los ciudadanos, trabajadores, pueblos originarios y comunidades costeras.

Por ello es funcional la ausencia de una participación informada de los pescadores artesanales, el turismo local, las comunidades costeras y pueblos originarios en esta nueva fase de expansión de los monocultivos industriales de salmónidos hacia las regiones del Bio-Bio, Araucanía, Los Rios, Aysén y Magallanes, con lo cual se impide que esta iniciativas sean discutidas de manera precautoria, pública y responsable.

A lo anterior se unen otros dos preocupantes aspectos : El silencioso y poco transparente proceso de acaparamiento corporativo del territorio costero y expropiación de bienes nacionales, junto al subsidio que entregan los contribuyentes chilenos.

En la actualidad, no mas del 35 por ciento del total de concesiones salmoneras otorgadas por el Estado se utilizan productivamente. Es sorprendente comprobar que las 755.000 tons de salmónidos producidas el 2013, se obtuvieron empleando un tercio de las concesiones entregadas para tal fin.

Ello deja en evidencia los privilegios de exclusividad sobre bienes nacionales cada vez mas escasos , y por lo tanto comercialmente mas valiosos, que tiene un puñado de grandes empresas pesqueras y de acuicultura industrial, transnacionales y clanes familiares, por la vía de la solicitud y acaparamiento de concesiones, especialmente  en el mar interior de las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes.

Según un informe entregado a los inversionistas de Multiexport Foods, un 75% del total de 1.320 concesiones acuícolas destinadas a la salmonicultura industrial se encuentran bajo el control de 10 empresas. De ellas, 5 mega compañías concentran el 50 por ciento de las concesiones de salmonicultura. Ejemplifica esta situación el grupo creado entre la transnacional noruega Marine Harvest y AquaChile, el cual posee el 26% del total de las concesiones de salmonicultura otorgadas en el borde costero chileno (5).

Cuando el que paga es Moya

Lo paradojal de este proceso de ocupación territorial  del patrimonio costero de carácter transnacional y de clanes empresariales, que es promovido por el Estado, es que su financiamiento proviene de los contribuyentes chilenos. El anterior subsecretario de pesca Pablo Galilea (RN), lo confirmaba el 2013 al indicar que en dicho año se entregó por parte del Estado de  un financiamiento histórico de 5.673 millones de pesos” a través de 68 proyectos de investigación para la evaluación socioeconómica de  la salmonicultura y mitilicultura, ordenamiento territorial, oceanografía, ámbito sanitario y control de plagas, entre otros ítems (6).

 

Constituiría un ejercicio imprescindible de transparencia el que los ciudadanos pudiésemos conocer la cuantía total del billonario financiamiento utilizando recursos públicos que se han destinado directa e indirectamente, para subsidiar esta ineficiente y contaminante mega industria que exporta el 98 por ciento de su producción anual.

Importante es recordar el rescate financiero de esta industria entre el 2007 y 2009,- que inicialmente significó entre varias medidas, la entrega de 450 millones de dólares  con 70 por ciento de aval del Estado-, con el objetivo de paliar en las compañías, los impactos económicos de la mega crisis sanitaria, productiva y social provocada por la introducción del virus de la anemia infecciosa del salmón ( ISA, por sus siglas en inglés ) en aguas del archipiélago de Chiloé y la región de Aysén.

Esta crisis, consecuencia directa de las malas prácticas de la industria y la falta de control gubernamental, significó pérdidas por 5.000 millones de dólares, la eliminación de 26.000 puestos de trabajo regionales, especialmente mujeres, y la irreversible introducción de este patógeno en los ecosistemas marino-costeros del archipiélago de Chiloé y Aysén.

La Subpesca y la Comisión Nacional de Acuicultura secuestradas por los intereses corporativos

En octubre del 2013 la Comisión Nacional de Acuicultura (CNA) entregó  a la Subpesca la facultad de elaborar la propuesta de ordenamiento de los centros de cultivo que eran integrantes de una Agrupacion de Concesiones de Acuicultura.Esta comisión fue creada en 2012 como la mayor instancia de carácter consultivo en materias de regulaciones sanitarias y ambientales, modificaciones de la Ley General de Pesca y Acuicultura, uso del borde costero y otros aspectos normativos que afectan a la industria de cultivos marinos .

Está compuesta por representantes de la Asociación de la Industria del Salmón de Chile A.G. (SalmonChile),  la Asociación de Industriales Pesqueros y Cultivadores Marinos A.G. (Asipec), y la Asociación de Mitilicultores de Calbuco. En el proyecto de relocalizacion de concesiones acuícolas han participado junto a la Subpesca, la Asociación Gremial de Mitilicultores de Chiloé (Amichile), la Comisión Regional de Federaciones de Organizaciones Acuicultoras Algueras de la Región de Los Lagos,  la Asociación de Productores de Salmón Coho y Trucha A.G. (Acotruch ), y la Asociación de Productores de Abalones (APROA).

 

Como es evidente, en esta comisión nacional no existen representantes de la pesca artesanal, comunidades costeras, pueblos originarios y la ciudadanía organizada que han sido históricamente afectadas por los procesos de expansión territorial y productiva de los diversos monocultivos industriales destinados a la exportación.

 

En contraste con las superficies solicitadas, inversiones y producciones asociados a los monocultivos industriales de gran escala destinados a la exportación, se evidencia la falta de una voluntad política de los sucesivos gobiernos y del parlamento destinada a construir una Política Nacional de Acuicultura de carácter integral, que contemple los intereses de los productores de pequeña escala y las necesidades asociadas a la seguridad alimentaria del país.

