Fernando-Balcells copiaSi la gente fuera indiferente a los enriquecimientos ilícitos, si no pudiera manifestar su enojo, en su propia lengua enrabiada; si por necesidades procesales no fuera necesario que los jueces justificaran sus fallos, entonces la institución judicial, tal como la conocemos, sería superflua.

En estos tiempos, el enojo ciudadano apoyado en la voluntad de espectáculo de los medios son la mayor fuerza de control de la política y de la rectitud de los negocios.

 

Lo que se ha llamado la ‘crisis institucional’ es mucho más honda y más vieja que un par de boletas fuleras. Lo que ha estallado ahora es la repetición incesante de los abusos que no han parado de aparecer desde La Polar, el banco Estado, las farmacias, Almacenes Paris, los pollos, los chanchos, las navieras, los buses, el Transantiago, las Isapres y los servicios básicos (62% de aumento de mi cuenta de la luz). La desidia ante los incendios, la escases de agua y el robo hormiga a los bolsillos de la gente es demasiado larga detallar y pareciera que no tiene que ver con lo que nos ocupa hoy. Permítanme adelantarme; tiene todo que ver. Las boletas, Penta, Caval y los aludes son los reveladores del menosprecio a la gente que caracteriza nuestro modelo.

Gracias al barro que nos viene de todos lados estamos aprendiendo saludablemente a desconfiar de las instituciones, las autoridades y las elites. Estamos esperando coherencia y consistencia entre lo que se dice y lo que se hace. Esperamos que esta consistencia dure en el tiempo y que nos entrenemos para vigilarla. Esperamos que la vergüenza permanezca abierta y para hacerlo nos ocuparemos directamente.

El caso Caval es ejemplar de los hábitos despreocupados de nuestra ‘elite’. Aparentemente, lo único que hay ahí es el uso de la imagen más que de una posición privilegiada. En la imaginación de los corruptos, los que tienen cercanía con la autoridad tienen el poder de usar y abusar de las prerrogativas de esa autoridad. Los antecedentes aparecidos en estos días dan cuenta de la forma en que se cierra el negocio; ‘yo te doy el crédito que me pides y tu me ayudas con un problema que tengo en Paine’.

No está de más decir que ninguno de los participantes en estos negocios es un ingenuo. El comprador de los terrenos de Machalí apostó a la influencia indebida de Dávalos (y Caval, a lo menos, favoreció este equívoco). De modo que el alegato del comprador de haber sido estafado supone que se olvide que él compró una influencia para producir un ilícito. Es como si un receptador de especies robadas se quejara de que le vendieron una imitación y no el Rolex original.

El reciente Acuerdo de los Políticos dice respetar a todas las instituciones. Reconoce una responsabilidad compartida, pero no nos dice en qué; no describen ni faltas ni delitos. Asume la indignación de la ciudadanía, pero no dice como se asume. Dice que se dejan interpelar pero no dicen por quien ni en que lugar. Hablan de hacer un mea culpa pero ni se confiesan ni hacen penitencia.

“Necesitamos que la ciudadanía sea consultada, que tenga capacidad de iniciativa, que participe con voz fuerte y propia en las instituciones públicas.”

Es un buen acuerdo pero ampliamente insuficiente. No solo porque deja tantas cosas en el aire como las que aborda. Además, porque pone en uso el lenguaje y los mecanismos que están en la caja de herramientas de las trampas que enfrentamos. Se supone que hablan de algo que ‘es sabido’ y que aluden a consecuencias que entendemos. Reproducen el lenguaje de entendimientos tácitos y de elusiones convenidas que están en la base de los delitos que hemos estado conociendo en este tiempo.

Los políticos no saben lo que hacen cuando hablan. No saben hasta qué punto son prisioneros de su dialecto. El lenguaje de su Acuerdo reproduce los problemas porque tiene dos carencias importantes. Primero, no caracteriza ni le da forma a los problemas y los deja en un limbo en el que todo, incluidas nuevas trampas y el olvido son posibles. Segundo, a pesar de que la nombra, la ciudadanía está por completo ausente de esta declaración. Si la mención fuera sincera, diría en qué forma operativa la ciudadanía puede fiscalizar y hacer efectiva la responsabilidad de los delincuentes y de los frescos.

Necesitamos organización ciudadana para rediseñar las instituciones con una perspectiva puesta en las vidas de las personas y no en la razón económica o en la razón de Estado. Sería milagroso si la comisión Engel entendiera que para la fiscalización de las instituciones no bastan otras instituciones y que, para que los controles sean eficientes, legítimos y permanentes, se requiere que mecanismos de fiscalización sumen a los ciudadanos organizados y autónomos -no en ‘instancias de participación’-.

Necesitamos que la ciudadanía sea consultada, que tenga capacidad de iniciativa, que participe con voz fuerte y propia en las instituciones públicas. Necesitamos que la ley de transparencia se extienda a los privados y que se pueda revocar a las autoridades que cometen faltas graves.

 

Ciudadanía soberana

Lo que está en juego en la crisis que no terminamos de entrever es la postergada definición del soberano. Esto es el problema ‘técnico’ pendiente de la transición. Debemos definir ante quién responden las instituciones y construir los mecanismos para hacer efectiva esa responsabilidad. Lo que se juega aquí es la coherencia entre la institucionalidad, la economía, el desarrollo de la sociedad y de las personas. Al revés de la dictadura, la sociedad que queremos necesita a la gente. Entre el pueblo ausente y el populismo con que se busca asustarnos hay una franja amplia para una recuperación de los equilibrios democráticos que no tiene por que ser traumática pero sí tiene que ser transparente.

Debemos tener claro que la ciudadanía está aquí para quedarse y que la confianza acrítica, la indiferencia y la impotencia ciudadana producen esa mezcla maloliente de inocencia e impunidad que se respira no solo en Atacama.