 

Ejemplifica lo anterior el hecho que, a pesar de haber pasado 12 años del establecimiento de la política de acuicultura, y promulgado las leyes 20.434 del 2010, y la 20.657 del 2013, aún no se logra establecer un estatuto para la acuicultura de pequeña escala. Ello ha pesar de la existencia de 4.000 trabajadores directos y 1.500 eventuales  pertenecientes a 100 centros de acuacultivos menores a 6 has, de propiedad de pescadores artesanales dedicadas a la producción de pelillo, chorito, cholga, choro maltón, ostra chilena, ostra japonesa, trucha y camarón de río.

 

Esto contrasta con la urgencia con la cual se ha legislado en los temas de interés de las grandes empresas industriales exportadoras. Esperamos que se concrete el anuncio gubernamental de avance en el establecimiento de un estatuto para la acuicultura de pequeña escala durante el segundo semestre del presente año.

 

La Moratoria a nuevas concesiones salmoneras, o cuando las apariencias engañan 

 

Detrás del anuncio gubernamental de la prórroga por cinco años de la actual moratoria para nuevas solicitudes de concesiones salmoneras en las regiones de Los Lagos y Aysén, se intenta desde el punto de vista comunicacional dar la impresión que se estaría deteniendo temporalmente la expansión de estos monocultivos industriales por razones de protección del patrimonio sanitario en nuestros cuerpos de agua interiores  y del borde marino-costero.

Una mirada mas en detalle nos indica que la realidad es que el Estado continuará entregando concesiones a las grandes empresas e impulsando el actual proceso de expansión productiva, esta vez por la vía indirecta de la sustitución o canje de aquellas concesiones que presentan un alto riesgo sanitario o de poca rentabilidad comercial, las que representan casi la mitad de las concesiones que se habían entregado a esta industria exportadora.

La relocalización fuera del escrutinio y control público, junto a entrega de nuevas concesiones en las regiones de Bio-Bio, Araucanía, Los Ríos y Magallanes , serán los instrumento que el Estado tendrá en los próximos cinco años, para continuar impulsando el reordenamiento territorial y la expansión productiva, asociados a los procesos de concentración económica y transnacionalización de la mega acuicultura industrial en aguas chilenas.

El hecho que exista un 70 por ciento mas de concesiones salmoneras  que las necesarias en manos de 10 compañías , hace que este impedimento administrativo transitorio para la entrada de nuevos operadores, consolidará los intereses estratégicos de estas empresas. Especialmente en las prístinas aguas de la región de Magallanes y Antártica chilena, área estratégica para los intereses transnacionales, debido a sus potencialidades para implementar en el futuro, rápidos y masivos procesos de expansión al alero de una permisiva regulación gubernamental, unidas al acceso a pesquerías- krill- en aguas del océano austral, destinadas a suministrar fuentes de alimentación complementaria para salmónidos, lo que hace a esta región única a nivel mundial.

Magallanes : ¿Pan para hoy, hambre para mañana ?

A las anteriores ventajas, se suma el menor riesgo sanitario existente en aguas de la Patagonia chilena. Esto significaría menores costos de producción para las compañías beneficiadas. En la actualidad, la mortalidad promedio en los centros salmoneros en Magallanes es inferior al 10 por ciento, mientras que la mortalidad promedio a nivel nacional es del 16 por ciento.

Sin embargo este factor será temporal, tomando en consideración las tradicionales malas prácticas sanitarias y ambientales de la industria. A ellas se deberían sumar la continuidad geográfica entre las regiones salmoneras, la movilidad de los patógenos y el desarrollo de cepas mutágenas, y los procesos de resistencia bacteriana y a los antiparasitarios, entre otros.

Es probable que los intentos de las grandes compañías de hacer operativas sus “reservas” de concesiones acuícolas en las regiones contiguas,- como un medio de aumentar rápidamente sus producciones en escenarios de altos precios internacionales-, podría ser el factor desencadenante de una segunda mega crisis sanitaria, la que terminaría destruyendo el patrimonio sanitario de una de las mas vulnerables y prístinas regiones del planeta.

En octubre del 2013, una carta abierta de 29 comunidades Mapuches, Lafkenches, Williches y Kaweskar, junto a organizaciones ciudadanas, alertaron sobre el proceso de relocalización de las concesiones salmoneras por su opacidad, falta de participación informada y de consulta obligatoria a los pueblos originarios, tal como lo señala el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ratificado por el Estado chileno. .

Las organizaciones alertaron sobre la imposición en las regiones de Magallanes, Aysén, Bío-Bío, La Araucanía y Los Ríos, “del mismo modelo y malas prácticas que significaron la destrucción del patrimonio sanitario y ambiental  del archipiélago de Chiloé” (7).

Referencias

(1) Ley 20.434 en el archivo  Diario Oficial miércoles 7 de abril de 2015

(2) http://www.aqua.cl/2015/03/18/congreso-aprobo-ampliacion-de-plazo-de-cierre-para-otorgar-nuevas-concesiones-acuicolas/

(3).   http://www.aqua.cl/2015/04/06/salmones-antartica-dice-que-nueva-ley-n-20-434-menoscaba-su-potencial-productivo/

(4) http://www.aqua.cl/2015/03/18/congreso-aprobo-ampliacion-de-plazo-de-cierre-para-otorgar-nuevas-concesiones-acuicolas/

(5)  http://www.salmonexpert.cl/?page_id=147&article_id=111688

(6) http://www.subpesca.cl/prensa/601/w3-article-81495.html

(7) http://www.identidadlafkenche.cl/laf/wp-content/uploads/2013/11/declaracion-contra-relocalizacion-salmonera.pdf
http://www.ecoceanos.cl/index.php?option=com_content&task=view&id=12604